Gonzalo Vila: “Hay que ir por los pequeños paraísos fiscales”

Expertos como Vila y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros que dirige, buscan a los nuevos delincuentes en las trincheras del territorio de internet.
Gonzalo Vila, Director de Latinoamérica para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
Gonzalo Vila, Director de Latinoamérica para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. (Foto: Cortesía)

México

¿Cómo han cambiado los delitos económicos?

Después de los ataques del 9 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos (EU) comenzó a poner interés en los flujos ilícitos de dinero, especialmente por sus implicaciones en el financiamiento del terrorismo.

Esto le dio una nueva dimensión a los delitos económicos, pues las autoridades comenzaron a verlos en torno a cuatro pilares: lavado de dinero, corrupción, fraude y evasión fiscal, en lugar de dejarlos como faltas desconectadas entre sí. De esta forma, la persecución de estos delitos se transformó en una tarea global.

¿Y la regulación para combatir estos delitos?

Desde la década de 1960 en EU existen regu­laciones, como la Bank Secrecy Act de 1970 que obligaba a compartir información entre los organismos de investigación criminal y las orga­nizaciones financieras. También está la Foreign Corrupt Practices Act de 1977 que penaliza las empresas estadounidenses que cometan actos de corrupción en otros países.

Desde hace unos 15 años comenzaron a aplicarse estas reglas, lo que ha aumentado las exigencias de transparencia en los flujos de dinero para identificar aquellos provenientes de la comisión de delitos. Sin embargo, como fue visible en el caso Mossack Fonseca, las lí­neas que dividen los flujos lícitos de los ilícitos es todo un reto.

¿Cuál es el impacto del internet en el combate de estos delitos?

La red ha creado ecosistemas completos donde pueden ocurrir delitos económicos extrema­damente complejos de investigar y perseguir. Por ejemplo, en Costa Rica, Liberty Reserve es un servicio digital de cambio de moneda que era una suerte de mercado negro de monedas que era usado, entre otros, por traficantes de todo tipo de mercancías ilegales para lavar dinero. Se estima que el monto llegó a los 6,000 mi­llones de dólares.

Este caso pudo ser de varios delitos en nume­rosas jurisdicciones: lavado de dinero, fraude fiscal, etcétera. Lo complicado es que fueron necesarios cuatro años, entre 2009 y 2013, para cerrarlo. Eso te da una idea de lo difícil que es combatir los nuevos delitos económicos.

¿La corrupción se puede definir como delito económico?

Definitivamente. En esto, las leyes en la materia no se han movido como se quisiera, sobre todo porque definir jurídicamente este delito no es tan fácil como parece y existen fuertes resistencias políticas. Sin embargo, en lo que respecta a América Latina, creo que las sociedades han comenzado a ver la corrupción como un crimen que atenta contra la economía y contra el bien­estar. El poder judicial de países como Brasil y Guatemala ha tomado decisiones desmante­lando profundas redes de corrupción estatal en sus jurisdicciones.

¿Qué lecciones dejan los Papeles de Panamá?

Primero, que pese a los esfuerzos de regula­ción de las llamadas compañías shell (empre­sas que solo existen en papel) y los fideico­misos, siguen usándose para encubrir dinero proveniente de conductas legales, pero de dudosa legitimidad como la elusión fiscal (uso de subterfugios legales para evitar gra­vámenes fiscales) o el dinero proveniente de la corrupción.

Por otro lado, si quiere hacer una persecu­ción efectiva de los delitos económicos hay que ir tras los paraísos fiscales en pequeños países y otros sitios, como Delaware, o pose­siones británicas de ultramar, como las Islas Caimán que tienen un largo historial en al­bergar entidades que enmascaran a los ver­daderos poseedores del dinero. Solo si tam­bién se les persigue, podremos saber que los grandes centros económicos van en serio contra los canales de dinero non sancto.