Corrupción cuesta 2% del PIB a las empresas: CCE

De acuerdo con el último registro anual del PIB publicado por el Inegi, el costo de actos de corrupcion asciende a 356 mil 219 millones de pesos.
Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex
La corrupción representa para las empresas un costo de hasta dos por ciento del PIB, afirmó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón. (Notimex)

Ciudad de México

Cada año, la corrupción representa para las empresas un costo de hasta dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

De acuerdo con el último registro anual del PIB publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente a 2014, dicho costo asciende a 356 mil 219 millones de pesos.

Al respecto, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, dijo que hay datos más alarmantes, puesto que la estimación del Banco Mundial es que la corrupción cuesta hasta nueve por ciento del PIB.

En este contexto, el presidente del CCE dijo que prácticamente
todas las inspecciones o permisos, ya sea de tipo delegacional, municipal, estatal o federal, implican la posibilidad de que se practique la corrupción, porque involucran múltiples y difíciles requisitos.

Después de participar en la presentación de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o Ley 3 de 3, el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, afirmó que la corrupción afecta sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, puesto que no tiene la capacidad para defenderse y son constantemente extorsionados.

Al respecto de la iniciativa de ley que se pretende llevar al Congreso, el senador del PRD, Zoé Robledo indicó que la idea nace desde el año pasado, cuando se invitó a los servidores públicos y aspirantes a cargos públicos a que presentaran su declaración patrimonial, de intereses e impuestos, como un acto a favor de la transparencia.

Agregó que la petición no fue bien recibida, ya que pocos funcionarios la adoptaron, pues solamente 75 de 500 diputados federales la han realizado, así como 15 senadores, de los 128 que están en funciones.

Explicó que ninguno de los miembros del gabinete federal la ha adoptado; solamente 40 de los mil 121 diputados locales, y solo 16 de los 2 mil 454 presidentes municipales.

Ante esta situación, alrededor de 30 organizaciones de la sociedad civil buscan juntar 120 mil firmas para que la iniciativa pueda ser recibida en el Congreso, para su discusión.

Piden transparencia

La iniciativa es para obligar a todos los servidores públicos a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (3de3).

"Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan el problema, es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. La solución tiene que venir de los ciudadanos", se explica en el sitio web de la propuesta; misma que requiere 120 mil firmas verificadas por el Instituto Nacional Electoral para que sea una iniciativa ciudadana y el Congreso la discuta.

Las organizaciones que presentaron la propuesta consideran que el Congreso ha tardado demasiado en la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en mayo de 2015, por lo que presentaron su propia propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que ellos llaman Ley 3de3, en la cual han trabajando desde mayo pasado.

Con esta ley, el soborno, el peculado o desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión, la utilización ilegal de información falsa o confidencial, el nepotismo y la conspiración para cometer actos de corrupción, serán sancionados.

La iniciativa busca establecer también estándares mínimos de integridad para las empresas, delimitando su responsabilidad administrativa al involucrarse en actos de corrupción. Además de regular los criterios ya establecidos en la Constitución.

En la propuesta se establecen sanciones administrativas contra personas físicas y morales participen en actos de corrupción.

Además se plantean convenios para la denuncia y cooperación en investigaciones de corrupción. Propone la creación de una plataforma de denuncia sencilla e independiente de los entes vigilados y dar incentivos como recompensas por denunciar.

La propuesta establece que los servidores públicos de todos los estados del país deberán hacer pública su declaración 3de3 la cual será verificable por la autoridad competente y sancionable en caso de omisiones o falsedades.