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Pagará ING 775 mdeen multas por lavado

Entre las empresas bajo investigación, una firma de lencería y una exportadora e importadora de fruta.
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El banco holandés ING acordó pagar 775 millones de euros en multas por fallas de cumplimiento que supuestamente permitieron a empresas —entre ellas una de lencería de Curazao y un operador ruso de telefonía móvil— lavar cientos de millones de euros y pagar sobornos durante seis años.

Las sanciones son las más grandes jamás impuestas a una empresa por parte de la fiscalía holandesa, la cual dijo que descubrió que “los clientes pudieron usar cuentas que tenían con ING para realizar actividades delictivas durante muchos años, prácticamente sin ser molestados” de 2010 a 2016.

Las fallas del banco se descubrieron después de que el fiscal holandés investigó las irregularidades en cuatro compañías que tenían cuentas en ING, incluyendo 55 millones de dólares (mdd) en sobornos que se pagaron a la hija del presidente de Uzbekistán por parte de una unidad del operador móvil ruso VimpelCom.

Entre los otros clientes de ING que fueron investigados se encuentran una compañía de ropa interior femenina con sede en Curazao que supuestamente lavó 150 millones de euros, un grupo de materiales de construcción de Surinam al que se le acusó de lavar 9 millones de euros y una empresa de importación de frutas y verduras por lavado de dinero.

El fiscal dijo que las violaciones de la ley holandesa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo “ocurrieron de tal manera que también se acusa al banco de lavado de dinero culposo: el banco no logró evitar que las cuentas bancarias en poder de los clientes de ING en los Países Bajos entre 2010 y 2016 se utilizara para lavar cientos de millones de euros”.

El arreglo es un golpe para la reputación del banco más grande de los Países Bajos, que dijo que inició los procedimientos disciplinarios contra cerca de 10 empleados actuales y anteriores en los Países Bajos, que incluye la suspensión de los mismos y “retenciones” de bonos no probados.

Ralph Hamers, director ejecutivo de ING desde 2013, admitió que el banco no hizo lo suficiente para endurecer sus operaciones de cumplimiento después de que los reguladores estadunidenses los multaron con 619 mdd por incumplimiento de sanciones al ayudar a compañías iraníes y cubanas a mover miles de millones de dólares a través del sistema financiero estadunidense.

“Aunque nuestras inversiones en esta área van en aumento desde 2013, claramente no se encuentran a un nivel suficiente”, dijo, y agregó que en los últimos 18 meses aumentaron el número de personal que trabaja en “conocer a tu cliente” y monitoreo de transacciones, de 150 empleados a 450.

El banco también expresó su “pesar” y dijo que su comité ejecutivo va a renunciar a sus bonos de 2018. A principios de este año, el banco tuvo que abandonar un plan para otorgarle a Hamers un incremento de sueldo de 50 por ciento para llegar hasta 3 millones de euros, después de que los políticos lo acusaron de actuar como una “fábrica de galletas”.

El arreglo comprende una multa de 675 millones de euros y una devolución de 100 millones de euros que representaba los “gastos menores a lo previsto” del banco por recortarlos en sus sistemas de debida diligencia de clientes y prevención de delitos financieros.

ING dijo que el tamaño de la multa “refleja la gravedad, el alcance y la duración de las deficiencias identificadas, pero también expresa el hecho de que no fue posible determinar en qué medida y en qué cantidad fueron mal utilizadas las cuentas bancarias en ING Países Bajos”.

El fiscal dijo que el departamento de cumplimiento de ING “carecía de personal suficiente y su capacitación era ineficiente” y que “el sistema de monitoreo de transacciones lo estableció el banco de tal manera que solo se generaba un número limitado de señales de lavado de dinero”. Agregó: “Solamente se investigó la famosa punta del iceberg”.

El fiscal usa por primera vez una ley de 2015 que le permite multar hasta con 10 por ciento de los ingresos de una compañía.

El banco dijo que las deficiencias que encontraron los reguladores incluyen expedientes de clientes faltantes o incompletos, no salir de relaciones de negocios de manera oportuna, clasificación de clientes en segmentos incorrectos, falta de recursos, monitoreo insuficiente después de la transacción y falta de revisión de su proceso de prevención de delitos financieros.


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