Juzgados del DF otorgan 'blindaje' contra contabilidad electrónica

Aunque sólo se trata de una suspensión provisional, el recurso les brinda a las empresas quedar excluidas de la obligación de subir la contabilidad electrónica al SAT mientras se resuelve el amparo.

Monterrey

El Consejo de la Judicatura Federal informó que el Juzgado 8 de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva contra la contabilidad electrónica, buzón tributario y todo el sistema electrónico que se estipula en el Código Fiscal.

Samuel García Sepúlveda, director de la Firma Jurídica Fiscal, dijo que esto es una buena noticia, pues en México varios juzgados de distrito están concediendo la suspensión provisional y la definitiva.

Y mejor aún 5 tribunales Colegiados en Materia Administrativa las están confirmando en segunda instancia.

El abogado fiscalista dijo que algunos de sus clientes de las 100 empresas a las que les promovieron el juicio de amparo en la Ciudad de México, ya les están concediendo la suspensión provisional y a algunas de éstas también la definitiva.

García consideró esta noticia como positiva, dado que estas empresas estarán blindadas por lo menos de unos dos a tres años de cumplir con toda la normatividad electrónica que estipula el Servicio de Administración Tributaria.

Además de excluirlas de cumplir con dicha obligación a partir de enero de 2015 cuando entre en vigor esta disposición fiscal, e incluso, quedan libres de ser sujetas de auditorías fiscales electrónicas.

El especialista resaltó que el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva, prácticamente ya prejuzgó a favor en cuanto a que todo el sistema electrónico del CFF es inconstitucional al resolver y otorgar una suspensión definitiva a un cliente y señalar lo siguiente:

"Este juzgador encuentra que el otorgamiento de la información referida generaría una afectación imborrable, una huella permanente, en la protección de los papeles de la justiciable incluso a pesar de que posteriormente se declare inválida, ya que el envío de dicha información una vez consumada hace físicamente "regresar al pasado" a fin de restablecer los derechos defendidos".

Samuel García dijo que el mismo juez consideró que por ende los actos reclamados permiten una intromisión e incautación genérica, virtual o electrónica, de los documentos de los particulares, inclusive con mayor alcance que el previsto en los cateos del artículo 16 constitucional.