Bansefi administrará los recursos del Fondo Minero

La liberación de los recursos será trimestral, a comprobación del avance de obra, para que no lleguen a las haciendas locales y evitar tentaciones de desvíos; en abril se sabrá cuánto les tocará a ...
“Las empresas mineras tienen hasta el 31 de marzo para pagar sus derechos.”
“Las empresas mineras tienen hasta el 31 de marzo para pagar sus derechos.” (Javier Ríos)

México

Bansefi será la banca de desarrollo encargada de llevar la cuenta del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

La liberación de los recursos será trimestral, a comprobación del avance de obra, con el fin de que no lleguen a las haciendas locales y evitar tentaciones de desvíos.

De la operación de ese fondo minero —creado a raíz de la reforma fiscal, con los cambios a la Ley Federal de Derechos en vigor desde el año pasado— habla en entrevista el titular de la nueva Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros, Ricardo López Pescador, quien también es el encargado de desarrollar los procedimientos de mediación establecidos en las leyes de Hidrocarburos y en la de Industria Eléctrica.

El abogado originario de Durango, conocedor del entramado legal municipal y estatal, detalla que a mediados de abril se tendrá determinado cuánto le tocará a cada una de las 24 entidades federativas beneficiadas y ayuntamientos mineros; para ese tiempo estarán conformados los comités que aprobarán los proyectos para diversas obras de infraestructura, entre ellas metrocable de transporte para la movilidad urbana, equipamientos escolares, pavimentación y caminos rurales para el desarrollo de las comunidades mineras.

¿Por qué un fondo minero en la Sedatu?

Nace con la reforma hacendaria, en la que surgieron tres nuevos derechos a la actividad minera, por lo que se establece que en vez de irse a la bolsa general de recursos fiscales de Hacienda, 80 por ciento del importe de esos pagos se integre al fondo minero y 20 por ciento sí va a la bolsa general de Hacienda, para respaldar los proyectos de infraestructura aprobados por el Congreso.

Ese fondo tiene el objetivo muy claro de aplicarse en obras de infraestructura en las comunidades mineras, pero la ley establece que la aplicación del fondo la va a operar la Sedatu. Con la reforma energética, una de las más importantes es la Ley de Hidrocarburos, que abre un proceso de negociación entre los poseedores de la tierra, que tienen un título o derechos, con los inversionistas, llámense asignatarios, por ser empresas productivas del Estado o privados; entonces, es un proceso de negociación que está establecido en la propia legislación y luego crea una figura nueva: la mediación profesional, imparcial, asistida, con el fin de buscar acuerdos, de lograr convenios que den certidumbre, que generen una relación estable entre los inversionistas y que también brinden confianza al poseedor o dueño de la tierra por lograr beneficios de la actividad energética; esa mediación también se le entrega a la Sedatu, con facultades nuevas. La determinación que se tomó fue crear una nueva unidad especializada en uso del suelo, para proyectos de energía y para la aplicación de los fondos mineros.

¿Cuál es la más inmediata?

La del fondo minero, porque en la Ronda Cero, que concluyó, no participa la mediación en las empresas productivas del Estado; Pemex y la CFE se quedaron con los campos estratégicos correspondientes, y en la Ronda Uno, que está en marcha, inicia con las aguas someras, no entra la mediación por cuestiones de la superficie y luego entra la zona de Chicontepec, donde ya está muy avanzado el tema de la ocupación. Y sí entra a la parte territorial, a finales de este año, la licitación abierta, pública, y grava todo ese tipo de negociaciones y los contratos y convenios, pero eso vendrá a finales de este año para efectos de negociar entre poseedores de superficies y los inversionistas, que abarca Coahuila, Nueva León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz e Hidalgo.

Ya es un año de la aplicación del nuevo derecho especial sobre minería de la reforma a la Ley de Derechos…

Sí. Ya tenemos el ejercicio fiscal concluido y las empresas mineras tienen hasta el 31 de marzo para pagar sus derechos, la ley les otorga 90 días. La Secretaría de Economía va a determinar el coeficiente o la fórmula para ver cuánto le corresponde del monto total de lo recaudado a cada entidad federativa y municipio.

¿Bajo qué criterios se hará la distribución?

Del valor de la extracción nacional es una cantidad y lo que cada estado aporte de ese total le va a corresponder el porcentaje del fondo recaudado. Si Sonora aporta 15 por ciento del valor total de la extracción le tocará 15 por ciento de los recursos del fondo, y ya dentro de eso se verán cuáles son los municipios, de acuerdo con la actividad minera.

Se trata de aplicar los recursos con base en la actividad minera, porque en todos los demás programas del gobierno, de infraestructura y social, se da con base en el número de beneficiarios, y la industria minera se desarrolla en lugares alejados de las zonas urbanas, en regiones donde la población está dispersa en áreas de difícil acceso; los servicios y la ubicación son deficientes en comparación con las urbanas; ahora, con la aplicación del fondo se trata de que sí reciban un beneficio directo.

La actividad minero-metalúrgica alcanzó la producción más alta en 2012, con un valor de más de 21 mil millones de dólares, y las comunidades se estancan en la pobreza.

Hay una demanda histórica de los habitantes de las zonas mineras, de los trabajadores y sus familias en el sentido de que efectivamente la actividad minera les genera derrama económica, empleo y beneficios, pero no les da la infraestructura para el desarrollo que necesitan. Por eso tenemos hoy regiones mineras sin agua potable, drenaje, alcantarillado, manejo de residuos sólidos y urbanismo, para elevar el nivel de vida, por lo que justamente el fondo minero busca resarcir esa demanda histórica.

Si la compañía minera termina sus actividades en 10 o 15 años, según la capacidad extractiva, que sí le quede a la comunidad un beneficio permanente, con servicios de primer nivel que los programas normales de los tres niveles de gobierno difícilmente contemplarían, porque hay que recordar que uno de los factores centrales para la aplicación es el número de beneficios, y esas comunidades mineras están poco habitadas y con el fondo minero interesa que haya obras de infraestructura.

¿Cuántas comunidades mineras hay en el país?

Es un padrón que nos tiene que dar la Secretaría de Economía, porque nosotros podemos hablar de la diversificación, porque una cosa es la extracción de metales preciosos y otra la de no metales, como la minería pétrea, y nos dirá cuáles son los municipios donde hay extracción general, mineral de acero o de carbón; quien aplicará la fórmula es Economía, nosotros vamos a operar para que el recurso cumpla con su objetivo.

¿Cómo se va a fiscalizar?

Es un fondo especial, la figura creada por el Legislativo en la Ley Federal de Derechos es un modelo democrático, abierto y de consenso, tendente a que no prevalezca el interés político particular para determinar el destino del recursos, porque se crean comités por cada estado con cinco integrantes con poder de voto, que lo integran un representante del gobierno estatal, uno del municipio y otro de las comunidades indígenas con núcleos agrarios donde se realiza la actividad minera; ese es más complejo, pero también hay forma de consensuar para su representatividad, un representante de las compañías relevantes en el estado y el quinto voto es el presidente del comité, que es el titular de la Sedatu.