Afectados de Ficrea toman la Condusef

Las personas defraudadas generaron algunos destrozos y solo permitieron la salida del personal de la dependencia nueve horas después; Hacienda asume la negociación.
Protesta de las personas perjudicadas por la sociedad financiera.
Protesta de las personas perjudicadas por la sociedad financiera. (Daniel Cruz)

México

A partir del mediodía de ayer ahorradores defraudados por Ficrea tomaron las oficinas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para exigir la devolución íntegra de sus ahorros.

Entre gritos, vidrios rotos y personal retenido, los inconformes decidieron trasladarse a la dependencia luego de conocer la liquidación de la financiera por lavado de dinero. Los empleados de la Condusef pudieron dejar el edificio hasta las 21 horas.

En tanto, al cierre de esta edición los inconformes mantenían un diálogo con el subsecretario de Hacienda, Ferando Aportela, y Mario Di Costanzo, titular de la Condusef. Su principal exigencia era recuperar el total de su dinero.

Por la mañana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró la licencia para operar a la sociedad financiera popular Ficrea tras detectar que realizaba transacciones fraudulentas relacionadas con presunto lavado de dinero y defraudar con 2 mil 700 millones de pesos a sus clientes.

Sin embargo, hasta el momento no hay órdenes de aprehensión o detención contra algún responsable.

Jaime González Aguadé, presidente del organismo regulador y supervisor, hizo pública la disolución y liquidación de la intermediaria, e informó que solo 42 por ciento de sus 6 mil 800 clientes recibirán el total de sus ahorros, lo que significa que 3 mil 900 personas perderán parte de su dinero.

Alberto Elías, director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado de la Secretaría de Hacienda, señaló que se han interpuesto las denuncias correspondientes; no obstante, hasta ahora no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra los responsables.

Expuso que se avanza en el proceso de investigación; sin embargo, al ser un tema de caracter financiero, el análisis lleva tiempo.

Asimismo, el funcionario aseguró que antes de cualquier detención se deben emitir las órdenes correspondientes respetando en todo momento el estado de derecho.

Los clientes de las Sofipos están respaldados por un seguro de depósito, el cual garantiza sus recursos por un máximo de 25 mil unidades de inversión o bien 130 mil pesos. Por tanto, todos los que tengan menos de esta cantidad recuperarán todo su dinero, pero los que rebasen dicho monto se verán afectados.

El monto total del pago que se hará a los clientes de Ficrea aún no está calculado, toda vez que “no es una cartera bancaria, sino de arrendamiento que no se apegó a las sanas prácticas”, pero oscila en un millón se pesos, apenas la tercera parte de los 3 mil 200 millones a los que asciende.

Lo anterior no fue aceptado por los ahorradores. Por ello, Luis Madrazo, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, propuso un esquema para absorber dicha cartera y aumentar lo más posible su valor.

Sin embargo, no ofreció un monto exacto, por lo que fue dicha propuesta rechazada por los ahorradores.

Al respecto, Mario di Costanzo señaló que intercedió para que al menos se llegue a 2 mil millones de pesos; no obstante, el ahorro total reclamado es de aproximadamente 6 mil millones de pesos.

El socio principal

González Aguadé señaló que Ficrea llevaba a cabo operaciones fraudulentas a través de por lo menos tres empresas que también pertenecen a su dueño, Rafael Olvera Amezcua: Leadman Trade, Baus & Jackman y Monka Comercial.

Lo anterior se realizaba mediante un esquema con el cual los recursos que obtenía de los ahorradores se triangulaban. Ficrea engañaba a sus clientes haciéndolos firmar dos adeudos: uno con ellos y otro con Leadman; sin embargo, solo recibían el monto una vez.

El primer contrato se documentaba como un crédito y el otro como arrendamiento; con esto conseguía construir una base de créditos en la Sofipo sin sustento, pero que respaldaba su información contable, a la vez que transfería recursos a una empresa no supervisada, explicó el funcionario federal.

Detalló que de los 6 mil 284 millones de pesos a los que ascendía su cartera de crédito, 5 mil 900 millones se transfirieron a dichas compañías, pero en la indagatoria solo se constató la integración de expedientes por 3 mil 200 millones de pesos, lo que significa que hubo un desfalco de 2 mil 700 millones a sus clientes.

Estos recursos, reveló la investigación de las autoridades, fue utilizado por la ahora entidad disuelta, en transferencias al extranjero, compra de bienes muebles e inmuebles de uso no relacionado con la operación de la sociedad, así como gastos personales de socios como nóminas de capitán de aeronave y yate

La revocación de la sociedad financiera popular Ficrea fue con el objetivo de evitar que el fraude se hiciera más grande, aseguró Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.