Especialistas piden clarificar puntos de leyes secundarias de telecomunicaciones

Expertos en esta materia detallaron sus opiniones en torno a las propuestas que se tienen sobre las modificaciones en el manejo de la internet y en materia de telefonía.
Ermilo Vázquez, director de regulación e interconexión de Axtel.
Ermilo Vázquez, director de regulación e interconexión de Axtel. (Foto: Raúl Palacios)

Monterrey

Confiados en que las leyes secundarias en esta materia de telecomunicaciones finalmente se puedan integrar las propuestas del sector privado y quedar clarificados los puntos que han causado polémica, como son las tarifas de interconexión cero y la eliminación del cobro del servicio de larga distancia nacional, se mostraron especialistas en regulación y en este tema.

Ermilo Vázquez, director de regulación e interconexión de Axtel, dijo que esta compañía ha propuesto a las autoridades establecer en las leyes secundarias un plazo de 60 días para resoluciones y acuerdos de interconexión, así como definir la regla para la tarifa de interconexión cero sólo para no preponderantes.

Y en el tema de la Larga Distancia Nacional (LDN), indicó que la propuesta es que pueda establecerse un periodo de tres años o más si es posible, además de que sea gradual iniciando en poblaciones de menor densidad poblacional y llevarlas gradualmente hasta tener la totalidad del país.

"Nuestra propuesta es tener el mismo esquema de los celulares, con los que se puede marcar sin agregar prefijos como el 01, 044 o 045, y que no es posible a través de la telefonía convencional.
"Con la desaparición de la larga distancia, estos prefijos ya no serían necesarios", mencionó.
En una conferencia ante miembros del Colegio de Economistas, los especialistas externaron que en lo general la ley es positiva, pero insistieron en la gran necesidad de clarificar varios aspectos y consideraron que para la experiencia que ya tiene México en materia de telecomunicaciones realmente se esperaba más y mejores propuestas.

Lester García, presidente del Colegio de Economistas y experto en telecomunicaciones y regulación, dijo por su parte que la tarifa de interconexión cero es positiva, pero realmente en dos años más "íbamos a llegar a esto y al momento de ponerlo en ley otra vez el Gobierno está manipulando el mercado".

Expuso también su preocupación por el tema de Propiedad Cruzada, una herramienta que tendrá el Gobierno para determinar si el contenido de una cadena "X" está afectando la calidad o pluralidad de la información y le permitiría obligarla a poner el contenido que ellos quieran, dado que más que ser una herramienta pro competencia es una herramienta de control.

"Es una especie de salvaguarda para el Gobierno, esto puede pegar a los grandes intereses y hasta el momento nadie se ha manifestado en contra. Es una amenaza terrible de que si me **pegas** te reprimo", señaló.

Consideró que no es sano que un Gobierno tenga un mecanismo de control de ese tipo.

Calificó a la Ley en lo general positiva, pero perfectible en muchos aspectos y sobre todo precisar muchos de los puntos.

El presidente del Colegio de Economistas mencionó que el caso de internet es preocupante aunque se habla de que este tema ya se corrigió.

"En el tema de larga distancia, se utiliza en otras formas de comunicación a distancia, y en ese sentido, si lo estamos desapareciendo debería haber una transformación más acorde al mercado, porque hay empresas que se dedican exclusivamente a eso y se debe definir qué va a pasar con su concesión, y cómo van a cobrar un servicio que no pueden cobrar", enfatizó.
Carlos Escalante, consultor en telecomunicaciones, en su exposición expresó que "debería de darnos pena hay mucha experiencia que no se ve reflejada en la redacción de los artículos.

Comentó que no hay claridad en el tema de apertura del 100 por ciento a la inversión extranjera directa.

"Se remite mucho a la reforma constitucional y a la Ley de Inversión Extranjera, pero es ambiguo la redacción y referencia".
Abel Hibert, ex comisionado de la extinta Cofetel, planteó lo que debería de incluirse para fortalecer al órgano regulador.
Que tenga independencia económica, estructural y funcionalidad, además de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en esta materia.