De testigo protegido a sujeto de proceso

La PGR informó que se ejerció acción penal por delitos de índole federal en contra del líder de un grupo criminal.

Monterrey

Después de ser señalado como el autor principal del ataque al casino Royale, y que pasó a ser testigo protegido en el gobierno de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República informó que Carlos Alberto Oliva Castillo, alias La Rana, enfrenta un proceso criminal por lo que se ejerció acción penal por delitos de índole federal.

Después de tres solicitudes hechas por MILENIO Monterrey, basadas en la Ley de Transparencia, vía el Sistema Infomex, a varias dependencias, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO, que depende de la PGR, confirmó escuetamente la información sin definir en qué centro de readaptación fue recluido.

“Al respecto se hace de su conocimiento que dicha solicitud se derivó para su atención a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, la cual una vez que realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos de trámite y concentración, señaló que la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, adscrita a dicha Subprocuraduría:

“Informó que se ejerció acción penal, en contra de Carlos Alberto Oliva Castillo, o Luis Carlos González Martínez o Nazario Mendoza Velásquez, alias La Rana, ante un juez federal competente”, estableció.

En un boletín de la PGR publicado cuando fue detenido, Oliva Castillo es señalado como el probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La respuesta fue entregada vía electrónica por la Unidad de Enlace de la PGR dentro del oficio 0001700029614 de fecha del 23 de abril del 2014.

Sin embargo, la dependencia federal no informa en qué centro penitenciario del país fue recluido ni desde que fecha.

“Sirve de sustento a lo anterior, el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el cual establece las disposiciones relacionadas con la difusión de las sentencias relevantes dictadas en los juicios relativos a delitos clasificados como de delincuencia organizada, contra la salud, de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea, o bien, de aquellas que sean consideradas como relevantes por los órganos jurisdiccionales en función del impacto que el conocimiento de tales resoluciones genere en la opinión pública”, señala el documento de respuesta.

El 13 de octubre de 2011, la Sedena y la PGR informaron la detención de Oliva Castillo en Saltillo. Un año después la prensa nacional reveló que La Rana había pasado de ser un presunto criminal a testigo protegido.