Ilegal la venta de ingenios azucareros: abogado de expropietarios

El abogado Santiago Montero aseguró que en este momento los ingenios son del gobierno, pero existe una acción legal que no se ha resuelto en definitiva y que podría regresarlos a sus dueños.
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Sigue el litigio por los ingenios. (Shutterstock)

Ciudad de México

Los ingenios azucareros que fueron expropiados en 2001, durante la administración de Vicente Fox, y que el gobierno federal pretende licitar no pueden ser vendidos porque todavía son parte del patrimonio público, además de estar sujetos a una solicitud de reversión de bienes, afirmó Santiago Montero, representante legal y abogado del empresario Enrique Molina.

De acuerdo con el abogado, tal y como lo establece la Ley de Expropiación, luego de cinco años los empresarios afectados solicitaron la reversión de sus bienes porque no se cumplió con la indemnización acordada, ni con el fin del decreto expropiatorio.

En este caso se hizo valer ese derecho ante la Secretaría de Agricultura. “Se presentó ante la Sagarpa una solicitud pidiendo la reversión de los bienes por aducir que no se había cumplido con el decreto. Esta solicitud dio pie al inicio de un procedimiento jurisdiccional y se otorgaron pruebas. La instancia administrativa se agotó y la Secretaría de Agricultura negó la reversión solicitada, pero esta negativa aún se está ventilando ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un litigio cuyo fin es precisamente revisar la resolución emitida por la dependencia y determinar si la propiedad expropiada continuará de esa manera o será reintegrada a sus anteriores propietarios”, explicó.

Al día de hoy la propiedad de los ingenios expropiados por parte del gobierno no está firme. Son propiedades que están indefinidas. “En este momento la propiedad es del gobierno, pero es una propiedad que no es firme en virtud de que existe una acción legal que no se ha resuelto en definitiva, en la cual los bienes se podrían regresar a sus antiguos dueños”, aseguró.

Durante la administración de Felipe Calderón el secretario de la Función Pública emitió un acuerdo administrativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, en el que se autorizó la desincorporación de los bienes expropiados del Régimen de Dominio Público de la federación y autorizó su enajenación a otros particulares a través de una licitación pública que lleva el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Sin embargo, en el inciso número cuatro de dicho acuerdo, el secretario de la Función Pública condicionó la autorización a la acreditación de que el procedimiento de reversión de bienes expropiados hubiera concluido en todas sus instancias. “Es decir que mientras no esté concluido el proceso de reversión de bienes expropiados no se pueden enajenar a otras personas”.

Esto también fue establecido por el anterior Juez tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal que juzgó en una sentencia que el acuerdo emitido el 23 de julio de 2012 surtirá sus efectos hasta el momento en que se desahoguen las instancias legales correspondientes al procedimiento de la reversión.

La propia Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público prohíbe al SAE enajenar bienes que sean objeto de un litigio en el que se tenga que determinar sobre la propiedad de esos bienes.

No obstante todas estas circunstancias, el pasado 7 de septiembre el SAE publicó en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria para la venta de bienes que son objeto del procedimiento de reversión de bienes expropiados. En la convocatoria se señaló que el fallo sería emitido este 24 de noviembre.

Por este motivo se promovió un amparo en el que fundamentalmente se sostiene que los bienes que son objetos de esta licitación pública y que se pretenden adjudicar otros particulares son objeto de un proceso que no ha sido resuelto en definitiva, por lo que aún no están desincorporados del  Régimen de Dominio Público de la Federación y no se pueden enajenar.

“Nosotros solicitamos la suspensión para que el SAE no dictara el fallo de la licitación pública programado para este 24 de noviembre, si no se encontraba acreditado que en esta fecha ya había concluido en todas sus instancias el proceso de reversión de bienes expropiados”

El juez negó la suspensión solicitada, por lo que se interpuso un recurso por parte de los afectados y que fue revisado por Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito donde se resolvió revocar la determinación del juez de distrito y ceder la suspensión solicitada.

El Sexto Tribunal concedió una suspensión provisional, la cual se vence este 26 de noviembre. Durante esta suspensión los empresarios litigantes han aportado pruebas para obtener la suspensión definitiva.

La defensa confió en que se trata de una cuestión de estricta legalidad por lo que prevén que la suspensión definitiva les será otorgada.

“Es claro que estos bienes no se pueden vender por parte del SAE porque no están desincorporados del patrimonio público, porque aún existe un litigio de por medio pendiente de resolver”, reiteró el abogado.

De acuerdo a la convocatoria del SAE, el valor de los bienes es de alrededor de 3 mil millones de pesos.

La defensa no descarta llegar a un acuerdo económico con el gobierno federal para que estos ingenios permanezcan dentro del patrimonio público y que el gobierno disponga de ellos.

“El objetivo de la acción de la reversión de bienes es recuperar los ingenios azucareros para seguir con esa actividad productiva, sin embargo el acuerdo de 2012 permite que se llegue a una solución negociada para que estos ingenios permanezcan dentro del patrimonio público y que el gobierno disponga de ellos. Los accionistas afectados tendrían que ser adecuadamente indemnizados. Podemos seguir intentando la reversión de los bienes o llegar a una solución acordada entre las dos partes”, concluyó Santiago Montero.