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Sábado , 23.06.2018 / 22:38 Hoy

Proyectos de infraestructura que siguen en pie

A pesar de los recortes presupuestales, siguen firmes grandes proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el tren a Toluca y sobre todo los gasoductos.


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Dino Rozenberg

A pesar de los esfuerzos rea­lizados desde la adminis­tración federal, el año que termina no habrá sido el más feliz para las obras de infraestructura y los servicios públicos. En los primeros meses era notorio que la caída en el precio de los combustibles sería perma­nente, y que las finanzas públicas estarían bajo fuerte presión. El gobierno siguió adelante con sus ajustes presupuestales y determinó recortar en casi un tercio los 2,200 mdd que se debían gastar en las etapas preliminares del nuevo aeropuerto para la capital mexicana, valuado en unos 11 mil mdd.

El aeropuerto, anunciado en septiembre de 2014 con bombo y platillos, busca superar las limitaciones y saturación del que está operativo, y en su fase madura tendría seis pistas y podrá mover 120 millones de pasajeros al año. El proyecto será financiado con recur­sos públicos y de la iniciativa privada, así como varios grupos de bancos, pero las cosas tendrán que ir más despacio. Por lo pronto, la operadora estatal Grupo Aeropuerto Ciudad de México acordó con la contratista Parsons reducir la inversión en más de 11,000 mdp. Y otros grandes proyectos también tendrán que esperar o ir más lento.

La infraestructura es un fenómeno complejo, incierto y sobre todo costoso: entendido como los activos físicos y tecnoló­gicos básicos para el desarrollo de las activi­dades económicas y sociales, representa un desafío permanente para los gobiernos que los impulsan, para las organizaciones públicas y privadas que los construyen y administran, y para los usuarios que se sirven de ellos.

En México, cada semana se anuncia la inauguración o la adjudicación de algún proyecto de infraestructura, que pueden ser carreteras y libramientos urbanos, centrales eléctricas, gasoductos, sistemas de trans­porte público, plantas depuradoras de agua, aeropuertos, servicios de telecomunicaciones, educativos y de salud, etc. Este año tampoco le fue bien al ambicioso proyecto para cons­truir un tren rápido entre las ciudades de México y Querétaro, que hubiera tenido un costo de 3,700 mdd, y que a pesar de haber sido adjudicado fue cancelado. A cambio, ya está en construcción otro más modesto que irá de la estación Observatorio a Toluca.

Esto muestra que las inversiones no se han detenido por completo, porque eso supondría castigar la economía y el empleo, sobre todo en industrias básicas como las del acero, el cemento, construcción y trans­portes. La mayor parte de los proyectos requieren esos materiales.

Así, mientras la Secretaría de Comunica­ciones y Transportes (SCT) invierte unos 10,000 mdp en la construcción del segundo piso sobre la autopista México-Puebla, en un tramo de 13 kilómetros, un consorcio privado liderado por Howard Energy invertirá 250 mdd para un gasoducto de 30 pulgadas de diámetro que parte de Texas y termina en Escobedo, Nuevo León, con una extensión de 320 kilómetros.

Otro gasoducto de 650 kilómetros, esta vez licitado desde la Comisión Federal de Electricidad, fue ganado por el consorcio Carso Electric y la Promotora de Desarrollo de América Latina; se trata del tramo Sama­layuca–Sásabe, en Chihuahua y Sonora, con un valor de 471 mdd. Es una obra de mucha trascendencia porque surtirá de gas a una región del país que hasta ahora no había sido servida por gasoductos; una vez conectada a la red nacional de gasoductos, permitirá la instalación de industrias que consumen ese energético, así como favorecer la operación de plantas eléctricas de ciclo combinado, una parte importante de lo que será el mercado eléctrico mayorista.

En octubre pasado el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, anunció nuevos proyectos todavía no presupuestados, para ampliar a cuatro carriles varios tramos de la autopista México-Querétaro, y extender más de 10 kilómetros el segundo piso que corre sobre este camino, desde el antiguo Toreo de Cuatro Caminos y hasta Tultitlán, en el Estado de México. En una conferencia pública, el funcionario explicó que las obras en proceso no serán suspendidas, aunque algunas avanzarán a menor velocidad debido a las restricciones económicas.

Esto también aplica a las obras que se realizan en la ampliación y modernización de los puertos. El presidente Enrique Peña Nieto anunció, apenas en septiembre pasado, la intención del gobierno federal de invertir más de 1,300 mdd en el de Veracruz, como parte de la construcción de tres Zonas Econó­micas Especiales de Lázaro Cárdenas, el corre­dor interoceánico de Veracruz a Salina Cruz, y Puerto Chiapas, también sobre el Pacífico.

En total, el Programa Nacional de Infraes­tructura 2014-2018 (PNI) propone modernizar y ampliar la infraestructura existente a través de la ejecución de 743 programas y proyectos que buscan lograr una economía más dinámica. Cuando se publicó, tuvo un presupuesto de 7.75 billones de pesos (millones de millones) y 743 proyectos. El monto de inversión total programada equivalía a 8.3% del PIB.

Entre lo publicado y privado

Estas obras, algunas espectaculares y otras de impacto menor y alcance local, son rele­vantes para mejorar los servicios públicos y privados, hacer más rápidas y eficientes las comunicaciones y los transportes, y en general para avanzar en el desarrollo del país y las regiones. La infraestructura es casi siempre una gran demanda de los ciudadanos y los grupos industriales, y por lo mismo suele ser una prueba de fuego para valorar la pre­ocupación de los gobernantes y los políticos. Es con la obra pública –y a veces la privada-, que ellos se lucen o desgastan.

Un proyecto bien pensado y realizado, y que presta un servicio útil a la comunidad, suele ser festejado y agradecido por los bene­ficiados. Pero si las cosas no salen bien, si la promesa no se cumple o se detectan fallas o casos de corrupción, despiertan enojo y frus­tración. Muchos políticos han sido festejados o repudiados debido a las obras de infraes­tructura que han impulsado, y es difícil olvidar que un jefe de gobierno del Distrito Federal fue sometido a juicio político y desaforado en 2005 debido a las complicaciones de una obra pública relativamente menor.

Otro caso es el que afecta la operación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que al parecer tuvo problemas de diseño y construcción y debió ser recons­truida con un alto costo económico y polí­tico. Un ejemplo más es el del Acueducto Monterrey VI, de 14,000 mdp, que fue adjudicado a un consorcio integrado por ICA y otras empresas, y que el flamante gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, prometió cancelar de manera definitiva (lo que ha causado un gran perjuicio a las cons­tructoras involucradas).

Las inversiones en infraestructura generan una derrama económica en varias industrias, así como en la creación de nuevos empleos tem­porales y permanentes. A veces, el problema, es que el entusiasmo, y a veces la corrupción, jue­gan malas pasadas. Es cuando las obras no se terminan, se hacen mal, o se desvalorizan de­bido a la falta de presupuesto para su manteni­miento y operación. A veces es un problema del gobierno, a veces una mala realización o nego­ciación con la iniciativa privada.

Según Gabriel Goldschmidt, director del área de Infraestructura de la Corporación Financiera Internacional para América Latina y el Caribe, la región invierte entre 2 y 3% del PIB regional en obras de infraestructura, aunque en su opinión las necesidades reales son quizá del doble. Por su parte, la CEPAL afirma que para cerrar la brecha existente entre la oferta y demanda de infraestructura, los países de la región debieran invertir 6.2% anual de su PIB de aquí a 2020 –unos 320.000 mdd. Según el organismo, se requieren obras en transporte, energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento.

De acuerdo con el Informe de Infraestruc­tura de la banca Monex, México requiere una inversión anual cercana al 7% del PIB. Según el PNI 2014-2018, 63% de los recursos provendrán del sector público y 37% serán aportados por el sector privado.

Goldschmidt asegura que una forma de resolver en parte la escasez de recursos públi­cos es promover la participación del sector privado, y en México esto se podrá lograr a través de varios mecanismos, incluyendo las asociaciones público privadas (APP), un tipo de contrato que permite la inversión y opera­ción privada y ofrece más certidumbre que otros modelos de negociación.

En el caso de la industria energética, las reformas estructurales han abierto la posibi­lidad de que empresas y consorcios puedan participar en diferentes tipos de negocios, como los que ya se adjudicaron en las licita­ciones de la Ronda Uno en materia petrolera.

En esta época de tasas de interés históri­camente bajas, los negocios son la forma más rentable de usar el dinero. Los fondos de pensión y otros inversionistas institucio­nales han mostrado interés en participar de la reforma energética, la construcción de gasoductos y plantas eléctricas, etc. La operación de la FIBRA E y los Certificados de Proyectos de inversión, instrumentos de financiamiento creados recientemente por el gobierno federal, tienen precisamente la función de levantar capital para obras de infraestructura del sector energético. Serían un excelente vehículo para las AFORES, que pueden invertir en estos fondos hasta 150,000 mdp.

Como parte de esta apertura al capital privado, México ofrece una relativa esta­bilidad en la regulación, que aunque en algunos casos no se respeta (los casos del ferrocarril a Querétaro y el Acueducto de Monterrey), es más sólida que en otros países de América y economías emergen­tes. En Bolivia, Argentina y Venezuela se han efectuado expropiaciones de infraes­tructura energética y petrolera, y Ecuador, nacionalizó en 2009 las operaciones de la petrolera Occidental, y a la que todavía deberle 1,700 mdd sujetos a un arbitraje.

Aunque tiene sus retos, México no pasa los malos momentos de Brasil, donde Petro­bras ha sufrido un grave caso de corrupción a raíz del cual los accionistas y poseedores de bonos han sufrido pérdidas millonarias. En México, los incidentes han sido relativamente menores, como en el caso de proyectos de granjas eólicas que han encontrado resis­tencia por parte de los ejidatarios. Es lo que ocurrió en Juchitán, donde se obstaculizó la operación de un campo con 132 aerogenera­dores, con una inversión de casi 900 mdd.

Lo mejor es que los proyectos de enverga­dura deben ser bien diseñados, financiados y consensuados, para que sean atractivos para los inversionistas, los operadores y los bene­ficiarios. Deben ser sustentables desde el punto de vista financiero, logístico y social, y los de mayor tamaño, o que tienen un impacto regional, deben cumplir con los llamados Principios de Ecuador, una serie de preceptos y normas de gestión de riesgos establecidos por el Banco Mundial y que han avalado 81 bancos y financieras de 36 países, entre ellos los grandes bancos internacionales.

México está avanzando a pasos acelerados en su proceso de urbanización e industria­lización, y se ha convertido en un buen destino para la Inversión Extranjera Directa (IED), parte de la cual se dirige a financiar obras de infraestructura. Con una mejoría de cuatro posiciones en el ranking Doing Business del Banco Mundial (pasó del lugar 42 al 38), se puede confiar en que, a pesar de las dificultades actuales, el país seguirá siendo competitivo y llevará adelante con su proyecto de desarrollo. Y que las obras de infraestructura no se deten­drán por falta de dinero.

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