Reconstruir la confianza pública, lo más urgente, afirma Videgaray

La paciencia de la población ante la corrupción parece terminar al tiempo en que los escándalos se multiplican.
El titular de la Secretaría de Hacienda.
El titular de la Secretaría de Hacienda. (Javier García/Archivo)

Ciudad de México

El ambicioso programa de reformas de México no servirá de mucho si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, teñido de escándalos, fracasa en la reconstrucción de la destruida confianza pública.

Esta valoración atípicamente cándida es de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, quien, como el Presiente, ha estado en medio de la protesta por las embarazosas compras de casas de un prominente contratista del gobierno, lo que ha desatado acusaciones de amiguismo y favoritismo.

Peña Nieto ha empujado una serie de “maravillosas” y transformativas reformas económicas, incluyendo la libración de un sector del petróleo, que estuvo vedado a la inversión privada por casi 80 años. Con todo, Videgaray dice que éstas no deberían ser las únicas prioridades de un gobierno al que le quedan casi cuatro años más.

“No solo se trata de reformar, reformar, reformar”, le dijo Videgaray al Financial Times en una entrevista. “Necesitamos abordar lo que realmente importa a la sociedad mexicana, que es no (solo) la corrupción y la transparencia. Va más lejos: tiene que ver con la confianza.”

Y añadió: “Podríamos llevar a cabo diez reformas energéticas, pero si no le sumamos la confianza, no abarcaremos todo el potencial de la economía mexicana”.

El crecimiento de México se ha atorado en el rango de 2.2 a 2.4 por ciento durante las tres décadas anteriores. Una expansión económica más sostenida requiere instituciones creíbles, justicia y transparencia, dijo Videgaray.

Sin embargo, no es claro si todo el gobierno de Peña Nieto está igual de comprometido en la necesidad de darle prioridad al imperio de la ley. Cuando le preguntamos si todo el gabinete y el propio presidente comparten su visión, Videgaray dijo: “Creo que sí”.

Una figura relevante que sí comparte dicha visión es Agustín Carstens, el respetado gobernador del Banco de México. En una entrevista por separado con Financial Times dijo: “Es algo tremendamente importante, es algo que tiene que abordarse, y necesitamos realizar esfuerzos puntuales en esa área”.

El diagnóstico de Videgaray implica un cambio relevante en el énfasis de un gobierno que se ha visto muy lento en darse cuenta de que el sentimiento del pueblo se ha puesto en su contra. Las encuestas de aprobación de Peña Nieto son las más bajas de cualquier jefe de Estado mexicano en 20 años.

Las críticas por la casa blanca, la mansión familiar del presidente, así como la residencia de fin de semana del secretario de Hacienda en un lujoso campo de golf han sido objeto de críticas encendidas, lo mismo que el manejo gris y pesado de la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes en Guerrero.

Más recientemente, Alejandro Murat, director general del Infonavit, la agencia estatal de vivienda, fue relacionado en una investigación del New York Times con propiedades millonarias de su familia. Su padre, José Murat, es un ex mandatario estatal del gobernante Partido Revolucionario Institucional y fue un operador en el multipartidista Pacto por México, en el que Peña Nieto se apoyó para sacar sus reformas.

Si bien el arraigo de la corrupción ha sido tolerado por mucho tiempo en la política mexicana, la paciencia de la sociedad parece haberse reventado al tiempo en que los escándalos se han multiplicado.

El contratista que se encuentra en el centro de los asuntos de las casas es dueño de una empresa que formó parte de un consorcio liderado por una firma china que ganó un lucrativo contrato de un tren bala en noviembre.

Días después, justo antes de que estallara el escándalo de la casa blanca, el gobierno canceló el contrato, aludiendo preocupaciones sobre la transparencia del proceso.

El tardío reconocimiento de que los tratos por la casa parecían algo malo (aunque Peña Nieto y Videgaray han insistido en que no hubo ilegalidad) más la orden del Presidente de que se le investigue oficialmente, han hecho poco por cambiar la marea.

Videgaray se ha negado a culpar a los descontentos y poderosos grupos de poder (incluyendo sindicatos y grandes corporaciones a los que han afectado las reformas) por atizar el descontento popular.

“Necesitamos hacernos responsables por lo que hemos hecho y asumir nuestros retos”, dijo, reconociendo que esto requiere políticas consistentes más que “discursos bonitos”.

La promesa de utilizar pocas palabras y mostrar más hechos quedó de manifiesto con el arresto, la semana pasada, del hermano del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, perteneciente a la oposición, y de varios ex funcionarios estatales por presuntamente desviar millones de dólares de dinero público.

Y mientras Peña Nieto no puede darse el lujo de pasar la mitad de su periodo como un presidente sin chiste, Videgaray también puso de relieve los peligros del desencanto de los políticos.

La víctima, alertó, sería el compromiso de México con un manejo prudente de la economía justo cuando hay una resurgencia de la añeja tradición populista latinoamericana.

“Basta con mirar a Venezuela”, afirmó.