Desaprovechan estados recursos para pensiones

Los pasivos labores de las entidades (2.7% del PIB) son menores a los de Pemex (10%), pero tamién hay que atenderlos: Aregional.
Aguascalientes cuenta con una reserva pensionaria por 100 años.
Aguascalientes cuenta con una reserva pensionaria por 100 años. (Rubén Espinosa/Cuartoscuro)

México

Los estados han desaprovechado los recursos provenientes de los excedentes petroleros que el gobierno puso a su disposición para reformar sus sistemas de pensiones, pues muchos están quebrados.

Hay 15 mil 654.5 millones de pesos en el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) que se creó en 2007 para aliviar la deuda de las entidades federativas en materia de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos estatales y de sus universidades.

Estaba previsto que el FARP desapareciera una vez que entrara en operación el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), aprobado como parte de la reforma energética y que servirá para que el gobierno federal pueda acumular ahorro de largo plazo.

Sin embargo, la semana pasada los diputados hicieron cambios de última hora a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para que siguiera vigente el FARP y se pueda ayudar a los estados y municipios a continuar las reformas pensionarias.

Aunque hay ocho entidades federativas que sobresalen por tener en orden sus pensiones, entre ellas Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, esta última llama la atención por tener una reserva pensionaria por 100 años.

La directora de la firma Aregional, Flavia Rodríguez, dijo que esa decisión de los diputados fue acertada, ya que muchas entidades padecen para fondear sus reservas de pensiones, pese a que reformaron sus esquemas hace tiempo.

Estableció que si bien la deuda por pasivos labores de los estados (2.7 por ciento del PIB) es menor en comparación con la de Pemex (10 por ciento del PIB), es necesario atenderla para evitar una crisis.

Mencionó que hay casos de entidades cuyos pasivos son por pensiones, como sucedió con Chihuahua, que tuvo que endeudarse con 40 mil millones de pesos para crear su reserva y pagar pensiones.

En Nuevo León, agregó, el costo de las pensiones se debe al proceso de transición del esquema viejo al nuevo. Cada año el gobierno local tiene que desembolsar 3 mil millones de pesos para fondear sus pensiones. “La generación que estaba fondeando las pensiones actuales ya se está retirando y ya no hay quien aporte nuevos recursos; por eso les está costando caro”, explicó.

Pero no todos tienen problemas. Rodríguez comentó que los estados no tomaban los recursos del FARP por los problemas que enfrentan con los sindicatos. “Los trabajadores se resisten a reformar sus esquemas, porque no aportan nada y con los cambios pierden ese privilegio”, señaló.

El sábado pasado los diputados hicieron una modificación a la LFPRH para que el Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) eliminara la disposición que ordena a los estados canalizar 75 por ciento de estos ingresos a programas y proyectos de inversión y 25 por ciento al FARP, pero ahora la reforma solo dispone que el dinero tiene que ir al fondo de pensiones estatales, por lo que con ello se reactiva la vigencia de ese fideicomiso.

En 2007 se reconoció que una de las principales contingencias financieras que enfrentan las administraciones públicas federal, estatales y municipales eran los pasivos de los diversos sistemas públicos de pensiones.

Así se creó el FARP como parte de los fondos de estabilización que se constituyeron con los excedentes petroleros.

Solo las entidades que lograron que sus trabajadores comenzaran a cotizar en el ISSSTE o bajo otro esquema más sustentable, como el del IMSS, no tendrán problemas en un horizonte de tiempo mayor, porque lograron detener el aumento de sus pasivos contingentes, señala Aregional.

Otros tendrán que reformarlos para darle portabilidad, es decir, para que los trabajadores no pierdan antigüedad y su ahorro pensionario pueda ser transferido de un sistema público a uno privado cuando dejen de prestar sus servicios en el gobierno local.