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Lunes , 25.06.2018 / 14:47 Hoy

Energías renovables... si gana uno, que ganen todos

Las energías renovables tomaron un papel protagónico en México al establecerse la meta de que en 2018, 25% de la electricidad provenga de fuentes no fósiles; hacia 2035 se busca llegar a 40%.

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David Segoviano

El impulso a las energías renovables fue uno de los principales mandatos en la reforma constitucional al sector energético de 2013, y los proyectos de inversión en la materia están obligados a presentar la Evaluación del Impacto Social (EIS). Sin embargo, la metodología al respecto no ha quedado definida, por lo que se desarrolló el Modelo Mexicano de Beneficios Compartidos en Energías Limpias, que pretende que los involucrados se ajusten a las prácticas internacionales en materia de desarrollo sustentable e inclusión de las comunidades donde se realizan los proyectos.

Si bien, la apertura del mercado petrolero a la inversión privada fue el cambio más radical de la reforma, las energías renovables tomaron un papel preponderante al establecerse la meta de que en 2018, 25 por ciento de la electricidad del país provenga de fuentes no fósiles, como la eólica, y hacia 2035 se pretende llegar a 40 por ciento.

De acuerdo con el estudio Tendencias mundiales en las inversiones de Energía Renovable 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), en 2015 México se colocó en el top ten de países que más invierten en el tema, con 4 mil millones de dólares, un crecimiento de 105 por ciento respecto al año previo.

En ese contexto, la Fundación para el Desarrollo Sustentable y la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo económico del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en México, desarrollaron el modelo, una herramienta práctica de análisis económico-financiero y social para fortalecer la toma de decisiones respecto de las aportaciones al desarrollo sustentable de las inversiones, misma que fue presentada en marzo pasado en la Cámara de Diputados.

“Entramos al tema de las energías renovables en el asunto que más le duele a la reforma, que es la parte social o la parte del territorio; casi todos los proyectos de energía tienen que ver con territorios, y muchos de estos, especialmente de las renovables, están en propiedad social”, explica Hilario Valenzuela, presidente de la fundación.

La EIS es un instrumento creado en la reforma energética y requisito para el desarrollo de proyectos de energía eléctrica y de hidrocarburos para acreditar socialmente la ejecución de un proyecto.

Sin embargo, aunque la EIS quedó establecida tanto en la Ley de Hidrocarburos (LH) como en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Secretaría de Energía (Sener) es la encargada de emitir las disposiciones de carácter general.

“Los primeros proyectos del sector energético que estarán dentro de nuestro modelo van a ser aquellos que se generen utilizando ya la normatividad. La Sener no ha publicado el lineamiento del EIS, y mientras no lo haga, los proyectos serán un tema muy voluntario”, dice Valenzuela.

La operación del modelo

El Modelo Mexicano de Beneficios Compartidos en Energías Limpias tiene cinco componentes. La primera parte es una herramienta informática creada en Excel, basada en un programa creado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EU, en el que se ingresan los datos de tecnología, ubicación y magnitud del proyecto y, con base en las cuentas nacionales, arroja ciertos parámetros que tienen que ver con el encadenamiento y el impacto positivo del proyecto, como un cálculo de los empleos directos e indirectos durante la fase de construcción y la fase de operación, el aporte para el PIB del estado y del país y el impacto sobre el índice de desarrollo humano.

El segundo módulo es un análisis de los manuales de mejores prácticas en la gestión del impacto social o la gestoría del impacto socio-ambiental, en el que se recogen recomendaciones del Banco Mundial, Naciones Unidas y otros organismos.

El tercero es una matriz de riesgos en derechos humanos en los proyectos de infraestructura. “La ley indica al sector de energía que tiene que hacer EIS, que tienen que ser participativos con la gente, junto con las empresas, los desarrolladores y los gobiernos, el problema es que si no se define una guía metodológica los impactos pueden ser desde cosas muy imaginarias o cosas muy de gabinete”, señala Valenzuela, y afirma que ofrecen una guía metodológica basada en la evaluación de riesgo de afectar un derecho humano, esto es el centro del Modelo y la innovación más importante en términos de beneficios compartidos.

El cuarto elemento, es la aplicación del ISO 26000, norma internacional sobre responsabilidad social que contiene guías voluntarias, no requisitos, y que fue adoptada en México con la norma NMX-SAST-26000-IMNC-2011, como una guía para ayudar a las empresas a contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, las compañías que adoptan la norma mexicana, cumplen con un estándar internacional.

El quinto módulo se refiere al financiamiento multilateral de prácticamente todos los proyectos de energía. Se busca utilizar los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas, gracias a lo cual todos los involucrados tienen que cumplir con estándares de calidad muy altos.

El siguiente paso

Emmanuel Gómez, auxiliar técnico en la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, y líder del proyecto por parte de la empresa productiva del Estado, señaló que el fin último del Modelo es lograr que las comunidades sean socias de los proyectos, que sean responsables de su desarrollo. Por tanto, el siguiente paso es que la sociedad civil, y las empresas y los gobiernos de todos los órdenes conozcan el manual y lo utilicen.

“El modelo y las gestiones de buenas prácticas se van a subir a la página beneficioscompartidos.mx. La intención es que allí lo baje la población y pueda utilizarlo”, explica Gómez y adelanta que buscarán impartir diplomados y programas en la implementación de proyectos. “La idea es tener una plataforma de libre acceso atendiendo a las necesidades del interesado”.

A mediano plazo se busca crear un diplomado de implementación de proyectos dirigido a todos los actores involucrados, para lo que ya ha habido acercamientos con algunas universidades.

El funcionario asegura que la CFE ha implementado programas de impacto social en sus proyectos, como en el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca, en el municipio del mismo nombre en Nayarit, inaugurado en 2012, y confió en que el Modelo Mexicano de Beneficios Compartidos en Energías Limpias sirva para evaluar proyectos a futuro, e incluso como guía para proyectos de infraestructura no energéticos.

“El reto es hacer que algunos instrumentos ya sean obligatorios, que estén dentro del marco de desarrollo de proyectos, y que realmente te ayuden a realizar el proyecto y a tener una mejor relación con las comunidades”, señala.

Hilario Valenzuela coincide en la necesidad de lograr que el proyecto vaya más allá de una recopilación de buenas prácticas y se apliquen realmente.

“Tenemos que evaluar cómo le hacemos para que no solo las empresas, sino también los gobiernos locales y las comunidades, se metan a este proyecto. Hemos encontrado el mismo desconocimiento en la gente y en las empresas en cuanto a los derechos humanos”, lamenta Valenzuela.

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