Activos de Ficrea no alcanzan para pagar

González Aguadé, titular del organismo, alertó al TSJDF y al gobierno de Coahuila de no ahorrar en esa sociedad, pero soslayaron el aviso.
Sucursal de la sociedad financiera en la Ciudad de México.
Sucursal de la sociedad financiera en la Ciudad de México. (Jesús Quintanar)

México

Aunque la autoridad ha recuperado una buena cantidad de activos de Ficrea, éstos resultan insuficientes para resarcir el daño total a los ahorradores defraudados por la sociedad financiera popular (Sofipo), reconoció Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El titular del órgano regulador y supervisor destacó que aparte de los 3 mil 200 millones de pesos en cartera de crédito que se encontraron en Leadman Trade, también se recuperaron 28 inmuebles, 234 vehículos, mobiliario y equipo que está sujeto a una evaluación para determinar su valor. 

Actualmente hay en curso 58 juicios con un valor aproximado de 200 millones de pesos, ello sumado a productos que pueden ser propiedad de Leadman bajo la figura de fideicomisario por otros 110 millones de pesos adicionales; no obstante, serán insuficiente.

“Todos estos activos permitirán, una vez monetizados, pagar parte de los recursos a los ahorradores de Ficrea”, dijo González Aguadé al participar en una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Permanente de la Cámara de Diputados.

Mientras esto sucedía, a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro un grupo de aproximadamente 50 ahorradores se manifestaban con la exigencia al gobierno federal de que se les entregue el total de sus ahorros y se castigue a los responsables del fraude.

Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, precisó que en junio pasado inicio su participación en el caso, cuando encontraron una cantidad importante de transferencias al extranjero que involucraba a 32 personas entre físicas y morales.

Estas transferencias, explicó, eran para realizar operaciones inmobiliarias en Estados Unidos y España. “La Unidad de Inteligencia consideró que esa actividad concreta podía colmar los elementos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero”.

En concreto, el funcionario señaló que Ficrea captaba recursos y después los desviaba, constituyendo así la irregularidad que ahora se persigue y que al final de cuentas se trata de una actividad que pretende ocultar recursos, lo que se constituye como blanqueo.

En la reunión celebrada en San Lázaro se acordó la creación de un grupo de trabajo tripartito conformado por legisladores, autoridades y ahorradores, mediante el cual se buscará llegar a un acuerdo que beneficie a los depositantes defraudados por Ficrea.

El pasado 19 de diciembre, la CNBV decidió disolver y liquidar a Ficrea tras encontrar una triangulación de recursos que provocó un desfalco de 2 mil 700 millones de pesos.

Lo anterior afectó a aproximadamente 6 mil 800 ahorradores, de los cuales  58 por ciento solo recuperará, con todo y la venta de activos, una parte proporcional de sus cuentas, toda vez que las Sofipos cuentan con un seguro que garantiza únicamente 131 mil pesos del dinero de cada cliente.  

Se estima que los ahorros totales de los casi 7 mil clientes que estaban en la base de la ahora extinta institución financiera rebasan los 6 mil millones de pesos. 

La parte más importante de los activos recuperados corresponden a la cartera de crédito que se encontró en Leadman Trade, que es de 3 mil 200 millones de pesos, toda vez que Ficrea se la trasladaba de manera ilegal; sin embargo, se le está evaluando para saber su valor real, el cual rondará tan solo mil millones de pesos. 

Ante este panorama y con el propósito de no “malbaratar su precio”, la banca de desarrollo que encabeza Luis Madrazo, ofreció adquirir la cartera por medio de Nacional Financiera y así sacarle el mayor provecho; no obstante, será a finales de mes cuando dé a conocer su valor real.

González Aguadé aseguró que en su momento la CNBV advirtió tanto al gobierno de Coahuila y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que no podían invertir en Ficrea; sin embargo, hicieron caso omiso. Ambos organismos inviritieron 90 y 110 millones de pesos, respectivamente.