Falta de traductor nos afectó: vendedores triquis

Aseguran que no entendieron algunas cosas de un documento.
Aseguran que centro comercial les negó local por no ser de marca.
Aseguran que centro comercial les negó local por no ser de marca. (Pryscilla Valdez)

Monterrey

Artesanos de la comunidad triqui, que vendían sus productos en un local de Plaza Fiesta San Agustín, denunciaron que la falta de un traductor de su lengua materna durante un juicio oral los llevó a firmar un convenio con la inmobiliaria sin saber el contenido.

Presuntamente en el documento se mencionaba una fecha límite para elaborar un nuevo contrato de arrendamiento con la plaza comercial, sin embargo, cuando Adalberto Hernández Álvarez y Ana María de Jesús González lo solicitaron se les negó y posteriormente fueron retirados del lugar.

Ante esto, los afectados presentaron una demanda, asesorados por el abogado Luis Torres González y René Licona Vázquez, con el objetivo de recuperar el local comercial del que depende la solvencia económica de aproximadamente 25 familias originarias de Oaxaca.

Fue el pasado 17 de abril cuando Adalberto Hernández Álvarez fue retirado junto con su familia del local 2085 de Plaza Fiesta San Agustín.

"Argumentaron que se les debía un mes de renta, siendo que nosotros nos encontramos siempre al corriente de los pagos y después de esto buscamos a un abogado que hicieran esa aclaración y luego me enviaron una notificación para un juicio oral, en esta instancia me hacen firmar un convenio en donde ellos ponen fecha límite para darme un nuevo contrato de arrendamiento y no lo cumplen.

"Cuando yo los buscaba todo el tiempo se negaban, manifestando estar ocupados y jamás quisieron recibirme, les lleve una solicitud de que quiero continuar rentando el local y nunca me recibieron", señaló Hernández Álvarez.

Además, dijeron que durante el desalojo, una persona que dijo ser del DIF, identificada como Velia Reyna Morales, señaló que si los locatarios se resistían tendrían que llevarse a los dos hijos menores de la familia. Ahí, Adalberto fue obligado a firmar un documento en el que aceptaba entregar el negocio, a lo cual se negó.

Adalberto Hernández y Ana María de Jesús González, padres de dos menores, aseguraron que en los últimos meses habían recibido malos tratos e incluso actos discriminatorios, en los que los administradores del centro comercial les señalaban que sus objetos no eran de marca, por lo que debían dejar de trabajar ahí.

Tras 10 años de vender sus productos artesanales en Plaza Fiesta San Agustín sin problema alguno, Adalberto señala que estos conflictos fueron a raíz de la nueva administración, quienes les negaron el nuevo contrato.

El abogado Luis Torres González consideró que la falta de un traductor, aunado al desconocimiento de algunos términos legales fue lo que perjudicó a los locatarios.

"Estas personas básicamente su lengua materna no es el castellano, no es el español, tienen o empezaron a hablar otra lengua y por lo tanto no dominan el español y mucho menos los conceptos legales que son propios de un procedimiento judicial.

"Si para una persona es difícil a veces entender los términos legales que se manejan en un contrato o juicio, más va a ser para una persona cuyo lenguaje interno no es el español, es como si el día de mañana nos metemos en un procedimiento legal en Francia o en Estados Unidos, no solamente hablamos de un idioma, sino que hay además ciertos tecnicismos que nos dominan", destacó el abogado.

Por su parte, René Licona Vázquez dijo que la resolución del amparo para recuperar el local podría tardar cerca de dos meses, por lo que buscan un permiso para que la familia pueda regresar a trabajar de manera "temporal" en lo que se dicta tal resolución, mismo que hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades que llevan el caso.