El respeto a los derechos humanos (DH) por parte de una empresa es el cimiento para que la comunidad con la que interactúa realmente sea sustentable, ya que “no es suficiente darles caridad como parte de un programa de Responsabilidad Social (RS). Si no se busca coinvertir y bajar activos a quienes se ven afectados por un negocio, entonces las supuestas acciones de sustentabilidad solo son un plan con maña, un caballo de Troya que busca entrar y despojar a las comunidades”, señaló en entrevista Benjamin Cokelet, fundador y director ejecutivo de Project on Organizing, Development, Education and Research (Poder).
De acuerdo con el especialista, la inclusión de la iniciativa privada (IP) en la obligación de proteger los derechos humanos es una tendencia internacional en cuanto a la gestión ética de un negocio. “Cuando hablamos de práctica empresarial se entiende que el respeto a los 31 principios de la ONU en esa materia son un deber no solo de los Estados, sino también de las empresas. Una buena ética se da a partir de que miden y procuran el respeto a esos principios”, comentó el fundador de la asociación que promueve la transparencia y el respeto a los derechos humanos desde el sector privado.
Cokelet subrayó: “Si la IP realmente busca desarrollar una zona sostenible en el país, tiene que empezar a implementar esos sistemas en los que protege derechos humanos, por ejemplo, al hacer que la comunidad sea copropietaria de los proyectos”.
PENDIENTE EN MÉXICO
Uno de los principales problemas para desarrollar comunidades sostenibles en México, según el experto, es que los derechos humanos, tanto en la ley como en la práctica, se establecen más como una obligación del Estado, no de las empresas, a pesar de que son un estándar para el desarrollo sustentable. “Es muy notorio que hay empresas que anuncian un proyecto sostenible, pero al mismo tiempo despojan a la gente de sus terrenos. ¿Por qué en México esas prácticas son consideradas un ejemplo de sustentabilidad si dejan en la calle a las personas que son propietarias legítimas de esos terrenos?”, cuestionó Cokelet.
Al preguntarle cómo una empresa puede crecer y al mismo tiempo generar sustentabilidad en la comunidad, Cokelet ejemplificó que “en países como España hay muchas firmas de energía eólica, y una buena práctica ahí es que buscan ejercer activos, es decir, dar acciones de la empresa a las comunidades en las que ingresan para que los dueños de las tierras sean copropietarios de la compañía. Ese sí es un buen esquema de desarrollo de comunidades sustentables, porque coinvierten con ellas y las vuelven parte del proyecto”.
Para lograr eso, aseguró, se deben de seguir tres pasos. El primero es propiciar los procesos de transparencia, pues sin ella “no puede haber comunicación ni diálogo con los grupos de interés para llevar a cabo una mejor práctica”. Ya con la transparencia arraigada en la gestión del negocio, “luego viene la participación, es decir, el involucramiento de las comunidades que rodean a la empresa”. Por último, “se implementa la rendición de cuentas, en la que las partes que se ven afectadas por prácticas empresariales pueden acceder a tribunales y otras instancias judiciales para obligar a que se protejan los derechos humanos”.
En México “sí hay ejemplos de las industrias de telecomunicaciones, vivienda, turismo o productos y servicios, que antes de abrir una inversión buscan que la comunidad esté involucrada”. No obstante, la industria extractiva está rezagada en el tema. “Muchas siguen por la escuela vieja, que es tratar por diferentes medios de corromper a esas comunidades mediante la presión. Hay muchas firmas extractivas que intentan mejorar esa situación, pero no sé de un solo caso que lo haya logrado haciendo a la comunidad un corresponsable de la inversión, siempre son sujetos de ella, pero no socios”.
GOBIERNO Y LEYES
Cokelet agregó que “el mayor problema está en la parte de hacer los trámites necesarios para que la empresa obtenga los permisos para establecer su inversión, porque ahí es bien difícil que el gobierno no tome agua para su molino, principalmente a escalas municipal y estatal”.
Por ello, aseguró, no basta la ética empresarial, sino que hace falta un cambio de fondo en la legislación mexicana, la cual “no contempla todavía, por lo menos en cuanto a la parte constitucional, que las empresas sean entidades responsables en materia de DH; de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nunca ha fallado en ese sentido. Nosotros entendemos que hay cierta legislación que puede indicar que un privado sea responsable de una violación de derechos humanos, pero nunca se le asigna la misma responsabilidad constitucional que se le da a una entidad gubernamental por la misma violación. En ese sentido, como país, estamos fallando”.
Por parte de la IP, agregó, “claro que es importante la aportación voluntaria al diseñar mejores prácticas que cumplan con normas y estándares de respeto a los DH, pero no es suficiente. Si no es obligatorio y no hay un andamiaje jurídico que establezca cuál es el deber de las empresas, dista de ser un esfuerzo completo”.
La organización Poder, junto con otros actores de los sectores público, privado y social, impulsa una iniciativa de reforma, porque “mientras el gobierno no haga una legislación clara en ese sentido, es como si estuviéramos poniendo curitas en vez de tener la cirugía mayor que requerimos como país para mejorar este déficit en la protección de los derechos humanos”, concluyó Cokelet.
