Inspecciones "patito" a casinos, acusa la ASF

La Auditoría Superior de la Federación indicó que existen incongruencias entre los datos que entregó la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob y su comprobación bancaria.
Opaca comprobación de recursos por permisos e inspecciones.
Opaca comprobación de recursos por permisos e inspecciones. (Mónica González/Archivo)

México

Tras una revisión de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al sector de casinos se concluyó que el gobierno realiza una inadecuada e insuficiente vigilancia a dichas empresas en términos de las reglas que deben cumplir y en el control para el pago de participaciones, además de  inspecciones sin autorización.

La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob), es la encargada de verificar a toda la industria de los casinos.

De acuerdo con la ley, las compañías deben realizar el pago de participaciones que involucra el desembolso por permisos e inspecciones.

La ASF indicó que para auditar el ejercicio 2013 utilizó una muestra de 434 millones 569 mil pesos de este rubro registrados en el sistema eletrónico E5cinco, pagados por 15 empresas de casinos, de las cuales no se tienen comprobantes bancarios por 34 millones 477 mil pesos.

De esta forma, la auditoria indicó que “existe incongruencia entre la información que entregó (DGJS)  y su base total de comprobación bancaria”.

Asimismo, la ASF señaló que la estructura de los reportes de los permisionarios no es uniforme en su contenido, lo que impide verificar si los ingresos reportados mensualmente, aplicando los porcentajes establecidos, corresponden a los pagos de participaciones efectuadas, lo que pone en riesgo la exactitud y validez de los datos reportados por los permisionarios y puede afectar el monto de la recaudación de las participaciones.

Hipódromo Agua Caliente

Otro de los problemas que encontró la auditoría fue con la empresa Hipódromo Agua Caliente, la cual, en primera instancia, no presentó comprobantes de pagos de participaciones durante el ejercicio de 2013 y tras una petición de información a la DGJS se encontró que tenía un adeudo de 103 millones 859 mil pesos por el periodo de octubre de 2012 a noviembre de 2013.

La ASF señaló que este adeudo se encuentra “sin que se realizara alguna acción sancionatoria contra el permisionario por la omisión del pago de participaciones de más de un año”.

Ante esta situación, Hipódromo Agua Caliente informó que había llegado a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el pago en 36 parcialidades de 57 millones, quedando un adeudo restante de 56 millones, donde no se contemplan recargos.

Sin embargo, no existe “evidencia documental de las exigencias del cobro (de la DGJS) ni de alguna acción coordinada con el SAT para que en el ámbito de sus atribuciones determine las acciones procedentes”.

En cuanto a la vigilancia que realiza el gobierno a través de inspectores, se encontró que está en riesgo su legitimidad, ya que utilizó a 21 servidores públicos para esta labor, a pesar de no estar en la relación de inspectores autorizados.

“Se comparó la relación de inspectores autorizados contra la relación del personal que efectuó inspecciones, ambas de 2013, y se observó que 21 servidores públicos realizaron inspecciones sin estar en la relación de inspectores autorizados por la Secretaría de Gobernación ni registrados en el Sistema Integral de Juegos y Sorteos”, indicó la ASF.

La auditoría solicitó se realicen las investigaciones pertinentes ante el Órgano Interno de Control en la Segob y, en su caso, “inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron a 21 servidores públicos realizar intervenciones a permisionarios sin que estuvieran registrados” como tales.

Asimismo, la ASF encontró que 52 inspectores de los 57 registrados realizaron de una a 193 acciones al respecto, por lo que los cinco restantes no fueron comisionados en el ejercicio 2013.

“Se considera que las funciones del personal son inequitativas, debido a una mala distribución de labores, lo que llevó a comisionar a personal de otra área y cumplir en menor medida la meta de inspecciones establecidas en el programa 2013”, indicó.

En cuanto a la documentación que deben entregar los casinos, la auditoría señaló que se identificó documentación faltante y atrasos de estados financieros, pólizas de seguro, fianzas y estudios.

“Se determinó que la vigilancia de los permisionarios respecto del cumplimiento de los términos y condiciones consignados en los permisos que realiza la DGJS es inadecuada”, indicó.

De la revisión que hizo la auditoría a ocho compañías se identificó que se tienen nueve documentos faltantes, de los cuales cuatro son estados financieros, uno en pólizas de seguro y cuatro de fianzas y estudios.

“Respecto de los nueve documentos faltantes señalados, se observó que la DGJS hizo el requerimiento a tres permisionarios, sin que éstos hayan entregado la documentación a la fecha de la revisión.”

Otro de los problemas que encontró fue que de las revisiones realizadas se hicieron nueve clausuras definitivas de casinos y 13 provisionales por no contar con la documentación para su operación sin que ello haya generado multa.

La ASF determinó que la Segob realice las investigaciones pertinentes y, de considerarlo, comience con el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos al no establecer sanciones económicas a las empresas.

Con el objetivo de reordenar la industria de los casinos se aprobó el año pasado, la nueva Ley de Juegos y Sorteos en la Cámara de Diputados, sin embargo, se ha quedado atorada en el Senado.

Esta legislación propone que se entregue un permiso por mismo número de casinos, no como anteriormente, cuando se podían abrir hasta 90
establecimientos.

Nueva Ley

La nueva ley prevé involucrar a otras dependencias del gobierno federal como las secretarías de Salud, Turismo, Economía, Trabajo y Previsión Social y Gobernación.

Se busca el objetivo de involucrar en mayor medida a la industria turística para que existan casinos dentro de los complejos hoteleros.

La legislación establece que los permisos serán por 12 años, con prorrogas de 10 años; en el pasado se daban por tiempo indefinido.



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