Suspenden sentencia por robo de placas

Falta de constancias de arraigo al principal acusado, razón del juez que lleva el caso.

Monterrey

El juez segundo penal en Monterrey, Raymundo Martínez González, determinó suspender el plazo para dictar sentencia ante la supuesta falta de constancias del arraigo que ejecutaron en 2012 a Homero González López, involucrado en el robo de 313 mil juegos de placas, caso que trascendió en julio de 2012.

Cuauhtémoc González López, abogado y hermano del acusado del hurto, reveló la resolución del juez y la calificó de sospechosa porque no era necesario suspender el plazo para dictar sentencia cuando todavía faltan más de tres meses que la ley establece para decretar.

"El acuerdo que sacó el juez segundo penal en el juicio penal contra Homero González López, mediante el cual suspende el plazo para dictar sentencia porque supuestamente le faltan constancias del arraigo que ejecutaron a Homero del 15 de julio al 10 septiembre del 2012...

Cuauhtémoc González criticó la decisión de cómo tuvo el juez como legal la retención de Homero por casi dos meses en virtud del arraigo, si el Ministerio Público no le remitió la totalidad de las constancias de dicho arraigo al consignar.

"¿Por qué no advirtió que no tenía todas las constancias del arraigo al resolver la situación jurídica de Homero cuando lo consignaron por robo el 10 septiembre de 2012? ¿Por qué no advirtió que no tenía todas las constancias del arraigo al resolver la situación jurídica de Homero cuando lo consignaron por peculado en octubre de 2013?

"¿Por qué, si lo advirtió el juez, no solicitó dichas constancias al resolver la situación jurídica de Homero en dos ocasiones, la primera por el delito de robo y la segunda por el de peculado? Si no tenía todas las constancias, ¿cómo estimó que la retención del Ministerio Público de más de 48 horas fue legal?", cuestionó.

El abogado afirmó que lo relevante del caso es que la validez de las pruebas durante el arraigo a su hermano dependen de la legalidad del arraigo.

"Nosotros hemos alegado que el arraigo fue inconstitucional, porque así lo ha declarado mediante jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que todas las pruebas recabadas durante esos dos meses son ilícitas y no se deben tomar en cuenta para dictar sentencia.

"En el caso el mismo juez confiesa tácitamente que violó las normas esenciales del procedimiento penal", señaló.