Reforma a deuda estatal dejó fuera a pensiones y APP's: S&P

Analistas calificaron de positiva la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios del país. 

Monterrey

Si bien la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios es un paso en la dirección correcta, esta dejó fuera de la regulación una parte importante del problema de sobreendeudamiento subnacional: el déficit en los sistemas de pensiones de los estados y municipios y las obligaciones de pago derivadas de las Asociaciones Públicas-Privadas (APP's), los cuales presionan crecientemente las finanzas de las entidades federativas y los municipios.

Analistas de Standard and Poor's afirmaron lo anterior y calificaron de positiva la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios del país, que fue aprobada por el Senado de la República Mexicana.

"Esta reforma es un paso en la dirección correcta que, de ser bien reglamentada e implementada, podría evitar los problemas de sobreendeudamiento y mal manejo de las finanzas que enfrentan actualmente algunos estados y municipios", señalaron los analistas. 

"Estos temas no están incorporados en la reforma, identificados principalmente los déficits en los sistemas de pensiones de los estados y a las obligaciones de pago derivadas de las APP's, los cuales presionan crecientemente las finanzas de estados y municipios", añadieron.

Dijeron que es un buen avance el incluir en la Constitución estas medidas para ordenar y transparentar el mercado de la deuda de estados y municipios e incentivar el manejo ordenado de sus finanzas.

"Consideramos que si esta reforma no es correctamente reglamentada e implementada, su alcance será limitado, y afirmaron que la ley reglamentaria deberá aclarar tres puntos: mejores condiciones de mercado, programas de ordenamiento financiero y destino de la deuda.

Los analistas de S&P mencionaron que existen otros riesgos asociados a la implementación de la reforma y algunos asuntos pendientes. 

Uno de estos riesgos es volver de manera más lento el proceso de aprobación del endeudamiento, y que este proceso sea sujeto de disputas políticas entre poderes, lo cual podría incentivar otras fuentes de crédito poco transparentes y no reguladas como es el financiamiento a través de proveedores.

Asimismo, dijeron que podría contribuir a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y a fomentar mejores condiciones en la contratación de deuda de los gobiernos locales.

Los analistas de la agencia calificadora enumeraron cinco medidas positivas que introduce la reforma entre las que destacan: elevar el nivel constitucional, el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, y establece que este se relacione con el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes estatales y municipales.

Asimismo, indicaron los analistas que esta reforma obliga a los estados y municipios a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro único, donde sea posible conocer al acreedor, el monto, las tasas de interés, el plazo y el tipo de garantía o fuente de pago, lo cual incrementaría la transparencia de la totalidad de la deuda y no sólo de la deuda a largo plazo, como ocurre actualmente.

Establece que las legislaturas de los estados fiscalicen las acciones relacionadas con la deuda pública, así como las responsabilidades de los servidores públicos ante su manejo indebido y que se cree un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda.

Indicaron que la reforma ofrece a los estados y municipios la posibilidad de contar con garantías del Gobierno Federal, siguiendo un programa de ordenamiento financiero, lo que permitiría a los estados obtener mejores condiciones de financiamiento.

Standard and Poor's mencionó que la reforma limita el uso de los créditos de corto plazo, los cuales deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, medida que contribuiría a evitar más casos de incumplimiento de pago, como algunos recientes que estuvieron relacionados con estos créditos en periodos de cambio de gobierno.