Piden revocar la venta del Banco Popular

Los mexicanos son encabezados por Antonio del Valle.
Una de las sucursales en Madrid.
Una de las sucursales en Madrid. (Juan Medina/Reuters)

Inversionistas mexicanos iniciaron acciones legales en contra de las autoridades europeas que supervisaron la bancarrota de Banco Popular, con las que tienen la intención de revocar las decisiones que llevaron a que Santander adquiriera al banco por un euro.

Los accionistas, encabezados por Antonio del Valle, un destacado empresario mexicano, presentaron una impugnación legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea buscando anular la decisión de los reguladores europeos.

Se consideró a Banco Popular como “quebrando o con la probabilidad de quebrar” a principios de junio y se puso en las manos de la Junta Única de Resolución, un organismo en Bruselas que se creó para manejar las quiebras bancarias.

La medida marca su intervención más significativa desde que se creó como parte de un nuevo marco después de la crisis en Europa.

Santander compró al banco por el valor simbólico de un euro después de que se eliminaron las participaciones de capitales y los tenedores de deuda subordinada, incluyendo a los inversionistas en México.

Los accionistas mexicanos tenían una participación de capital de 4 por ciento en Banco Popular y su compra total fue de alrededor de 600 millones de dólares en acciones, incluidas compras originales en 2013 y su participación en el aumento de capital en 2016. “La Junta Única de Resolución no solamente no cumplió con los requisitos legales para ordenar la resolución sobre Banco Popular, sino que precipitó la misma crisis de liquidez que llevó a esa decisión”, dijo Javier Rubinstein, abogado de Kirkland & Ellis, que representa al grupo mexicano. “Las acciones ilegales y sin precedentes que se tomaron aquí ponen en peligro la credibilidad y la integridad de todo el sistema bancario europeo y el marco regulatorio posterior a la crisis”.

Las tensiones legales que rodean el destino de Banco Popular comenzaron a gestarse desde hace dos meses. Un grupo de tenedores internacionales de bonos contrató abogados en junio para evaluar las opciones, y Adicae, un grupo español de defensa al consumidor que representa a algunos pequeños accionistas, presentó una demanda.

Los inversionistas cuestionaron aspectos del proceso regulatorio, incluida la velocidad con la que el banco que quedó sin su liquidez de emergencia, y la forma como se valuó como parte de la resolución.