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Lunes , 24.09.2018 / 01:42 Hoy

Blindaje anticorrupción

La piratería y el comercio informal impactan la economía. Las leyes dan certeza, pero mientras se aplican, las empresas deben tomar las riendas.

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Hace tan solo 10 años se creó en México la Comisión Intersectorial para la Prevención y Combate de la Economía Ilegal, que surgió para atacar la piratería, el contrabando, la informalidad y la evasión de impuestos, problemas sociales que afectan al comercio formal.

El empresariado mexicano tomó conciencia de inmediato. Sergio López de la Cerda, empresario del sector textil y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), recuerda que para 2008 la situación de contrabando y piratería en su sector se tornaba inaceptable.

“En 2008 se preparaban cambios a la legislación para importar prendas prefabricadas con menor arancel para los años siguientes y el sector se enfrentó a la realidad”, recuerda. Los empresarios expresaron una gran preocupación por el incremento de la piratería.

En 1996 el comercio informal representaba menos de 40% de la economía nacional y para 2012 era de 60%, lo cual indica que en ese periodo creció 20% más, dice de la Cerda.

Comenzó una nueva etapa donde el empresariado debía ejercer presión ante las autoridades para detener el contrabando, promover el pago de impuestos y reducir el comercio informal.

La piratería es un mal que afecta a las empresas en diferentes ámbitos: la compra-venta de productos y servicios, la oferta de calidad de estos y la proveeduría de materias primas.

Para combatirla, en la última década, el gobierno federal promovió un marco de legalidad interdisciplinario. Así se alinearon los criterios y la regulación para pagar impuestos, acciones de competencia, seguridad y comercio justo.

En respuesta a la urgencia por reactivar el consumo interno y blindar el comercio nacional, el Congreso aprobó a mediados de julio un paquete legislativo para completar el andamiaje legal que dotará de eficacia a las estrategias y políticas públicas para el combate a la corrupción y la impunidad.

Las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pretenden lograr la plena coordinación de los esfuerzos de entidades federativas, municipios y alcaldías para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción en los que intervengan, tanto funcionarios públicos como empresas y particulares, detalla un análisis de los aspectos más relevantes de las leyes secundarias realizado por el despacho de abogados White & Case.

Algunas de estas leyes son: Ley General del SNA, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, añade White & Case.

El contrabando virtual

Uno de los riesgos que menos se menciona, pero más afecta al comercio es la piratería de software, que en México tiene pérdidas de 1,249 millones de dólares (mdd) al año, según un estudio de Business Software Alliance (BSA) de 2014.

Por las altas cifras de piratería de software, en 2002 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y BSA se aliaron. Los esfuerzos tuvieron resultados. De 2005 a 2010 la compra de software ilegal se redujo 7% y pasó de 65% a 58%, según BSA.

Y aunque la situación es alarmante, dice Kiyoshi Tsuru, director general de BSA México, las instituciones se muestran optimistas y dispuestas a seguir trabajando.

“El reto es continuar enviando un mensaje de respeto a la legalidad y a las instituciones para contrarrestar a la piratería”, dice Tsuru.

En el ámbito de las Tecnología de la Información el tema de la propiedad intelectual ha tomado fuerza y en 2012 lograron reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor (LFDA), que, a través del IMPI, puede realizar investigaciones, visitas y solicitar información detallada a empresas que están sujetas a inspección.

Por el volumen que representan en la economía mexicana, las Pymes son las víctimas perfectas de los piratas que ofrecen soluciones digitales de contrabando. Por tanto, son el segmento que más incurre en el delito de piratería de software.

Hay proveedores de servicio que afirman que el desconocimiento de los productos es una de las causas de caer en el abuso de confianza de terceras personas que venden programas apócrifos, la BSA asegura que no hay tal ingenuidad en el mercado sino que se trata de un asunto de complicidad entre el consumidor y el comerciante de productos ilegales.

En la Encuesta Global de Software BSA-IDC 2013, indica que 57% de los usuarios están conscientes de utilizar programas piratas en sus labores diarias. Utilizar software legal traería ingresos por 346 mdd, según BSA.

Combatir la ilegalidad es un tema de interés mundial. El Estudio Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europea (PROCEI), indica que el alto nivel de competitividad que existe en el mundo obliga a las empresas a replantear sus estrategias para cumplir con las expectativas que demandan los mercados internacionales.

La competencia desleal atada al mercado informal es el mayor problema para el pequeño comercio en México. El bajo poder adquisitivo de las personas relacionado con la falta de empleos y el trabajo bien remunerado, el alza en el precio de la canasta básica y la carga fiscal son los factores asociados a la piratería y la informalidad.

Ocho de cada 10 entrevistados en la Encuesta ANPEC 2016 de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que trabaja para generar condiciones de competitividad de sus agremiados, indica que el comercio informal (35%), combinado con el exceso de impuestos (20%) y el bajo poder adquisitivo de las personas (20%) son los principales problemas para las pequeñas tiendas de la esquina. La percepción de los comerciantes, en general, es que la carga fiscal ha afectado el consumo interno más allá de combatir la piratería.

Innovación: el combate proactivo

Si bien es cierto que México cuenta con un sistema anticorrupción y un marco legal que blinda las actividades comerciales al interior y al exterior del país, el mercado informal y la piratería deben combatirse desde el interior de las organizaciones.

“En la medida en que las empresas aumenten su competitividad y productividad, tendrán mayor margen para mejorar sus esquemas laborales, formalizar a sus empleados y pagar mejores salarios”, dice Miguel Marón Manzur, subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía (SE).

Uno de los programas de Impulso a las Pymes de la SE que combate la informalidad y la evasión fiscal de forma colateral es el programa Mercado de Deuda para Empresas, que promueve la institucionalización de las empresas y la creación de un gobierno corporativo. Esto genera un beneficio en cadena, pues cuando una empresa opera de manera ordenada, puede acceder a financiamiento, comprar equipo original y hacer contrataciones por ley.

La innovación es otra estrategia que permite mejorar la competitividad y un motor de desarrollo y de internacionalización. Desde esta perspectiva es un camino para blindar a las Pymes para defenderse de la piratería. Entonces, innovar significa mejorar un bien o un servicio, o un proceso de comercialización.

Una de las acciones tangibles que ayudan a las pequeñas empresas son las licencias. David Martínez, director de Asociación Mexicana de Promoción y Licenciamiento de Marcas (Promarca), afirma que el licenciamiento de personajes y marcas es una herramienta de mercadotecnia que fomenta la cultura de la legalidad.

“Como no podemos combatir de manera frontal los productos pirata, lo que hacemos es un frente común a través de cámaras, desarrolladores y empresas para combatir la ilegalidad a partir de la innovación”, dice Martínez.

Pone como ejemplo a Amparín López, creadora de Distroller, marca nacional que ha crecido gracias a la innovación y la gestión de licencias para sus personajes. Con 10 años en el mercado, ha elevado el valor de la marca a partir del registro de sus personajes, señala Martínez. “Es un tema de protección, si adquieres una licencia para utilizar un personaje o registras una marca tienes forma de hacer un negocio a largo plazo”, dice López.

Cri-Cri, Chamoy, de Distroller, los productos Frida Kahlo y los Huevo Cartoon, son ejemplos de licencias que hacen frente a la piratería de una manera proactiva.

Martínez ve oportunidad de crecimiento en licencias. La venta de productos con licencias en México representa 2,000 mdd al año, apenas 2% o 3% de las ventas totales de ANTAD, cuando en EU genera, al menos, 10%.

Otro camino para hacer frente a la piratería es mantener una política de precios acorde a la calidad. “La relación valor–precio que ofrece Flexi es indudablemente una clara ventaja sobre la piratería”, dice Jorge Rosas, director de mercadotecnia de Flexi, una empresa mexicana que exporta calzado con altos estándares de calidad. El sector de calzado es el cuarto más pirateado en México.

El estudio realizado por la American Chamber of Commerce of Mexico y el think thank CIDAC de 2014, muestra una realidad que hace corresponsables a los particulares y las empresas de la situación de contrabando, piratería e ilegalidad que vive el país. Esto porque 16% de los encuestados considera a la piratería ilegal, pero no grave, 25% cree que no le perjudica y solo 36% que tiene efectos negativos al país.

En cuanto a la motivación, 50% dice que lo hace porque las autoridades no lo castigan y 48% porque no es tan grave.

Este panorama se ha transformado. Hoy hay un marco legal que facilitará las sanciones en este tema y que transmite la sensación de mejora y fortalecimiento del estado de derecho. Mientras las autoridades aplican la ley, las empresas no pueden cruzarse de brazos. El camino para fortalecer sus negocios y hacer frente a la ilegalidad, desde su trinchera, es realizar acciones efectivas para modernizar y mejorar la operación de sus negocios.

El IMPI tiene la facultad de verificar el uso de software con licencia en las empresas. Si una persona moral utiliza sistemas pirata o impide la verificación puede recibir una multa de entre 5,000 y 40,000 días de salario mínimo, o de hasta 250,000 dólares, como advierta la firma Adobe en su página web.

“Además de los mecanismos legales, las empresas y consumidores mexicanos debemos estar mejor informados para sensibilizarnos y entender la dimensión del problema. En la medida que adoptemos, desde la casa, una cultura contra la piratería, marcas y consumidores saldremos beneficiados”, concluye Rosas de Flexi.

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