Hace de los subsidios cadenas productivas

Esta empresa aprovechó la necesidad de las dependencias de gobierno por contar con empresas que de principio a fin apliquen los recursos de los programas sociales.
Javier López Casarín, fundador de SPI, empresa que impulsa el desarrollo social.
Javier López Casarín, fundador de SPI, empresa que impulsa el desarrollo social. (Cortesía )

Ciudas de México

Javier López Casarín, fundador de la empresa Soluciones y Programas Integrales (SPI) contribuyó a que entre 2010 y 2012 disminuyera el nivel de pobreza en Oaxaca.

Según el  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (Coneval) en este lapso la pobreza se redujo de 67 a 61.9 por ciento, a pesar de este avance, la entidad es uno de los cinco estados más pobres del país,  reportó el consejo.

Según esta institución, la población que vive en condiciones de pobreza tiene al menos una carencia social y percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar, cuyo valor equivale al costo de las canastas alimentaria y no alimentaria juntas.

Javier fundó SPI en 2011, después de laborar en la Secretaría de Salud y la de Medio Ambiente; así como en empresas privadas que ofrecían algún tipo de servicio a nivel nacional, dice que al estar en contacto con tanta gente empezó a identificar que si bien los dependencias de gobierno ofrecen ayuda económica y social a las comunidad de escasos recursos económicos, no tienen un impacto de largo plazo.

Oportunidad de mercado

Así empezó a analizar el proceso, de principio a fin,  que las dependencias del gobierno federal llevan a cabo para “bajar los recursos de los programas sociales a las comunidades de los estados”. A través de este análisis, platica, identificó que no existen empresas que acompañen a las dependencias gubernamentales en la gestión, administración y aplicación de los recursos económicos.

“Me di cuenta de que las empresas involucradas en el proceso sólo eran proveedoras, por ejemplo de vales de despensas, cobijas o estufas, todo dependía de los artículos que entraran en el programa social de la dependencia”, recuerda.

En este proceso Javier identificó  una oportunidad de mercado, la de ofrecer servicios integrales  a las dependencias del gobierno federal para ayudarles a entender las necesidades reales de una comunidad  a fin de aplicar de manera más asertiva los programas sociales. Además de asesorar a las instituciones en la gestión de los recursos.

“En SPI laboran casi mil personas, tenemos gente en campo que convive con las comunidades para entenderlas y poder aportar en la elaboración de los programas sociales que forman parte de las políticas públicas”, explica.

Javier, cursó la licenciatura en derecho en la UNAM, comenta que con las comunidades de Oaxaca trabajaron con las familias para cuando recibieran el dinero de los programas sociales pensaran en invertir en micronegocios que les permitirá generar lo necesario para mantenerse. “Imagínate, Oaxaca dispone de aproximadamente mil 100 millones de pesos para programas sociales, entonces es ir más allá de la política paternalista, queremos hacer cadenas productivas locales”, asevera.

Sociedad y gobierno

Dice que antes de crear SPI comprendió que si una sociedad quiere tener programas sociales exitosos debe contar con el trabajo del gobierno,  “si el gobierno no trabaja de la mano con la sociedad de nada sirven los esfuerzos”, asegura.

Antes de que SPI iniciara operaciones, Javier enfrentó el desafío de conseguir el financiamiento para crear la empresa. “Lo más difícil es encontrar quien crea en el proyecto y lo financie. El proceso para solicitar un crédito bancario es complejo por la cantidad de requisitos que piden”, platica.   

Pese a las dificultades para conseguir el financiamiento y después de realizar varios estudios para detectar las demandas más recurrentes por parte de grupos marginales, la empresa cuenta con cinco redes de distintos servicios, una de seguros, salud, tecnología, ahorro y servicios especializados.

Además de trabajar con  el gobierno de Oaxaca, en dos años la empresa consiguió trabajar con los gobiernos de Nuevo León, Baja California, Sinaloa y Morelos para identificar las necesidades de algunas comunidades, a fin de proponer a los gobiernos la dirección que deben seguir en la elaboración de programas sociales.