Piden a comisionados del IFT defender autonomía

La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación pidió a los integrantes del instituto defender las facultades del IFT; opina que las leyes secundarias son contrarias a la Constitución.
Hay reforma en telecoms, pero falta claridad.
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación opinió en contra de las leyes secundarias de telecom. (Especial )

Ciudad de México

 La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación opinó que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aleja de los principios rectores de la Constitución ya que regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional.

Argumenta que se opone a  la constitución en diversos aspectos con el riesgo del atraso digital, además de que vulnera los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las TIC.

En este contexto la asociación hace un llamado a los siete comisionados que integran el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que defiendan las atribuciones, facultades y autonomía técnica del instituto.

En materia de telecomunicaciones, la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones, como son América Móvil, Telmex y Televisa, dejando a este último sin controles suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda; admite que el IFT no defina sus propios mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en materia de contenidos.
 
En materia de derechos, obliga a que el IFT delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones, sin poder mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y de deterioro en la calidad que atenten contra la debida prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión.

Para la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el IFT  elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias.

En materia de contenidos, la iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo.

En materia de radiodifusión y medios, la iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la constitución y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de TV de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad.
 
En materia de medios públicos y de uso social, se propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en oposición a las mejores prácticas internacionales; también discrimina y dificulta a los concesionarios públicos (medios públicos) y sociales (medios comunitarios e indigenistas) para que adopten mecanismos de autofinanciamiento y sustentabilidad financiera por presiones de los medios electrónicos privados.

En términos de políticas públicas, torna más errática la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017, pero sin obligar al gobierno a emitir una política pública clara en la materia.
 
En materia de Internet, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios de acceso a Internet), en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales. Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación.