Señalan riesgos en ejidos por la reforma energética

Especialistas destacan atención en la interpretación de la Ley de Hidrocarburos.
En Nuevo León hay 594 ejidos en 14 comunidades ocupando seis millones 355 mil 885 hectáreas.
En Nuevo León hay 594 ejidos en 14 comunidades ocupando seis millones 355 mil 885 hectáreas. (Archivo)

Monterrey

De los once estados con actividad petrolera directa en el país, el 50 por ciento de las propiedades están bajo el régimen de tenencia de la tierra ejidal, así que ante el arribo de las inversiones privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de mil 356 comunidades se verían afectadas.

Sólo en Nuevo León hay 594 ejidos en 14 comunidades ocupando alrededor de seis millones 355 mil 885 hectáreas.

De acuerdo con un análisis de la consultoría Aregional, la instrumentación de la Ronda Cero a nivel de los estados y municipios requerirá del desarrollo de mecanismos que permitan negociación y consensos con los propietarios de las tierras y las comunidades, en donde los asignatarios puedan desarrollar proyectos de inversión y expansión para la extracción en cualquiera de sus formas de los hidrocarburos.

Sin embargo, se advierte de riesgos en la interpretación de la Ley de Hidrocarburos, sobre todo en  lo referente a la declaración de utilidad social a favor de las actividades sobre los hidrocarburos, la cual queda amplia y sin claridad para el límite de derechos de propietarios y comuneros.

Aregional, puntualiza que la nueva legislación privilegia la exploración y producción de hidrocarburos. Por esta razón, el reto para la instrumentación de la Ronda Cero, se concentrará en la relación que se desprenda entre el gobierno federal y los propietarios de las tierras y sus comunidades de los estados y municipios.

En el análisis de dicha legislación elaborado por la consultoría establece que en lo referente a la interpretación de los principios de “impacto social”, “consulta previa” y “consentimiento libre e informado”, que pudieran resultar coartados, lo cual puede generar conflicto de intereses.

Aregional, indicó que la reglamentación obliga a los interesados a invertir en la realización de los estudios de impacto social y ambiental. Por lo que se debe incluir el concepto del principio del consentimiento de la población al ejecutar los proyectos de inversión. Lo cual representa un desafío al someter a la consideración a los propietarios de las tierras y comuneros.

De igual manera, la legislación considera que todos los proyectos de exploración, explotación, producción y aquellos proyectos que incluyan el transporte y almacenamiento, están regulados por principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades del país.

El estudio denominado “Instrumentación de la Ronda Cero en los Estados”, señala que los estados desempeñarán un papel muy importante en el éxito de la implementación de la reforma energética.

Los analistas plantean los principales aspectos que traerán implicaciones en su mayoría, en el ámbito de medio ambiente y social, al tiempo que subrayan la necesidad de que los estados resguarden los intereses locales en cuanto a la tenencia de la tierra en donde se localicen los campos petroleros, brindar seguridad a propietarios y comuneros con acuerdos justos, así como buscar siempre los equilibrios sociales y ambientales que correspondan.

Para la ocupación y uso de los terrenos, la legislación contempla una negociación entre los asignatarios y contratistas con los titulares que tienen los derechos: reales, ejidales, comunales, comunidades indígenas o propietarios privados.

“Se deberán establecer reglas de negociación para que los propietarios tengan el derecho de recibir un pago, éste siempre en efectivo, por la afectación, renta por ocupación de las superficies, o bien un porcentaje sobre los ingresos netos de los contratistas, el cual puede ir de 0.5 a 3.0 por ciento para el caso del gas no asociado, y de entre 0.5 a 2.0 por ciento para el resto de los hidrocarburos”.

Claves

Negociación

- La instrumentación de la Ronda Cero a nivel de los estados y municipios requerirá del desarrollo de mecanismos que permitan negociación y consensos con los propietarios de las tierras y las comunidades.

- Aregional indicó que la reglamentación obliga a los interesados a invertir en la realización de los estudios de impacto social y ambiental. Por lo que se debe incluir el concepto del principio del consentimiento de la población .