Accidente criminal
La muerte de Mouriño se produce en un momento en que muchos consideraban como inminente su salida de Gobernación.
La muerte del Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, y del extitular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, al precipitarse a tierra un avión de la propia Secretaría procedente de San Luis Potosí, a donde habían acudido a la firma del Acuerdo Estatal por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, es sin duda el golpe moral y político más contundente que hasta ahora haya recibido el presidente Felipe Calderón.
Al tratarse de un accidente o de un supuesto accidente se producirán toda clase de interpretaciones y especulaciones, y hasta que no se den a conocer las causas oficiales del accidente y la grabación de la caja negra no se podrán saber con precisión qué fue lo que ocurrió en la aeronave.
No se puede descartar la posibilidad de un atentado, e incluso proveniente de la delincuencia organizada.
La muerte de Mouriño se produce en un momento en que muchos consideraban como inminente su salida de Gobernación, ya que los continuos escándalos en que se vio involucrado terminaron por hacerlo un funcionario indeseable, pero que además contaba con el repudio expreso de los legisladores del Frente Amplio Progresista por los negocios que hizo con Pemex al amparo del poder y con la clara complacencia -por no decir complicidad- de su jefe Felipe Calderón.
Calderón no sólo se equivocó rotundamente al designarlo para un cargo de tal relevancia, que exigía un perfil que evidentemente no tenía Mouriño, sino también al mantenerlo en el cargo contra viento y marea pese al enorme lastre que representaba su permanencia en el gobierno federal.
Su presunta habilidad política, tan ponderada por los voceros oficiales y oficiosos, no pudo ser demostrada en los hechos pues la oposición lo desconoció como un interlocutor válido.
Sus negocios en Pemex le impidieron cumplir con el papel que se suponía debía asumir en el marco de la Reforma Energética, lo que contribuyó a que la propuesta inicial de Calderón de abrir Pemex al capital nacional y extranjero en áreas de refinación, exploración y conducción terminara en un rotundo fracaso.
Un testigo del accidente declaró anoche en televisión que había escuchado estallar el avión en el aire, lo que de confirmarse corroboraría que lo ocurrido habría sido obra del crimen organizado.
Se trataría entonces no de un accidente, sino de la respuesta de la delincuencia a las acciones del gobierno federal contra ella.
Y el hecho hablaría no sólo de una escalada de violencia sin precedentes, sino del poder de las organizaciones criminales para golpear al gobierno calderonista donde más le dolería.
Diversos analistas en asuntos de seguridad nacional y de seguridad pública ya lo habían adelantado: la estrategia seguida por el gobierno federal en la lucha contra la delincuencia organizada no sólo ha provocado miles de muertos, sino una escalada de violencia que raya ya en el terrorismo.
De hecho, el atentado aéreo puede considerarse con toda propiedad como un acto típicamente terrorista.
Los autores materiales e intelectuales podrían encontrarse no sólo en los diversos cárteles de la droga, sino también entre los infiltrados de las mafias en el gobierno federal.
El descubrimiento de espías del narco en altos puestos de la SIEDO, la AFI y la PGR ha puesto en evidencia no sólo la profunda corrupción existente en estas dependencias, las cuales en lo fundamental siguen sin ser saneadas y ello implica que´en buena medida siguen bajo el control del narco o -más precisamente- de algún cártel en particular, sino la capacidad de infiltración de las mafias a los más altos niveles de los cuerpos de seguridad y de la PGR.
Estamos pues ante una guerra sin cuartel, en la que la delincuencia organizada se ha visto con una capacidad de infiltración y de respuesta al gobierno sin precedentes, capaz de organizar actos terroristas contra la población civil como en Morelia, pero también contra los principales funcionarios del gobierno calderonista.
Si los grupos criminales pudieron matar a Mouriño y Santiago Vasconcelos, pueden matar entonces a cualquiera y en cualquier momento en el país.
Y esto mismo debiera obligar a todos los partidos políticos, y a todos los gobiernos estatales y municipales, lo mismo que a los sectores productivos a suscribir un Gran Pacto Nacional contra la Delincuencia y en Favor de la Seguridad, pues ahora sí la guerra es total y así debe ser también la respuesta de los gobiernos y de la sociedad civil, de unidad total contra el crimen organizado.
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