Reforma energética: lenta pero segura

Es el cambio estructural más importante en 20 años y, aunque con calma, ya se sienten los primeros efectos positivos.
Ricardo Ibarra Gil, Gerente en StructurA.
Ricardo Ibarra Gil, Gerente en StructurA.

El cambio estructural más importante de los últimos veinte años en el sector es la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2013, y sus leyes secunda­rias. Sin duda, el que la inversión privada ya pueda complementar a la pública, tiene un efecto sobre el desarrollo económico de México.

En general, la participación de nuevos actores en el sector energético tendrá un efecto sobre el desarrollo económico me­diante dos vías. Primero, un impacto directo -resultado de las inversio­nes adicionales en el sector que incrementan la capacidad productiva de la economía e impulsan la creación de nuevos empleos- aumentarán la plataforma de producción de crudo, y en algunos casos, significan una importante entrada de capital del exterior.

Un segundo canal son las ganancias en eficiencia, asociadas prin­cipalmente a disminuciones en el precio de la electricidad y los combustibles, insumos esenciales para la producción, mayor pro­ductividad por la adquisición de nuevas tecnologías, mejoras en la calidad de los servicios de energía, y el que empresas que emplean petroquímicos no comerciables en sus procesos, ahora puedan adquirirlos de terceros diferentes a Pemex.

 Estimaciones indican que el efecto de la inversión adicional y las mejoras en eficien­cia incrementarán la tasa “natural” de creci­miento del PIB en alrededor de un punto porcentual, según datos de Grupo de Eco­nomistas y Asociados (GEA).

 Los efectos por ambos canales sobre el cre­cimiento económico distinguen plazos. Por ejemplo, la llegada de mayor inversión y la creación de nuevos empleos pueden comenzar a observarse en el cor­to plazo, y extenderse en el tiempo. Las disminuciones en precios, las mejoras en la calidad de los servicios y la adquisición de nuevas tecno­logías tienen un efecto en el mediano y largo plazo.

No obstante, se pueden hacer observaciones acerca de algunos de ellos. El balance es diferenciado. Por un lado, la inversión adicional en el sector eléctrico ha llegado puntualmente; destaca la destinada a am­pliar la capacidad de generación eléctrica con gas natural, y la de duc­tos para transporte de gas. De los 28 nuevos gasoductos planeados para 2018, más de la mitad ya fueron licitados o están en proceso.

En el caso de exploración y producción de hidrocarburos, el avance es menos vigoroso. En las primeras dos licitaciones de la Ronda Uno, las autoridades esperaban una inversión de alrededor de 18,000 mdd du­rante los primeros años. Los resultados indican que la inversión será por 5,800 mdd. Además, las fechas originalmente previstas se retrasaron. Una explicación para ello es la abrupta caída del precio del petróleo des­de julio de 2014. Mejores condiciones de mercado, y las mejoras en el diseño de los contratos ayudarán a alcanzar la meta de inversión de la tercera licitación (623 mdd). En cuanto a la creación de nuevos empleos, las cifras revelan que incrementó, pero todo apunta a que se debe a los programas de formalización, más que a nuevas inversiones.

A fines de 2014, el pronóstico oficial sobre la producción de petró­leo era que pasaría de 2.5 millones de barriles diarios a 3.0 en 2018, como resultado de la reforma. Sin embargo, hoy México produce del orden de 2.3 millones de barriles diarios, y las prospectivas más recien­tes del gobierno pronostican una producción total, en el mejor de los casos, de 2.8 millones de barriles diarios hacia 2018. Es probable que esta estimación se ajuste de nuevo a la baja.

Por el lado de las ganancias en eficiencia, la ampliación de la capaci­dad de importación de gas por ducto permitió aprovechar el bajo precio del gas natural en América del Norte, que durante 2015 fue cercano a los 3.5 dólares por millón de BTU en Estados Unidos, en comparación con 10.8 en Japón, y 7.6 en Europa, según datos de EnergeA. Como consecuencia, entre octubre de 2014 y octubre de 2015, los precios al pro­ductor (INPP) de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y gas natural como bienes intermedios dismi­nuyeron 13.5%.

En los precios de la gasolina y el diésel, se planteó una liberalización gradual. Al­gunos cálculos indican que, a los precios actuales, liberar hoy esos precios generaría un ahorro para los hogares equivalente a 0.7% de sus ingresos totales, con un efecto diferenciado entre deciles de ingreso. Por el lado de la producción, el efecto directo representaría ahorros por alrededor de 1% de los costos totales de las empresas, con un efecto diferenciado entre sectores eco­nómicos, según datos de GEA.

Por último, en cuanto a la calidad de los servicios, a noviembre su­man 28 meses sin alertas críticas de gas, lo que sin duda beneficia a las empresas en su producción.

Aunque con ajustes en el calendario, la implementación de la reforma avanza, y sus primeros efectos pueden observarse. El balance con la in­formación más reciente es positivo pero insuficiente, y sin duda, el po­tencial de la apertura del sector aún no se refleja en las cifras de crecimiento y empleo. Una posible respuesta es que los efectos difieren en el tiempo, y apenas comienzan a observarse los de corto plazo.