¿Plan anticrisis o plan de negocios privados?
La crisis de la economía capitalista mundial (¿coyuntural, terminal? ¿Quién sabe?) ha tomado mal parados a la mayoría de los políticos el mundo, acostumbrados como estaban a cantar loas a la economía de mercado, la desregulación y la plena libertad para la inversión privada. Ahora resulta que hasta políticos formados en el credo del mercado, como Felipe Calderón, han mudado su discurso para declarar la necesidad de poner controles a la inversión especulativa y restaurar las funciones del Estado como regulador de la mano invisible del capitalismo.
Al igual que la crisis mundial aterrizará en Jalisco, también la mutación del discurso de los políticos está aterrizando en la entidad. Emilio González ha cambiado su discurso y en lugar del discurso que privilegiaba la participación privada en la economía, ahora maneja un lenguaje keynesiano y sostiene que la participación de la inversión pública (es decir, dinero de los contribuyentes) es esencial para disminuir los efectos de la crisis económica en esta región.
Para buscar dar credibilidad a sus palabras tanto Calderón como Emilio González presentaron proyectos preventivos en contra de la crisis. Calderón ha presumido un programa de inversión en obra pública, en tanto el gobernador de Jalisco sostiene que el próximo año se batirá el récord de inversión del gobierno: 20 mil millones de pesos.
Pero en realidad tanto Calderón como Emilio González siguen teniendo como norte facilitar los negocios privados mediante la inversión pública, sin que eso signifique, por supuesto, un plan económico que realmente ayude a los grupos más desprotegidos del país y del estado.
Pongamos por caso el programa de agua potable y saneamiento del país. Según documentos del gobierno de Calderón, se necesitan unos 154 mil millones de pesos en el sexenio, de los cuales 42 por ciento lo pondría el gobierno federal, lo que significan unos 65 mil millones de pesos. Otro tanto deberían poner los gobiernos estatales o municipales, como es el caso de de la construcción de las plantas de tratamiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Y toda esta inversión pública se va a poner a disposición de empresas privadas que ganarán las licitaciones de construcción y operación de dichas plantas. Los contratos serán hasta por 20 o 30 años de operación, lo cual les garantiza un flujo seguro de beneficios. Se trata de un negocio de más de 130 mil millones de pesos, por lo menos, en las próximas décadas. ¿A quien se otorgarán esos contratos? Fuentes del propio gobierno afirman que hay intermediarios entre los contratistas y los gobiernos que son cercanos al actual grupo gobernante.
En Jalisco estamos en un escenario semejante. En el presente sexenio se están emprendiendo varios proyectos que requieren unos 50 mil mdp de inversión, entre ellos los Juegos Panamericanos, las proyectos de movilidad, de infraestructura vial, el de saneamiento de aguas, y la construcción de presas.
Pocas veces había una masa de capital tan grande como esta (recuérdese que es dinero de los contribuyentes) que se va a invertir en un periodo tan corto de tiempo. Además de financiar obras de infraestructura, probablemente 5 por ciento se irá en subsidios directos a la iniciativa privada. ¿Se justifica este traspaso de capital público para hacer negocios privados?
El argumento del gobierno es que sin esa inversión se pondría en riesgo el mantenimiento de los empleos, o que sin algunas obras públicas no se resolverían graves problemas que hay en la entidad. Está, por ejemplo, el tema del transporte. ¿Quién duda de la necesidad de un proyecto de movilidad distinto al que ha venido operando en las últimas décadas? Nadie. Por eso es tan atractivo el Macrobús, pero resulta que el gobierno le va a regalar 600 millones de pesos (en infraestructura para la operación de este sistema) al mismo grupo de empresarios que ha sido responsable de la mala operación del sistema de transporte y que ahora recibe esta inversión a fondo perdido. Macrobús será una empresa privada que, por supuesto, obtendrá beneficios para sus accionistas. ¿Por qué a cambio de la inversión en infraestructura el gobierno no pidió un porcentaje en esa empresa? Misterio. Las ganancias podrían servir para financiar más proyectos de transporte, en todo caso. El resto de la ampliación del Macrobús se harán mediante los contratos de prestación de servicios, una inversión privada que los contribuyentes pagaremos a largo plazo como una renta de nunca acabar. De modo que el cambio de discurso es solamente eso. No es un plan anticrisis, sino un plan de negocios privados.
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