Corte aprueba protección a usuarios de telefonía celular

La Segunda Sala dio un revés a la empresa Telefónica-Movistar, la cual pretendía declarar inconstitucional algunos derechos de los usuarios como la cancelación del servicio por falta de pago.
Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN /Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telefónica-Movistar, quien pretendía que se declarara inconstitucional diversas fracciones del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mismas que protegen los derechos de los usuarios en contratos de adhesión.

Las fracciones V, XVI, XX y XXI, del mencionado precepto, establecen obligaciones para los concesionarios de telefonía móvil, como incluir penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor y suspensión temporal del servicio por falta de pago.

Asimismo, ordenan abonar a los usuarios del servicio móvil de prepago el saldo no consumido a la fecha de su expiración, en las recargas que éste lleve a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha; además, integrar la mensualidad del usuario exclusivamente con el cobro de los servicios (sin pago del equipo terminal).

También mandata desglosar, en el pago mensual que se realice derivado de los contratos de servicios móviles, la parte que corresponda a la prestación del servicio y la que corresponda al costo del equipo o instalaciones y el plazo de dicho pago, entre otras.

La empresa de telefonía argumentó que el artículo vulnera el derecho fundamental de libertad de comercio por imponer diversas restricciones que estimaron injustificadas, al limitar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones que prestan en su calidad de concesionarias, y porque, además, contravienen la garantía de irretroactividad de la ley que prevé el numeral 14 de la Constitución, al modificar y desconocer las condiciones para la prestación del servicio de telefonía móvil creadas conforme a la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones.

La Sala aprobó el proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos, en el que señaló la ley impugnada no es contraria al derecho fundamental de libre comercio, por establecer las mencionadas obligaciones para los concesionarios.

"Lo anterior, porque con tales medidas no se impide a los concesionarios que prestan el servicio de telecomunicaciones el ejercer las actividades correspondientes a la concesión que les fue otorgada por el Estado, sino únicamente, se trata del cumplimiento de diversos requisitos en favor del público usuario del servicio, los cuales son necesarios para garantizar el buen desarrollo de la prestación del servicio de telecomunicaciones al amparo de dicha concesión", subrayó la Sala.

De igual manera, las porciones normativas reclamadas no contravienen el derecho a la irretroactividad de la ley que prevé el numeral 14 de la Constitución Federal, en razón de que el título de concesión que el Estado otorgó a las empresas quejosas para el desarrollo de la prestación del servicio público de telefonía móvil, constituye un acto bilateral producto de un acuerdo de voluntades, el cual contiene cláusulas regulatorias que versan sobre aspectos esenciales para la prestación y desarrollo del servicio público concesionado; condiciones a las cuales las inconformes se encuentra obligadas, mismas que son susceptibles de modificación por parte de las normas legales que al efecto expida el Poder Legislativo o la autoridad, porque el Estado mantiene en todo momento el dominio directo del bien público concesionado.