Mina, paralizada por “dudas”: gobierno local

El trato para la exploración y explotación del yacimiento con reservas de cobre, zinc y plomo, estimadas en 35 millones de toneladas, es por 30 años.
Mina Aznalcóllar, en Andalucía, España.
Mina Aznalcóllar, en Andalucía, España. (www.juntadeandalucia.es)

México y España

Pese a la denuncia de una serie de irregularidades relacionadas con el proyecto minero Aznalcóllar en Andalucía, España, Grupo México informó que no ha sido notificado de algún proceso de suspensión o cancelación de dicha adjudicación. En tanto, la presidenta de la provincia española Susana Díaz afirmó haber dado orden de paralización de la adjudicación en tanto haya duda sobre la misma.

“No hay que convertir esto en un caso de corrupción, lo que es una pelea entre dos empresas por una adjudicación de un concurso. Lo evidente es que algunos lo quieren hacer para generar ruido en la campaña electoral” que se realiza en España, argumentó la funcionaria.

No obstante, aseguró, el informe de los letrados de la Junta de Gobierno  dice con claridad que se ha actuado “conforme a derecho” y todo el procedimiento ha estado supervisado por trece funcionarios, que son los que han participado y no políticos.

Y reiteró que los servicios jurídicos de Junta de Andalucía se apersonaron en el juzgado para acceder al citado auto judicial, y ella lo primero que mandó es la paralización de los efectos de la adjudicación, porque “si una juez tiene sospecha, hay que paralizar”, aseveró.

Por otra parte, en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Grupo México, presidido por Germán Larrea, informó que le fue adjudicado dicho proyecto y que durante todo el proceso cumplió con los requisitos exigidos por la administración con “estricto respeto de la ley”.

Indicó que fue declarado adjudicatario de la concesión por 30 años para la exploración y explotación de un yacimiento con reservas de cobre, zinc y plomo estimadas en 35 millones de toneladas en el complejo minero de Aznalcóllar.

En días recientes, publicaciones españolas señalaron que la compañía mexicana está envuelta en una presunta trama de corrupción en Andalucía, relacionada con el mencionado proyecto minero cuyo proceso, acusan, se ha dado de manera irregular.

Dijeron que Grupo México no cumplió con ninguno de los requisitos establecidos en el procedimiento, por lo que se investigan acciones como sobornos, tráfico de influencias y negociaciones ilegales, entre otros.

Todo ello, dicen, en un contexto donde la empresa mexicana está asociada con la andaluza Magte (firma dedicada al diseño tecnológico, construcción, instalación y mantenimiento industrial), donde el hijo del vicepresidente de esta última está casado con Mercè Pujol Gironés, nieta del ex presidente de Cataluña.

Y dicha pareja se identifica como parte del escádalo de corrupción en el que está envuelto Jordi Pujol Ferrusola, quien es acusado de intentar conseguir contratos de asesoramiento y gestión de residuos en cinco ciudades mexicanas, entre otros temas por los que es investigada su fortuna en España.

Grupo México señaló que continúa trabajando en el plan de exploración y proyecto de factibilidad e ingeniería de detalle con el objetivo de iniciar construcción en 2016 y producción comercial en 2018, según lo previsto en la propuesta técnica presentada en el concurso.

Esta semana una juez de Sevilla señaló que el procedimiento que resolvió la adjudicación de la mina a favor del Minorbis-Grupo México incurrió hasta en ocho irregularidades y pudo estar amañado, saltándose la ley y “sin observar el más mínimo rigor”. La adjudicación fue
frenada.

El auto judicial recoge que “no se observa el más mínimo rigor en la actuación de la administración andaluza”, mientras se investiga si se incumplió la ley en la adjudicación a dichas empresas.

En España

“Los términos de auto son de una gravedad extraordinaria, y nuestra preocupación también lo es porque no se haya respetado el procedimiento de concurrencia y solvencia y por si va a suponer un retraso al proyecto”, comentó la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría

Recordó que la explotación de la reserva minera fue un asunto que “ocupó mucho” en la legislatura. “Exigíamos un proyecto abierto, de concurrencia competitiva y que comprobara la solvencia científica, técnica y económica de los solicitantes, no en vano se había producido en 1998 un desastre ecológico”, señaló la funcionaria.