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Grupo Aeroportuario advierte sobre AMLO

La “terminación de la nueva terminal aérea y su operación puede verse limitada, afectada o sufrir cambios de importancia debido a las decisiones políticas”, explica en informe.

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El Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM) advirtió a inversionistas nacionales y extranjeros que existe el riesgo de que el gobierno federal revoque las concesiones de aeropuertos “en cualquier momento” a través de la reversión por “interés público”, y destacó que “no podemos asegurar que las reformas o plan de gobierno del presidente electo no afectarán el negocio y los resultados de operaciones de los concesionarios”.

De los tres candidatos a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, es el único que anunció que reemplazará los planes de construcción del nuevo aeropuerto internacional; Ricardo Anaya (PAN-PRD y MC) dijo que, de ganar, revisará los contratos de la nueva terminal; mientras que José Antonio Meade (PRI, PVEM y Panal) tuiteó que “el aeropuerto va, punto”.

La agrupación aeroportuaria señaló que la “terminación del nuevo aeropuerto y su operación puede verse limitada, afectada o sufrir cambios de importancia debido a decisiones políticas o cambios en los planes de desarrollo del gobierno federal en turno”, y que el Presidente “tiene una fuerte influencia sobre las nuevas políticas y acciones gubernamentales”, que puede afectar “negativamente nuestro negocio futuro”.

El corporativo aeroportuario que dirige Federico Patiño planteó diversos riesgos de inversión en el prospecto preliminar para la emisión de certificados para infraestructura y energía (Fibra E), que serán colocados en los mercados bursátiles de México y el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Los recursos obtenidos se destinarán a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México.

Los mensajes de advertencia sobre el futuro del nuevo aeropuerto se plantearon en el documento de múltiples formas, por ejemplo, cuando señala que “las elecciones presidenciales y legislativas nacionales en México se llevarán a cabo en 2018 y podrían generar inestabilidad social, política y económica. El gobierno federal podría implementar cambios significativos en las leyes, políticas y regulaciones, lo que podría afectar la situación económica y política en México”.

El GACM precisa que entre los “factores importantes” que afectan los resultados de los estimados del proyecto aeroportuario están “las decisiones políticas o cambios en los planes de desarrollo del gobierno federal en turno”, y las “condiciones macroeconómicas globales y condiciones económicas, políticas y sociales en México, en particular en Ciudad de México y sus áreas conurbadas”.

Al referirse a los riesgos de la inversión en la Fibra E, el prospecto de colocación destaca varias advertencias.

En una apunta que “las leyes y reglamentos a nivel municipal, estatal y federal en México cambian con frecuencia, y las modificaciones pueden tener un efecto adverso en el negocio y los resultados de las operaciones en el aeropuerto existente y del nuevo aeropuerto, una vez que inicie operaciones.

Cualquier cambio en la regulación, la interpretación de la regulación vigente, o la promulgación de una nueva legislación que afecte el sector aeroportuario —costos de empleo/laborales, transporte/logística, energía, combustibles, transporte, fiscales o ambientales— podrían tener un impacto adverso en el negocio y los resultados de operación de AICM y GACM, una vez que inicie operaciones el nuevo aeropuerto”.

Otra: “el hecho de que el AICM no cumpla con los términos de la concesión del aeropuerto existente puede dar lugar a su revocación por la SCT, sin pago de indemnización. El riesgo aquí descrito será igualmente aplicable al nuevo aeropuerto una vez que este inicie operaciones”.

Las razones

En el documento se puntualizan las razones por las que el gobierno puede revocar una concesión aeroportuaria, entre las que están la falta de cumplimiento del plan maestro de desarrollo, una interrupción temporal o permanente en las operaciones del aeropuerto, la falta de pago de los daños resultantes de las operaciones del aeropuerto, el exceder las tarifas máximas aplicables o el incumplimiento de cualquier otra condición sustancial de la concesión.

También por “no iniciar la administración, operación, explotación o, en su caso, construcción del aeródromo civil en los plazos que al efecto se establezcan en el título de concesión”, y por “incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en la Ley de Aeropuertos de México, su reglamento y en el título de concesión”.

“El gobierno mexicano también puede revocar las concesiones de los aeropuertos en cualquier momento a través de la reversión, si, de acuerdo con la legislación mexicana aplicable, se determina que es de interés público el hacerlo”.

El GACM expuso que el nuevo aeropuerto “está sujeto a un desarrollo significativo y de riesgos operativos, incluyendo incertidumbre en cuanto al desarrollo del proyecto de construcción” conforme a las expectativas actuales, y que en “circunstancias extremas” la nueva terminal “puede ser un foco para disturbios civiles”.

Esto último se puede dar por “cualquier desacuerdo” con las comunidades locales que podrían causar retrasos o interrupciones en el desarrollo del proyecto. “Los manifestantes han tomado medidas en el pasado para perturbar el desarrollo de proyectos de infraestructura en la región y pueden seguir haciéndolo en el futuro. De igual manera, la terminación del nuevo aeropuerto y su operación puede verse limitada, afectada o sufrir cambios de importancia debido a decisiones políticas o cambios en los planes de desarrollo del gobierno federal en turno”.

En cuando al próximo proceso electoral, el documento a disposición de inversionistas señaló: “además, las elecciones presidenciales y legislativas nacionales en México se llevarán a cabo en 2018 y podrían generar inestabilidad social, política y económica”, y que “podrían presentar cambios adicionales en la regulación del sector aeroportuario. No podemos asegurar que las reformas o plan de gobierno del presidente electo no afectarán el negocio y los resultados de operaciones de los concesionarios”.

Asimismo resaltó que “el presidente de México tiene una fuerte influencia sobre las nuevas políticas y acciones gubernamentales en relación con la economía mexicana, y la administración podría implementar cambios sustanciales en leyes, políticas y regulaciones en México que podrían afectar negativamente nuestro negocio futuro, situación financiera, resultados de operaciones y flujos de caja”.

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