Ni dentro ni fuera, sino todo lo contario
El reconocimiento al triunfo electoral de Jesús Ortega por parte del Tribunal Federal Electoral destruyó de un plumazo el ambiente de aparente calma que existía en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La decisión pone de manifiesto inestabilidad en la difícil correlación interna de fuerzas y obliga a todos sus dirigentes a redefinir sus posiciones con el fin de lograr, cada quien, sus objetivos particulares.
Hablo de objetivos particulares porque al no haber una institución partidaria no se puede hablar tampoco de objetivos del partido. Todos sabemos de sobra que la suma de intereses individuales no conduce necesariamente a un objetivo común.
Por lo pronto, Alejandro Encinas ha decidido no aceptar la Secretaría General que por mandato estatutario le corresponde. Después de una supuesta consulta a las bases, ha decidido conformar un “movimiento” que no puede ser distinto al que ya encabeza Andrés Manuel López. Y no puede serlo, porque detrás de Encinas no hay ninguna fuerza propia.
La decisión de Encinas se produce a pesar de que Hortensia Aragón, su compañera de fórmula, decidió, ella sí, aceptar la Secretaría General del partido.
Será el próximo 23 de noviembre cuando tengamos un panorama más claro de lo que hará este grupo, ya que en esta fecha se conmemora el tercer aniversario de la conformación del gobierno legítimo y su presidente ha convocado a una marcha hacia el hemiciclo a Juárez, en la ciudad de México.
En este acto, que seguramente será el último del año que encabece Andrés Manuel, se emplazará al grupo de los Chuchos a aceptar las condiciones que se busca imponerles, amenazándolos con salir del partido y hacerles la vida imposible.
De ser aceptadas sus condiciones por la nueva dirección que presida Jesús Ortega, estas corrientes podrían participar de mejor manera en las actividades partidarias y reducir su beligerancia, sin que esto implique necesariamente que dejarían de jugar, por fuera, con el Partido del Trabajo y Convergencia.
El objetivo inmediato de los grupos disidentes es aumentar su presencia en los órganos nacionales, como condición indispensable para incrementar sus posibilidades de acceder a las candidaturas que se disputarán en las elecciones federales el próximo año.
Todos los grupos del PRD, aunque se digan radicales, sociales y antigubernamentales, en realidad buscan acceder por la vía electoral a posiciones de poder. Se equivocan —afortunadamente— todos los analistas que aseguran que los René Bejarano, que los Dolores Padierna, que tal o cual grupo está contra las instituciones. Al contrario, Bejarano regresa a encabezar su movimiento no porque se quiera ir a la guerrilla, sino porque quiere ser diputado o delegado en el Distrito Federal.
El próximo día 29 de noviembre se integrarán todos los órganos de la extensa burocracia partidaria. Será electo el Comité Político Nacional, el secretariado y la directiva del Consejo Nacional y sus integrantes honorarios; se constituirán los órganos técnicos, como son la Comisión de Garantías, el Comité Técnico Electoral, la Comisión de Afiliación, el Comité de Fiscalización y posiblemente la comisión que investigará las irregularidades en el pasado proceso electoral. Aunque las reglas de integración han sido ya pactadas con el acuerdo de Encinas y el visto bueno de AMLO, hay un terrible jaloneo para quitarle margen de maniobra a la nueva dirección.
La distribución de puestos de acuerdo con la votación debiese ser de 70 por ciento a los ganadores contra 30 por ciento de la coalición que apoyó a Encinas. Sin embargo, se pactó un 60 por ciento para Nueva Izquierda y la Agrupación Democrática Nacional frente al 40 por ciento para los grupos que apoyaron a Encinas: Izquierda Democrática Nacional de Bejarano; Izquierda Social de Martí Batres; Unir de Armando Quintero; los grupos ligados a Marcelo Ebrard; los grupos sueltos que apoyan a López Obrador; los amigos de Encinas, y los denominados cívicos de Mario Saucedo. Son tantos los grupos integrantes de esta última coalición que buscan a como dé lugar obtener 50 por ciento de las posiciones.
Lo paradójico del asunto es que fraccionar el poder partidario sería estabilizador sólo en el plazo muy corto y desestabilizador a futuro. Y de cualquier manera no garantiza que estos grupos dejen sus intenciones de competir por fuera del PRD, apoyándose en la necesidad que tiene el PT y Convergencia de votos para mantener su registro legal, ahora que en las colisiones electorales los votos se contabilizarán partido por partido.
Jesús Ortega enfrenta una terrible campaña de descalificación. De no ceder es probable que deberá pagar el costo de la división y, posiblemente, de la desaparición del PRD. De ceder poco, no contentaría a sus adversarios. De ceder todo, estaría abdicando de facto de la presidencia.
Duro dilema cuando el escenario electoral sólo favorece al PRI como oposición y al PAN como gobierno.
