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Se necesita más sensibilidad

Reporte Especial FT Mercados

En el mundo, 1 de cada 7 personas tiene alguna discapacidad, y se espera que este número aumente en la medida en que las enfermedades crónicas se incrementen.
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El número de personas que viven con discapacidad en todo el mundo es grande y va en aumento. Además, la forma como los empleadores los clasifican y manejan varía sustancialmente. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1,000 millones de personas, o 1 de cada 7 en el mundo, tiene alguna discapacidad. Eso incluye a casi 800 millones de personas en edad laboral, y entre ellas hasta 200 millones de adultos con importantes dificultades en funcionamiento. 

La carga aumentará aún más a medida en que las personas vivan más tiempo y aumenten las condiciones crónicas como la diabetes. En el estudio “La Carga Mundial de las Enfermedades” (Global Burden of Disease), con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que tres cuartas partes de las condiciones médicas se beneficiarían con el apoyo de la rehabilitación, que en la mayoría de los países es limitado. 

Susan Scott-Parker, directora de Business Disability International, dice que 1 de cada 3 adultos entre 50 y 64 años tendrá una discapacidad. “Simplemente es una parte inevitable de lo que significa ser humano”, agrega. 

Las personas con discapacidad sufren dificultades desproporcionadas en el empleo. Por lo general, tienen menos acceso a la educación, batallan para que los contraten o los promuevan, y se quejan de la falta de acceso en las instalaciones donde laboran. 


La tecnología ofrece el potencial para aliviar las barreras, pero en lugar de eso a menudo exacerba la desigualdad. Por ejemplo, los sistemas electrónicos de reclutamiento, de manera frecuente excluyen a aquellas personas con problemas de visión, mientras que las pruebas psicométricas pueden eliminar a las personas que se encuentran en el espectro autista

Como resultado, la participación en el mercado laboral es relativamente baja para las personas con discapacidades, sobre todo, para las mujeres. Los estudios sugieren que excluir del empleo a las personas con discapacidades tiene un costo para los países hasta de 7% del PIB a través de una menor productividad e ingresos fiscales, y mayores costos sociales y médicos

En un estudio en toda la Unión Europea a la llegada del milenio, se mostró que 21% de los finlandeses fueron clasificados “con fuertes impedimentos”, en comparación con solo 7% de los italianos. 

Según una revisión de estudios que realizó la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el desempleo a su vez resulta en un mayor aislamiento, malnutrición, pobreza y condiciones de salud mental. La falta de ingresos desacelera aún más el diagnóstico y el tratamiento de otros padecimientos. También afecta a otros miembros de la familia que se convierten en cuidadores.

En Alemania, China y otros países, se introdujeron cuotas de empleo para disminuir la exclusión. Sin embargo, la definición de quién es elegible varía, al igual que la eficacia de la legislación. 

¿Necesitamos demostrar un caso para tratar a las personas de manera justa? Es ineficiente negarles a las personas la posibilidad del trabajo que pueden hacer, dice Susan Scott-Parker. 

También hay desacuerdo sobre el valor de los trabajos que se crean como resultado de las cuotas, en especial en lugares de trabajo segregados o protegidos que pueden estigmatizar a los empleados y ofrecen pocas oportunidades de progreso. 

El dato.
1,000 millones de personas,
o 1 de cada 7 en el mundo, tiene alguna discapacidad

Tom Shakespeare, profesor de investigación sobre discapacidades en la Escuela de Medicina de Norwich, advierte: “No apoyo las cuotas. Significan que las personas con discapacidad no pueden conseguir trabajos adecuados y esto puede conducir a la creación de ‘trabajos simulados’”. 

Él prefiere un enfoque diferente: una ley contra la discriminación. Eso se puede respaldar con la creación de “empresas sociales”, especialmente en Alemania e Italia, así como incentivos para ayudar a los empleadores a adaptar sus lugares de trabajo, un sistema que en países como Australia cuentan con el respaldo de subsidios. 

En términos más generales, los defensores piden a los empleadores que sean sensibles a la adaptación de las políticas de reclutamiento, retención y regreso al trabajo a una amplia gama de discapacidades. Dicen que los gobiernos necesitan explorar formas de equilibrar las sanciones con incentivos, que pueden incluir exenciones fiscales o financiamiento a los reclutadores, así como el pago continuo de prestaciones sociales y la provisión de capacitación a las personas afectadas. 

No solo los que viven con discapacidades a menudo tienen experiencia especial que aportar, sino que, si cuentan con un buen respaldo, hay evidencia de que pueden ser más leales y tener menores ausencias por enfermedad y costos que el resto del personal. 

Sin embargo, Scott-Parker subraya el argumento moral. “¿Necesitamos demostrar un caso para tratar a las personas de manera justa?”, dice. “No hubo argumentos comerciales para abolir la esclavitud. Es ineficiente negarles a las personas la posibilidad del trabajo que pueden hacer”.


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