Crímenes a la alza
Algo está fallando gravemente en materia de seguridad pública y de procuración de justicias en la entidad
Decir como lo dijo el secretario de Seguridad Pública Estatal, Fausto Destenave Kuri, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado y a propósito del Tercer Informe de Gobierno del gobernador Humberto Moreira Valdés, que hoy por hoy el tema de la seguridad pública “es el que más más preocupa a la gente, no solamente en Coahuila, sino del país entero”, es decir ciertamente una obviedad, sin embargo habría que preguntarse qué acciones han tomado al respecto las autoridades encargadas o supuestamente encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y el combate a la delincuencia.
Para vender la idea a la opinión pública y al ciudadano común que algo se está haciendo en materia de seguridad, las autoridades de los tres niveles de gobierno hablan constantemente de las inversiones que se han hecho o se piensan hacer para la compra de más patrullas, más equipos de intercomunicación, y la adquisición de más y mejor armamento, como si con ello hubiese en automático más y mejor seguridad pública y cuando los hechos demuestran que pese a las inversiones multimillonarias los índices de inseguridad y violencia se han disparado a niveles sin precedentes.
Pero además, y esto echa por tierra buena parte del discurso oficial, que ha habido una manifiesta indolencia para tratar de recuperar los márgenes de seguridad que se tenían y para combatir realmente a la delincuencia -organizada y no organizada-.
Los datos que se tienen sobre el número de homicidios cometidos en Torreón en lo que va del año no dejan lugar a dudas. El año 2008 ha sido el más violento de que se tenga registro:
de acuerdo a la Procuraduría de Justicia del Estado, en lo que va del año se han cometido 90 asesinatos en el municipio, cuando en 2007 se cometieron 37, lo que significa un crecimiento de !143 por ciento!.
Cabe señalar que 49 de esos 90 crímenes -o sea el 54 por ciento-se han atribuído a la delincuencia organizada, y 41 a la no organizada o sea que formalmente corresponden al fuero común o sea al Ministerio Público de la propia Procuraduría.
Este rubro también ha tenido un crecimiento exponencial pues el año pasado se registraron 26 asesinatos, lo que implica que en lo que va de 2008 han tenido un incremento de 57 por ciento.
Pero si ya es de suyo grave el crecimiento de la violencia en su expresión más extrema, más lo es el hecho de que la inmensa mayoría de esos homicidios sigan en la más absoluta impunidad, pues ello provoca la repetición del hecho delictivo pues finalmente queda sin castigo.
Apenas en 15 de los 90 asesinatos se han detenido a sospechosos o probables responsables, y del resto nadie se ocupa pues -sorprendentemente- la Procuraduría de Justicia ha reducido el número de agentes investigadores no obstante que los crímenes se han disparado.
Las cuatro agencias del MP de homicidios apenas cuentan con un agente cada una de ellas, lo que evidentemente deja en claro que para Jesús Torres Charles los homicidios no son un asunto de interés público.
Es decir, los hechos contradicen rotundamente a los encargados de la seguridad en el Estado.
Se han invertido, no dudamos, decenas de millones de pesos para mejorar los niveles de seguridad pública en la entidad y tener una policía -preventiva o ministerial- más eficiente y un Ministerio Público mejor capacitado, sin embargo los hechos demuestran que la inseguridad nunca había sido tan grave ni tan impune el accionar de la delincuencia -organizada y no organizada-.
Algo está fallando gravemente en materia de seguridad pública y de procuración de justicias en la entidad, y apenas puede creerse la manifiesta indolencia con que la Procuraduría ha manejado el desmedido aumento de la violencia extrema en la ciudad, para no hablar de la que ocurre en el resto del Estado.
Decir que Coahuila no padece los niveles de violencia que se presenten en estados vecinos como Chihuahua, Durango y Nuevo León es el argumento más socorrido por los funcionarios de seguridad para ocultar su incompetencia, pues esa -por fortuna- baja productividad delictiva no ha sido como resultado de su eficacia como servidores públicos.
Por lo demás, es inadmisible que ante el creciente número de homicidios la Procuraduría haya reducido en vez de aumentar los agentes investigadores, pues con ello ha favorecido la impunidad y por ende la repetición de los hechos delictivos pues es un hecho de que aquí el crimen no paga.
