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Martes , 19.06.2018 / 20:04 Hoy

Hacienda interviene en Sonora por desvíos

El SAT anuncia sanción a la entidad por 70 mdp; a partir de hoy asume la recaudación federal.

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César Barboza

El Servicio de Administración Tributaria tomará las riendas de la fiscalización en Sonora hasta fin de año, luego de atender tres denuncias anónimas hechas durante la administración del ahora ex gobernador Guillermo Padrés, por un presunto beneficio a 574 contribuyentes por un monto de mil 705 millones de pesos en perjuicio del fisco federal.

Esta determinación la tomó el SAT tras una auditoría federal por hechos de corrupción como perdón de adeudos fiscales, “moches” y sobornos a funcionarios de la administración de Padrés.

El procurador fiscal en Sonora, Gerardo Avilés, dijo que la sanción provocará que el gobierno estatal deje de percibir cerca de 100 millones de pesos correspondientes a incentivos fiscales.

“El SAT comunicó al gobierno de Sonora que a partir del 20 de noviembre dejará de ejercer las facultades de comprobación, en términos del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal”, dijo Avilés.

Esto significa que el gobierno de la actual gobernadora, Claudia Pavlovich, no podrá cobrar impuestos federales.

Debido a la sanción, la administración estatal deberá regresar a la Federación 75 millones de pesos por incentivos que se obtuvieron con acciones irregulares descubiertas por el SAT en los ejercicios fiscales de 2009 a 2014, cuando gobernó el panista Padrés.

En entrevista radiofónica, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que los beneficiarios son “empresas o personas físicas, de contribuyentes vinculados a servidores públicos o funcionarios del gobierno del estado de la administración anterior”.

Agregó que en la lista de contribuyentes ilegalmente beneficiados hay proveedores del gobierno de Sonora, así como medios de comunicación locales que recibieron apoyos, pero declinó publicar los nombres, ya que están protegidos por el secreto fiscal.

“Los socios de esas empresas tienen parentesco familiar con algunos servidores públicos de alto nivel en el gobierno estatal, de la administración anterior, pero no puedo revelar nombres”, indicó.

Núñez indicó que los funcionarios involucrados pueden ser investigados por abuso de funciones, delito que es castigado por el código penal, y por el uso indebido de atribuciones y facultades, faltas por las que el SAT presentará denuncias ante el Ministerio Público.

Los beneficios fiscales presuntamente fueron otorgados por el gobierno de Padrés, con una deuda acumulada de 21 mil 854 millones de pesos, un aumento de 50 por ciento respecto a lo registrado en 2009, al inicio de su sexenio, y que heredó al gobierno de Pavlovich.

El jefe del SAT señaló que algunos de los contribuyentes beneficiados ilegalmente ya comenzaron a pagar los impuestos correspondientes.

Asimismo, la dependencia está en el proceso de anular las auditorías hechas por Sonora para que el gobierno federal los revise, indicó Núñez.

En un comunicado, el SAT precisó que el otorgamiento de beneficios ilegales de impuestos se realizó “a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora”.

Verificó 198 de estas auditorías, donde se detectaron incumplimientos a disposiciones legales federales, así como anomalías en los procedimientos para el cobro de impuestos que realiza el gobierno de Sonora.

“Se comprobó que dicha administración autorizó pagos en parcialidades de IVA y de retenciones de ISR, en contravención al Código Fiscal de la Federación.

“En otras auditorías detectaron que avalaron préstamos millonarios sin verificar su origen”, señala el SAT.

El gobierno de Padrés validó operaciones sin verificar con clientes y proveedores.

Núñez indicó que el desfalco se debió a que la autoridad estatal fue “laxa” en la observación y operación de sus obligaciones legales para efectos de recaudación.

Hasta el momento el gobierno estatal recibió una sanción por 70.2 millones de pesos para reintegrar incentivos otorgados indebidamente, y 32.4 millones que se ingresaron al Fondo de Fiscalización y Recaudación.

Con información de: Felipe Larios/Sonora

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RECORTAN 80 MDP A 24 OBRAS DE OAXACA

El gobierno federal decidió recortar en Oaxaca 80 millones de pesos de 24 obras que no se iban a ejecutar para evitar subejercicios financieros, confirmó el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jorge Toledo.

“Tenemos la indicación del mando federal de cerrar el gasto del año, el 31 de diciembre, cancelándose los fondos en aquellas obras que no tengan el avance comprometido”, señaló.

El funcionario federal dijo que se trata de un tema complicado porque la Federación solo se hará cargo de la obra hasta donde haya avance, y si faltara un tramo se tendría que gestionar nuevamente en 2016 para que sea autorizado por los diputados de la Legislatura federal.

“Hemos hablado con las autoridades municipales que el ajuste que se haga al presupuesto se genere en razón del avance de la obra autorizada, y con ello asegura que no haya subejercicios”.

Toledo aceptó que los recursos para obras en materia indígena son auditados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, principalmente los que se han asignado en contraparte con el gobierno de Oaxaca para apoyar a organizaciones sociales.

Con información de: Óscar Rodríguez/Oaxaca

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