Castigo al Deutsche, pero impunidad a directivos

Al banco más grande de Alemania se le exigen 14 mil millones de dólares, lo que representa cuatro quintas partes de su capitalización.
La prensa internacional ya compara a la institución con Lehman Brothers, el banco cuya quiebra detonó la crisis de 2008.
La prensa internacional ya compara a la institución con Lehman Brothers, el banco cuya quiebra detonó la crisis de 2008. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Desde la crisis financiera los accionistas cargan con la mayor parte de los costos de las malas conductas pasadas de los bancos. Es una pesada carga que se suma a los requisitos de colocar dinero nuevo en las que a menudo son instituciones con terrible falta de capital. En todo el mundo recibieron en multas un golpe que asciende a casi 350 mil millones de dólares (mdd).

Sin duda resultan más golpeados que los que manejaban los bancos más grandes. En general, los altos ejecutivos salen bien librados. Es cierto, algunos perdieron sus empleos o vieron que sus riquezas se erosionaron debido a la pérdida de valor de sus participaciones en sus propias instituciones. Pero la mayoría evitó las sanciones, se aferra a sus credenciales profesionales y gran parte de sus ganancias. En un estudio reciente de 156 demandas penales y colectivas contra grandes bancos que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solo en 19 por ciento de ellas se identificó y acusó a empleados individuales, de acuerdo con un análisis del Wall Street Journal. Solo en un caso un miembro ejecutivo de nivel junta de consejo tuvo que rendir cuentas en realidad.

Nadie pone en duda que los accionistas deben tener responsabilidad por la conducta de una empresa, especialmente una con la importancia económica de una gran institución financiera. Las personas que tienen tanto derechos de control como participación de los frutos deben cargar con los costos cuando las cosas salen mal. Pero es sorprendente cómo a lo largo del periodo posterior a la crisis casi todas las sanciones cayeron sobre los inversionistas, y de hecho todavía lo hacen. Solo hay que ver el revuelo que hay respecto al acuerdo propuesto entre el Departamento de Justicia de EU y Deutsche Bank. La mayoría de las multas a bancos va de ser molestas a dolorosas. En este caso el Departamento de Justicia fue más allá: los 14 mil millones de dólares que aparentemente exige —una cifra sorprendente de cuatro quintas partes de la capitalización de mercado de Deutsche— en realidad generaron dudas acerca de la capacidad del banco para pagar.

A pesar de eso, la verdadera revelación no fue tanto el número (que de cualquier forma probablemente se negocie para que llegue a ser mucho menor), sino la ausencia de algún ejecutivo del banco en la hoja de acusación. Uno puede pensar que un delito que exige ese nivel de restitución, al menos daría lugar a la persecución del personal que lo hizo.

No tanto. De hecho no se señala a un solo empleado de Deutsche por algún delito. Y, lo que es más, virtualmente es la misma historia en una serie de acuerdos que involucran valores con respaldo hipotecario. Varias grandes instituciones de EU, entre ellas JPMorgan, Bank of America y Goldman Sachs, llegaron a toser 55 mil millones de dólares. Sin embargo, con solo un puñado de excepciones, los reguladores no encontraron a los empleados bancarios individuales que cometieron ofensas perseguibles en todo el desastre hipotecario.

Entonces, ¿por qué señalar a los directores si no se castiga a sus agentes? Parece desproporcionado inclinarse únicamente en los inversores en empresas que cotizan en bolsa donde el administrador disfruta tanto de una ventaja de información como de una considerable libertad de acción. Los derechos de control de los accionistas en realidad están más circunscritos en los bancos que en otras empresas. No solo la confidencialidad comercial arroja un velo tan impenetrable sobre sus operaciones; generalmente se requiere un consentimiento regulatorio antes de que se pueda despedir a los ejecutivos.

De hecho esa ventaja del agente puede explicar no solo por qué los accionistas pagan, sino también por qué se les aplican multa de una manera tan grande. La razón surge de un incremento en una serie de los llamados acuerdos de procesos diferidos y convenios regulatorios posteriores a la crisis financiera. Estos acuerdos permiten a los bancos admitir delitos, pero algo crítico es que les permite no dar a conocer detalles significativos acerca de sus malas conductas del pasado, al igual que las identidades de los responsables o la magnitud de sus violaciones.

Eso hace que sea imposible para los externos llegar a saber si el castigo es adecuado. Los fiscales y reguladores presumiblemente cuadran esta indulgencia con sus conciencias al decir que no buscan derrumbar a una institución sistémica. Pero, en realidad, lo que han hecho es entregar a los jefes de los bancos una forma de comprar la salida de sus propias firmas de cualquier problema, mediante el dinero de otras personas (como los accionistas).

Al permitir que los bancos lleguen a acuerdos sin admitir totalmente una mala práctica pasada es una forma de riesgo moral. Las sanciones se deben imponer no solo sobre los accionistas, sino en las personas que actuaron mal, o que a través de la connivencia o falta de atención permitieron que ocurriera.

Las autoridades afirman que ningún banco es “demasiado grande como para ir a la cárcel”. Su continua dependencia a solo aumentar el valor las multas y los acuerdos dicen otra cosa. La diferencia entre las palabras y las acciones no solo demuestran ser muy costosas para los accionistas, como lo descubrirán los inversores de Deutsche. Da la impresión de que se puede incautar el capital del banco como si fuera una especie de impuesto, y que los ejecutivos pueden comprar la forma de evitar sus responsabilidades ante la ley o los inversores y clientes. Nada es más perjudicial para la recuperación de la confianza pública en los bancos.

jonathan.ford@ft.com