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Domingo , 22.07.2018 / 14:01 Hoy

Una apertura energética sin corrupción

El reto es conducirse con integridad para evitar la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Hidrocarburos establecen los lineamientos y los protocolos necesarios.

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Dino Rozenberg

El 18 de julio pasado el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluyendo la llamada 3de3. Dijo que está “convencido que en unos años recordaremos este día como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el estado de derecho”.

Como simbólica coincidencia, al día siguiente, el 19 de julio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía (SE), en voz de Pedro Joaquín Coldwell, anunciaron la primera convocatoria para la Ronda 2 en la que se subastarán 15 campos petroleros. Cada bloque requiere una inversión de 750 millones de dólares (mdd), por lo que en caso de adjudicarse la totalidad, en los próximos cuatro a cinco años se colocarán 11,250 mdd.

Tanto dinero -y todo el que se invertirá en otros proyectos del sector- se puede convertir en una tentación irresistible para empresarios y funcionarios desleales en busca de una ventaja, y de ahí la importancia de que ambas noticias coincidieran en el tiempo.

La apertura del sector energético será una prueba de fuego para las nuevas agencias reguladoras y de gestión. Tendrán que mostrar que es posible administrar los recursos y negociar con los particulares de una manera pulcra y transparente, apartándose de la acostumbrada práctica basada en preferencias, opacidad y corrupción.

Ética y buenas costumbres

El combate a la corrupción y el establecimiento de un modelo de ética corporativa es un reto por los recursos que se ponen en juego y el tamaño y trayectoria de los participantes, sean empresas mexicanas o internacionales. Todos deberán conducirse de una manera diferente, porque ya no habrá espacio para regalos costosos, repartir comisiones o negociar ventajas en el discreto resguardo de los restaurantes de lujo.

Esta es la esperanza que describió Héctor Alberto Acosta Félix, comisionado de la CNH, durante el foro “Ética corporativa en el sector energético: medidas de cumplimiento y combate a la corrupción”, que organizó la American Chamber en Ciudad de México (AMCHAM).

“En nuestro Código de Conducta definimos la corrupción como el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad, con el propósito de derivar un beneficio personal o para terceros. Es el enfoque fundamental, pues la corrupción tiene que ver con el quebrantamiento del principio de imparcialidad”, dijo.

El comisionado describió la impunidad como el mejor y más atractivo incentivo para inducir al delito. “La tarea del gobierno es hacer que cada vez sea más difícil y complicado cometer un acto de corrupción, y que los riesgos para el servidor público o el particular sean mayores que los beneficios que puedan obtener. Cuando los riesgos son pocos la impunidad se convierte en un incentivo”, dijo.

Acosta Félix añadió que por eso se requieren tres herramientas: una ley que defina las situaciones y conductas que constituyen un acto de corrupción; una autoridad que tenga la capacidad de investigar esas conductas, y una autoridad con el poder de emitir resoluciones jurídicamente sólidas.


Las empresas también deben ser derechas

La responsabilidad comienza a ser mejor entendida por las empresas, que la incluyen en su gestión de riesgos y la están combatiendo aunque signifique una desventaja comercial o pérdida aparente de competitividad. De hecho, una reciente encuesta de la American Chamber revela que 50% de los empresarios considera la corrupción como la principal amenaza para su negocio.

“La corrupción es un riesgo para las empresas y debe ser considerado desde la alta dirección como un tema estratégico. Tiene que estar bien definido, y sus consecuencias comprendidas y calculadas para impedir que pongan en peligro el futuro del negocio”, dice Enrique Ortiz Casillas, director de Cumplimiento de Fermaca, una empresa mexicana dedicada a la construcción y administración de gasoductos.

Fermaca es un ejemplo de los nuevos tiempos. En marzo pasado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un contrato con esta empresa por 370 millones de dólares para construir, operar y mantener un gasoducto que cruza Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

“Una empresa no puede estar desprotegida y esperar a que un día la alcancen una grabación ilegal; la colusión de funcionarios, o sobornos que le causen un daño patrimonial y de reputación irreparable”, añade Ortiz.

Advierte que cuando las empresas consienten (aun de manera implícita) utilizar estrategias ilegales para conseguir ventajas, la actitud descuidada puede permear hacia toda la organización.

“Si el mensaje no lo manda el director general, y no define con claridad una política anticorrupción, va a ser difícil que el resto de la gente lo asimile y lo cumpla”, dice Ortiz, quien es también exsecretario del Comité de Ética y Responsabilidad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), y asegura que las empresas leales pueden ser igualmente competitivas y maximizar sus resultados.

En esto coincide Alejandro Ríos Rippa, presidente del Grupo de Ética Corporativa y Anticorrupción de la American Chamber México, cuando asegura que combatir la corrupción es una forma de disipar los riesgos patrimoniales, de la reputación e incluso penales.

“Toda la organización tiene que tener claros estos conceptos y los empleados, incluso algunos proveedores y prestadores de servicios, deben ser capacitados para conocer en detalle las conductas que pueden identificarse, como corrupción, y que no son aceptables”, dice Ríos Rippa, quien además es director de Ética Corporativa de la petrolera Ienova. Esta empresa, en asociación con TransCanada, ganó un contrato por 2,100 mdd con CFE para un gasoducto que irá de Texas, EU a Tuxpan.

Tanto Ríos como Ortiz aseguran que en Ienova y Fermaca se realiza una constante capacitación de los trabajadores; se han diseñado y publicado manuales de buenas prácticas éticas, y se comparten las normas legales aplicables a las negociaciones con el sector público. “Esto a través de entrenamientos generales y focalizados, presenciales y en línea, para que todos entiendan que, aunque sea de buena fe, si toman parte en actos de corrupción no solo afectarán a la empresa sino a las personas que intervengan”, dice Ortiz.

Blindaje contra la corrupción

Durante el foro de American Chamber México, el comisionado Acosta Félix fue muy explícito al describir el blindaje que la ley ha construido para evitar que los funcionarios del sector caigan en la tentación, y que también ha puesto freno a las empresas desleales.


Desde 2014, por ejemplo, se decidió que los integrantes de la CNH presentarán una declaración de intereses. La CNH también publicó un código de conducta inspirado en documentos de las Naciones Unidas, y que desglosa los delitos ya existentes y otras conductas vedadas a los funcionarios y participantes de licitaciones y contratos.

La Ley de Hidrocarburos y otros ordenamientos establecen que no podrán hacer ni recibir regalos, aceptar invitaciones a comidas, viajes o entretenimientos, y en general cualquier intercambio o encuentro que no esté autorizado. Y si se trata de sostener juntas de trabajo, solo podrán realizarse en las instalaciones de la Comisión, en presencia de, al menos, dos comisionados. La reunión será grabada y concluirá con una minuta que se publicará en la página de internet.

¿Serán suficientes estas medidas para depurar el sector energético y dar un ejemplo al resto de la administración pública? El comisionado reconoce que probablemente subsista un grupo de personas que sin importar las consecuencias buscarán obtener una ventaja indebida.

“Aun con las normas claras y las sanciones severas, su mente está dirigida a obtener un beneficio personal. Pero el grueso de las personas y las empresas ya están listas para evaluar la situación y decidir no asumir los riesgos y las consecuencias", afirma.

“Es el mensaje que hay que compartir: cuando los riesgos se incrementan, los actos de corrupción tendrán que disminuir”, dice Ríos Rippa, de Ienova, y agrega que con instituciones nuevas y una industria que estrena muchos de sus participantes, podría esperarse que la apertura resulte ejemplar en el combate a la corrupción.

“Es un sector que requiere mucha inversión extranjera y participación de empresas locales, y no se puede ocultar el peligro de los actos de corrupción. El sector energético tiene oportunidad de marcar la pauta y cumplir con la legislación. Debemos ser ejemplares y servir de modelo para otros agentes del desarrollo económico de México” dice Rippa.


Foro Milenio de Nuevos Horizontes Energéticos: Asiste el próximo 16 de agosto a este foro, en el que participarán Constantino Castillo, presidente del Cluster Internacional de Energía Tamaulipas Texas, y Héctor Olea, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltáica y de Gauss Energía. Más información aquí.

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