Fallo adverso a Dish detonó el conflicto

El tribunal colegiado del primer circuito determinó que el juez es la autoridad competente en materia de derechos de autor.
Disputa por el must carry y el must offer.
Disputa por el must carry y el must offer. (Octavio Hoyos)

México

Un amparo perdido por la operadora de servicio satelital Dish con motivo del supuesto robo de señal de televisión en 2011 detonó la controversia constitucional que pretende aclarar la competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) sobre el must carry y must offer y de los jueces locales en materia de derechos de autor.

Una vez que el Ifetel y la Presidencia de la República acordaron presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dish afirmó en un comunicado que el oficio del juez 32 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, "constituye un agravio directo e inédito a la Constitución y al régimen de autonomía que la reforma constitucional de junio de 2013 le otorgara al IFT".

La empresa afirma que "este oficio se suma a una serie de medidas y acuerdos que el juez 32 ha dictado, una y otra vez, a solicitud de Grupo Televisa en el juicio que dicha empresa promovió contra Dish desde 2011", pero que además "las medidas cautelares dictadas por el juez 32 en dos ocasiones han sido suspendidas y anuladas por jueces y tribunales de amparo".

Añadió que frente a esta conducta, ha presentado recursos de queja administrativa ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, y formuló en 2013
querella penal contra el juez 32. Sin embargo, el oficio girado por el juez Mejía Galán explica al Ifetel que con base en el resultado de ese largo juicio que implica diversas resoluciones federales que datan de 2011, ese juzgado local es el único competente para resolver respecto de los derechos de retransmisión de las señales radiodifundidas y los derechos del titular de las obras audiovisuales contenidas en la programación de los canales 2, 4, 5 y 9 y sus canales espejo digitales.

LA HISTORIA

La historia se remite a diciembre de 2011, cuando Televisa SA de CV y Televimex SA de CV presentaron una denuncia contra Comercializadora de Frecuencias Satelitales SRL de CV (Dish) por el supuesto robo de señales con motivo del lanzamiento del servicio digital de la televisora de paga.

En 2012 el juez Mejía Galán dio entrada a la denuncia de Televisa, decisión que fue impugnada por Dish mediante el juicio de amparo promovido ante el juez decimotercero de distrito en el primer circuito federal (DF) en el expediente 790/2013. En septiembre de 2013, el juez decimotercero falló a favor de Dish y se le otorgó la sentencia definitiva y al mismo tiempo presentó una denuncia penal contra el juez 32.

Sin embargo, inconforme por el resultado de ese juicio de amparo, Televisa promovió el recurso de queja número 119/2013 que fue resuelto en la sesión de fecha 30 de enero 2014, por el Primer Tribunal Colegiado del primer circuito, mismo que determinó desechar el amparo promovido por Dish y su denuncia contra el juez por ser notoriamente improcedente. La decisión de los tres magistrados federales fue comunicada al juez 32 de lo civil este lunes 10 de febrero de 2014.

DERECHOS DE AUTOR

Adicionalmente, en un comunicado emitido anoche, Televisa explicó que el 25 de octubre de 2012, ese tribunal colegiado determinó al juez 32 como la autoridad competente para resolver, en definitiva, sobre los derechos de retransmisión de las señales radiodifundidas y de los contenidos audiovisuales de la programación de los canales 2, 4, 5 y 9.

Añadió que la notificación del juez deriva de un litigio iniciado en 2011, con motivo de la retransmisión indebida de señales de radiodifusión, lo que ocurrió dos años antes de la reforma constitucional en telecomunicaciones.

Dijo que con base en las resoluciones del tribunal federal y a solicitud de Televisa, el juez 32 civil hizo del conocimiento del Ifetel que es esa autoridad judicial la competente para resolver sobre las señales radiodifundidas y los derechos del titular de las obras audiovisuales al tratarse de derechos de autor.

Recalcó que la consulta pública abierta por el Ifetel sobre los lineamientos de must carry y must offer llamó la atención de organizaciones de derechos de autor, académicos y empresas relacionadas con la materia. Los derechos de los autores, músicos, compositores, intérpretes y titulares de obras audiovisuales, entre otros creadores, son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por numerosos tratados internacionales de derechos humanos.