Propuesta de “empresa en un día”, vulnerable a lavado de dinero: notarios

El presidente del Colegio de Notariado aseguró que se abriría una ventana para la creación de empresas fantasma que ayuden a la comisión de delitos como el lavado de dinero.
Conferencia de prensa "la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) genera riesgos y regresiones"
Conferencia de prensa "la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) genera riesgos y regresiones" (@notariadomex)

Ciudad de México

La iniciativa Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que se discutirá  hoy en la Cámara de Diputados y que permitiría constituir una empresa en un solo día, sin costo por trámites, vulnera la seguridad y favorece la comisión de delitos como lavado de dinero o la suplantación de identidad, de acuerdo con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), Héctor Galeano.

En conferencia de prensa, Galeano indicó que la propuesta tiene una buena intención y traería beneficios para las micro y pequeñas empresas; sin embargo deja de lado algunas consideraciones que pone en riesgo la seguridad jurídica, al omitir la comprobación de la identidad.

De acuerdo con la iniciativa, se podrá constituir una empresa tan solo con la firma electrónica avanzada, por lo que no otorga los medios para que el contribuyente pueda refutar su consentimiento en cuanto al mal uso de esta firma, agregó Héctor Galeano.

El presidente del Colegio de Notariado explicó que se carece de blindaje contra la comisión de delitos y se abre una ventana para la creación de empresas fantasma que ayuden a la comisión de delitos como el lavado de dinero,  todo esto sin que el titular de la firma electrónica este enterado.

 “Dadas las omisiones y debilidades detectadas, esta minuta se puede resumir como riesgosa, porque deja de lado la seguridad jurídica, y regresiva, porque el costo de la constitución de estas sociedades lo absorberá toda la base de contribuyentes”.

Héctor Galeano hizo un llamado para tomar una decisión informada en la que se consulte con los involucrados como las entidades financieras, además de informar sobre el impacto que tendría en los ingresos de los estados el dejar de recibir el pago de derechos a los Registros Públicos de Comercio y trasladar el costo al erario público.