Corrupción inhibe inversión extranjera hasta en 20%

Las malas prácticas cuestan 9 puntos del PIB, más de lo que el gobierno invierte en tecnología o el equivalente en educación.
Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana.
Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana. (Nelly Salas)

México

La falta de controles contra la corrupción ha provocado que el país deje de recibir hasta 20 por ciento de inversiones extranjeras o que tenga a la baja la atracción de talento en 6 por ciento, de acuerdo con Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Según este último organismo, México tiene una calificación de dos puntos —en una escala del uno al 10— al tratar de controlar la corrupción, lo que significa que solo puede atraer 1.7 puntos de inversiones o talento de 10 posibles. De mejorar su control incrementará la inversión por habitante ocupado hasta en 64 por ciento, es decir, que pasaría de 4 mil 791 dólares a 7 mil 872.

La corrupción le cuesta al país entre 5 y 9 puntos porcentuales del PIB, según cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, más de lo que invierte en tecnología o casi el equivalente de lo que gasta en educación.

A pesar de ello, las medidas que aplica el gobierno para abatir las malas prácticas son cada vez más deficientes y no han logrado inhibirlas. A esto se suma que el marco legal para crear una institución que sancione la corrupción está incompleto o se debilitó después de las modificaciones de 2012.

Números de la Secretaría de la Función Pública destacan que las sanciones, como la inhabilitación y las multas económicas, han bajado a la mitad en solo año y medio, por lo que organizaciones sociales y especialistas en transparencia aseguran que el combate a la corrupción ha fracasado y eso generará una crisis institucional.

Como ya se mencionó, la corrupción cuesta hasta 9 puntos del PIB, mientras que una familia que gana un salario mínimo tiene que destinar uno de cada cuatro pesos en acciones de corrupción para acceder a los servicios básicos.

La encuesta “Percepción de los servicios”, del Inegi, revela que la corrupción se ubica en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, con 48.5 por ciento, solo detrás de la inseguridad, que alcanzó 70.4 por ciento, y el desempleo, con 51 por ciento.

Sin embargo, en lo que va del sexenio la Función Pública ha castigado apenas a la mitad de los servidores públicos que fueron sancionados en los dos últimos años de la administración anterior.

En este último lapso se impusieron penas por 10 mil 972 millones 468 mil 169 pesos, mientras que en el arranque de este periodo las sanciones apenas alcanzan 2 mil 253 millones de pesos.

Otra cifra que cayó prácticamente a la mitad es la inhabilitación de funcionarios, que pasó de mil 148 a 557 entre 2013 y 2014; sin embargo, los esfuerzos por reforzar los mecanismos anticorrupción parecen ir en sentido contrario.

Es decir, después de las reformas del año pasado, los mecanismos gubernamentales para abatir este problema están debilitados.

Aunque quieran ser más estrictos, los avances legislativos acotan las capacidades de la Función Pública y los órganos de control, señalan organizaciones sociales encaminadas a buscar la transparencia y el buen funcionamiento de la administración.

El presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirmó que el gobierno federal aún tiene serias deficiencias en el diseño de un sistema para abatir esta práctica.

Al hacer una comparación con otros países donde los índices de corrupción se mantienen debajo del promedio, consideró que la diferencia radica en que la persecución del delito, así como la vigilancia del ejercicio, no es responsabilidad de un solo organismo.

“Nos gusta pensar que habrá un gran zar contra la corrupción, pero la realidad es que se requiere un sistema coordinado y complejo. Que haya un revisor fiscal en la industria privada, otro más en el ámbito público”, explicó.

Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, dijo en entrevista que la Función Pública se encuentra desarticulada y con pocos dientes. Aunque las reformas previstas sí pretenden hacer un órgano más fortalecido, actualmente no hay una acción encaminada para ser más efectivos y preventivos para abatir la corrupción.

“Lo primero que tenemos que hacer es prevenirla. No habrá aparato punitivo u órgano anticorrupción que pueda trabajar en un ambiente donde el problema está en todos lados. La pregunta es cómo podríamos prevenirla... Actualmente tenemos una Función Pública media moribunda, que perdió atribuciones. Estamos en una situación particularmente vulnerable”, explicó.

Al respecto, Édgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que “la corrupción es un asunto casi intocable y sigue boyante en la actualidad, y hay casos representativos, como el de Oceanografía”.

Advirtió que con el actual gobierno priista “no tenemos datos y elementos que nos permitan tener una expectativa de que se empiecen a generar condiciones para combatir la corrupción”

Resaltó que un ejemplo de la falta de transparencia es el Programa Nacional de Prevención de la Violencia, el cual “no se ve que tenga mayores resultados”.