S&P advierte riesgos por iniciativa sobre disciplina financiera

De no establecerse adecuadamente los límites de deuda de corto plazo y su destino, podrían seguirse presentando casos de incumplimiento de pago entre estados y municipios, señalan los analistas.

Monterrey

Las medidas como alerta para detectar oportunamente riesgos potenciales financieros en estados y municipios, así como la generación de balances presupuestarios sostenibles que son parte de la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, fue calificada como positiva, ya que permitirá fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno.

Dicha iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión el pasado lunes 17 de agosto por parte del Ejecutivo federal.

Sin embargo, analistas de Standard and Poor’s advirtieron de un alto riesgo en el proceso de contratación de deuda de corto plazo.

Para S&P, la iniciativa escasamente hace mención a las obligaciones por pensiones que actualmente presionan las finanzas de diversos estados y municipios y que requiere de una definición clara sobre los parámetros y tiempos de los planes de ajuste fiscal.

De ahí que la implementación adecuada mejoraría sustancialmente la transparencia respecto al total de las obligaciones financieras de las entidades y, potencialmente, contribuiría a mejorar la planeación y la calidad de las obras públicas en los próximos años, consideraron los especialistas.

“Consideramos que, de no establecerse adecuadamente los límites de deuda de corto plazo y su destino, podrían seguirse presentando casos de incumplimiento de pago entre estados y municipios”.

De acuerdo con analistas la iniciativa por un lado establece las bases para un desempeño ordenado de las finanzas públicas de estados y municipios en los próximos años, pero por el otro, la actual obligatoriedad de liquidar los créditos de corto plazo tres meses antes de que concluya los periodos de gobierno podría ser una regla insuficiente para evitar futuros casos de incumplimiento de pago.

“Esto, sobre todo si consideramos que los periodos de transición política entre que un gobierno es electo y la toma posesión del cargo, usualmente rebasan este periodo de tres meses”, indicaron los analistas.

Asimismo, la iniciativa de ley contempla que los créditos de corto plazo solamente se podrán refinanciar a largo plazo cuando se compruebe que fueron utilizados para “inversión pública productiva”.

“En nuestra opinión, esto podría no ser distinto a lo que sucede actualmente, y dependerá de qué tan específica sea la definición de “inversión pública productiva”.

Mencionaron que en otros términos, una definición poco precisa podría dar margen a que también pueda refinanciarse la deuda de corto plazo que no sea utilizada para inversión pública, sino para gasto corriente.

La iniciativa propone que créditos pueden tener el aval del gobierno federal para que los estados y municipios accedan a tasas de interés más bajas, lo que ayudaría mejorar el flujo de efectivo de los gobiernos, en especial de los más endeudados.

A cambio, los gobiernos que reciban este aval, tendrán que firmar convenios de disciplina financiera con el gobierno federal que incluirían, tentativamente, el compromiso de disminuir gradualmente sus déficits presupuestales y establecer límites de endeudamiento, los cuales deberán cumplir para poder conservar la garantía del gobierno federal, señalaron los analistas.

Standard and Poor’s mencionó que la legislación final promueve la existencia de ejercicios presupuestales balanceados, esto podría impactar positivamente en sus evaluaciones individuales sobre el desempeño presupuestal, la deuda y la liquidez en cada uno de los estados.