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Lunes , 24.09.2018 / 04:52 Hoy

Mota-Engil cuestiona firmas y exige la “nulidad del fallo”

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México promete respuesta oportuna a cada una de las conclusiones del consorcio inconforme y acatar la determinación de la Función Pública.

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La constructora portuguesa Mota-Engil México pidió al Órgano Interno de Control (OIT) en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) declarar “la nulidad del fallo” de la licitación pública internacional para la construcción del Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) en el nuevo aeropuerto por falta de firmas y documentos suscritos por funcionarios sin esa facultad.

En el texto final de “alegatos” entregado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para completar el procedimiento de “inconformidad” porque se declaró desierta la primera licitación, la empresa a nombre del grupo que participó en el proceso planteó que se presentaron, además, cifras contradictoras y nunca se entregó el expediente íntegro del procedimiento.

Sobre el tema, el GACM respondió a MILENIO que se “pronunciará oportunamente respecto a todas y cada una de las conclusiones a las que ha arribado el consorcio inconforme en el momento en que sea notificado de manera formal de la apertura de la fase de alegatos en la inconformidad, en la cual expondremos de manera detallada y ante la autoridad competente todos los argumentos de hecho y derecho que consideramos quedaron probados en el trámite de procedimiento”.

Destacó que los documentos entregados en el diferendo tienen “valor probatorio pleno”, que los argumentos de la constructora “giran en torno a la supuesta falta de cumplimiento a formalidades administrativas”, y que la decisión final corresponderá a la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, anticipó que el grupo aeroportuario “acatará indiscutiblemente la determinación que al respecto se tome, procediendo a su inmediato cumplimiento en el sentido que fuese”.

El documento entregado por Mota-Engil México es de 17 páginas y revela que el “informe previo” y los “informes circunstanciados” suscritos por el subdirector de Procesos de Licitación del GACM (Jaime Madinaveitia Villanueva) no exhibieron su nombramiento al entregarlos.

No “invocó la o las disposiciones legales y/o reglamentarias que le atribuyen competencia”, tampoco “acreditó contar con la representación de la sociedad de participación estatal mayoritaria” con la exhibición del “instrumento notarial”, subraya.

Por lo mismo remata que el funcionario “no es una autoridad que exista y/o esté facultada para representar en un procedimiento de inconformidad a la convocante”, el grupo aeroportuario.

“No tiene facultades ni competencia” para suscribir informes, “ni es un representante legal del grupo aeroportuario, por lo que no puede darse valor alguno a los argumentos de defensa que planteó”, se lee.

Alegato presupuestal

La constructora plantea un largo alegato sobre la documentación que recibió con posturas presupuestales con y sin IVA del total a ejercer, presupuestos plurianuales diferentes y documentos sin firma, y por qué considera que su propuesta de 9 mil 517 millones 714 mil 452.18 pesos es inferior al techo presupuestal del GACM por 10 mil 410 millones 692 mil 998.90 pesos y no debió desecharse. “Eso fue ilegal”.

Señala que el GACM incurre de forma “reiterada” en la “falsedad” para “crear confusión” a los integrantes del OIC, y afirma que el director corporativo de Finanzas del grupo aeroportuario tampoco está facultado para autorizar el presupuesto para una obra.

“Solo está facultado para verificar, esto es, comprobar que existe suficiencia presupuestal”, mientras que el director general es al que corresponde emitir la autorización presupuestal, como ya lo ha informado MILENIO.

Mota-Engil México concluye que esta es una “prueba más de que el fallo impugnado es contrario a derecho y por tanto nulo”; por ello solicita al OIC “ordenar la regularización del procedimiento y solicitar a la convocante que exhiba, como le ha sido requerido en dos diferentes ocasiones, el expediente íntegro del procedimiento de licitación” y que se declare “la nulidad del fallo”.

Por su parte, el GACM expuso a MILENIO que difiere de las conclusiones alcanzadas por el consorcio empresarial inconforme, porque “descansan en afirmaciones genéricas, subjetivas y sin soporte probatorio documental alguno”.

Destacó que el fondo del debate en la inconformidad es si Mota-Engil rebasó el techo presupuestal autorizado para la construcción del CITT, y que el grupo aeroportuario ha acreditado “plenamente” ante las autoridades competentes, con documentos idóneos y con valor probatorio pleno”, que el presupuesto autorizado para la obra era de 8 mil 974 millones 735 mil 343.91 pesos sin IVA.

“Mota-Engil ha manifestado que existen documentos que indican que el monto presupuestal autorizado era de 10 mil 410 millones 692 mil 998.90 pesos y que, por tanto, su propuesta se ubicaba debajo de ese monto. Sin embargo, GACM ha demostrado que el segundo monto no es sino el monto total del presupuesto autorizado incluyendo el IVA”.

El grupo aeroportuario expuso que la gran totalidad de los argumentos de la constructora “giran en torno a la supuesta falta de cumplimiento a formalidades administrativas. Sin embargo, para efectos de lo realmente discutido en la inconformidad, esos argumentos en nada abonan, probatoriamente hablando, a su versión, pues aún de considerar que tales anomalías fuesen ciertas (lo que por ningún motivo admite el GACM), no se podría desvirtuar el hecho probado en la inconformidad que el presupuesto autorizado fue de 8 mil 974 millones 735 mil 343.91 pesos y que su propuesta rebasó el mismo”.

En la edición de ayer de MILENIO, Federico Patiño, director general del GACM, precisó que sí se le informó a la constructora, al darse el fallo de licitación desierta, que su propuesta sin IVA superaba el techo presupuestal, pero reconoció que no se le dieron detalles: “Fue un error, porque debimos hacerlo”.

Indagatoria a fondo

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco pidió al gobierno una investigación profunda sobre la presunta ilegalidad en este proceso.

“Hacemos un llamado a que se investigue, somos los más interesados en que se transparente la licitación”, señalaron representantes.

Acusó que desde el inicio de las obras “no hay apertura real ante la opinión pública, mucho menos para los pueblos afectados por la obra”.

Recordó que en la Cámara de Diputados existe una comisión encargada de supervisar el proyecto, que “debe vigilar, porque para eso se le paga”.

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