Emerita quiere la mina de Grupo México en España

El objetivo es que el yacimiento le sea adjudicado a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso de concesión, pues el caso Aznalcóllar no es un pleito entre dos empresas, sino “un ...
“La Policía Judicial sigue investigando, y eso va a generar otro auto”.
“La Policía Judicial sigue investigando, y eso va a generar otro auto”. (José Antonio López)

Madrid

La mina española de Aznalcóllar (Sevilla) es una de las más apetitosas en lo económico, recientemente se anunció su reapertura tras 16 años en el olvido por un desastre ecológico.

Se adjudicó su explotación para los próximos 30 años a la empresa española Minorbis y Grupo México, pero el concurso fue paralizado por órdenes de la presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, debido a que una juez detectó que el proceso está plagado de irregularidades.

Todo eso se descubrió tras la denuncia de la sociedad Emerita Resources, segundo lugar en el concurso para explotar dicha mina. Ahora, dos autos judiciales le dan la razón: la de la juez y un informe detallado de la Policía Judicial que confirma las irregularidades en la adjudicación.

La región andaluza de Aznalcóllar es una de las más pobres de España, sus ingresos básicamente los obtenía de la minería. El 25 de abril de 1998 se produjo la rotura de la presa de contención de la balsa de decantación de la mina de pirita (FeS2) en el lugar. Como resultado apareció un importante vertido de agua ácida y de lodos muy tóxicos que contenían altas concentraciones de metales pesados, de gravísimas consecuencias para la región, que la convirtió en una de las mayores tragedias medioambientales de España.

Ramón Escudero es el abogado de Emerita Resources y el portavoz oficial de la empresa. En entrevista con MILENIO confirma que su objetivo es que la mina les sea adjudicada, que el caso Aznalcóllar no es un pleito entre dos empresas, sino que “estamos ante un entramado” presuntamente corrupto.

Cuenta detalles del concurso y menciona cifras de inversión y ganancias que incluso doblan las de sus competidores y, entre otras cosas, no entiende cómo le fue concedida la mina a Grupo México, responsable de uno de los mayores desastres ecológicos en México.

¿Sigue pensando que la adjudicación de la mina estuvo amañada?

Por eso pusimos una denuncia, porque entendimos que no solo se producían irregularidades administrativas, sino que se cometieron delitos, tanto por parte de la Junta de Andalucía como de las empresas participantes: Grupo México y Minorbis, un grupo español que pertenece a Magtel, que ha recibido subvenciones millonarias del gobierno, algunas muy oscuras.

Ante eso, la juez dictó un auto en el que entiende que pudo cometerse delito y ahora mismo hay un informe de la Policía Judicial que entiende que, efectivamente, ha habido bastantes irregularidades y que Grupo México no debió haber pasado ni siquiera la primera fase del concurso de adjudicación. A raíz de las investigaciones se ha suspendido provisionalmente la adjudicación a Grupo México, mientras se realiza el proceso.

¿A qué irregularidades se refiere?

En primer lugar, no cumplieron ni siquiera con los requisitos económicos y técnicos para superar la primera fase. No presentaron los avales correspondientes, seguros, certificación de la oficina consular en España, al decir que era una sociedad que podía actuar en el país, lo cual no decíamos que no pudieran, sino que ni siquiera presentaron el papel. Ya en el plano técnico, tampoco cumplían varios requisitos, puesto que en el tema de la solvencia económica y los avales no tenían los respaldos suficientes.

A la hora de hacer las puntuaciones en los aspectos técnicos han hecho auténticas trampas, incluso en fórmulas matemáticas aplicándolas de una manera torticera, siempre perjudicando a mi cliente, todo en beneficio de Grupo México y Minorbis. Por último, otro tema muy irregular es que esta mina, por el problema ecológico por un vertido (tóxico) que tuvo hace unos años, el conflicto que tiene la mina es el tratamiento de agua; estas empresas dan una solución que no es real, es un informe mal hecho y lleno de contradicciones.

Además, lo que políticamente no se entiende es que se le haya dado a Grupo México que, como sabemos, tuvo en México el mayor vertido tóxico contaminante en aguas, pues aunque solo sea por coherencia, parece mentira que a una empresa que ha tenido estos problemas le den una mina tan problemática en el aspecto del medio ambiente como lo es la de Aznalcóllar.

¿Cuál es el trasfondo de lo que llama mano negra en la adjudicación de la mina?

Aquí no es solo que alguien se haya llevado una comisión. Aquí hablamos de un auténtico entramado donde la Consejería de Industria, dependiente de la Junta de Andalucía, ya ha tenidos muchos problemas con estos temas. De hecho, Minorbis también está encausada penalmente en un procedimiento muy famoso en España, que es el caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), concretamente en un apartado de la trama también está imputada Magtel, con lo cual estamos hablando de una sociedad que en los cuatro o cinco últimos años ha recibido cerca de 50 millones de euros en subvenciones y préstamos de la Junta de
Andalucía.

La presidenta en funciones de Andalucía asegura que en este caso no hay corrupción y que se trata de un líoentre dos empresas: Minorbis-Grupo México y Emerita, ¿qué opina?

Si fuera así, ella misma no hubiera suspendido la concesión, así que de entrada se está contradiciendo. Dicen que como somos los perdedores por eso estamos recurriendo, pero lo importante aquí es que ya hay un auto de un juzgado y un informe de la Policía Judicial que nos dan la razón. Esto no es solo una pelea entre empresas, porque normalmente cuando uno no está conforme con una adjudicación lo que va al juzgado es por vía administrativa y no penal. Por eso creemos que lo que dijo la presidenta es una mala excusa, que ahora mismo atraviesa un momento político, ya que está pendiente su investidura.

¿Cuánto puede tardar el proceso judicial?

El procedimiento va a tardar. Confiamos en que en unos meses se dicte un auto en el que se impute a algunas personas y entonces quedaría pendiente una sentencia definitiva. La Policía Judicial ha emitido un informe, sigue investigando, y eso va a generar otro auto de la juez.

¿Eso llevaría a un nuevo concurso de adjudicación?

Podría ser una opción, pero lo que pretendemos es que si la oferta de la primera empresa es descartada por delictiva se nos conceda a nosotros, que fuimos segundos en el concurso. No sería de recibo que una zona como Aznalcóllar, con tanto paro y cuya principal fuente de riqueza es la mina, se le volviera a hacer pasar por un nuevo concurso que durara otros dos años.

¿Cuál iba a ser su inversión en la mina?

Hablamos de 600 millones de euros y la de ellos (Minorbis-Grupo México) de 300. La creación de puestos de trabajo era de 800 y la de ellos de 400. El retorno o beneficio —que parte iría a la Junta de Andalucía— que contemplamos fue de 600 millones de euros y ellos ofrecieron 50, con lo cuales hablamos de cifras infinitamente menores.

En cuanto a las medidas sociales en la zona dábamos 325 millones de euros y ellos 27, solo con esos números se puede ver que aquí no se ha actuado correctamente.

¿Cómo entiende que Grupo México insista en que esto va adelante y que no tiene ninguna comunicaciónoficial?

Ciertamente, por parte del juzgado todavía no se le ha notificado nada, pero en unos días lo harán. Ahora bien, noticias tienen, porque incluso yo he mandado correos electrónicos a representantes de Grupo México en España. Magtel, su socio, también tiene noticias, pero cualquiera que viva en España sabe que es uno de los temas más importantes en cuanto al panorama político-jurídico. Por cierto, nadie de Grupo México me ha contestado.