Responde Margarita: Las pruebas fallaron

Según Arellanes y su equipo de campaña, el Centro de Información para la Seguridad del Estado avaló al elemento hoy acusado de secuestro.
Las certificaciones deben ser públicas, aseguró la precandidata.
Las certificaciones deben ser públicas, aseguró la precandidata. (Raúl Palacios)

Monterrey y Galeana

La detención de un escolta de Margarita Arellanes por liderar una banda de secuestradores demuestra que las certificaciones policiales que realiza el Centro de Información para la Seguridad de Estado (Cisec) no son confiables, acusaron la alcaldesa de Monterrey con licencia y su equipo de precampaña por la gubernatura.

Tras el arresto de Antonio Gonzalez Abad, alias El Mocho, Arellanes Cervantes y su coordinador de campaña, Arturo Salinas Garza, coincidieron en distintas entrevistas al cuestionar las pruebas de control y confianza que realiza el Gobierno del Estado.

Durante la mañana, Salinas Garza ofreció una conferencia de prensa para fijar el posicionamiento de la campaña, donde de entrada corrigió la versión que un día antes había ofrecido Jesús Hurtado Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Monterrey.

Según Salinas Garza, el ex escolta fue certificado en junio de 2013 por el Gobierno Estatal, aunque un día antes Hurtado declaró que González obtuvo su certificación el 28 de septiembre de 2011 con vigencia de dos años, pero no había sido requerido para la actualización.

Salinas dijo que el ex escolta sí fue certificado por segunda vez en junio de 2013, y afirmó que la alcaldesa con licencia estuvo en riesgo “como están en riesgo todos los habitantes de Nuevo León” que son cuidados por elementos certificados pero no aptos.

“Estamos muy preocupados por esta situación, porque somos víctimas, como todos los ciudadanos, de la seguridad que brinda Rodrigo Medina.

“Este hecho fue posible porque el Gobierno del Estado certificó que el elemento era apto para realizar funciones de seguridad y con ello permitió que un secuestrador se mantuviera en la corporación de Seguridad del Municipio de Monterrey”, aseguró.

Enfatizó que González Abad realizaba funciones en el equipo periférico de seguridad y no en el círculo primario.

“Es inadmisible que las pruebas de confianza que realiza el Gobierno de Rodrigo Medina no sean confiables, y este hecho pone en manifiesto la simulación y malos resultados de la revisión de los cuerpos policiacos en nuestro estado”, insistió.

Afirmó que fue por esta razón que la hoy alcaldesa con licencia prefiriera rodearse de elementos de la Marina Armada de México, para que fueran los mandos superiores de la Seguridad.

Horas más tarde, durante un evento de precampaña en  Galeana, Arellanes también cuestionó las pruebas que se realizan a las Policías y advirtió que si el Estado certifica a uniformados que participan en delitos, entonces todos los ciudadanos están en riesgo.

En ese sentido, propuso crear una gerencia estatal de seguridad manejada a en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.

Afirmó que los resultados de las pruebas deben ser públicos para conocer su infalibilidad.

“Si esas pruebas que da el Estado, tienen un problema, un vicio o no sirven, hay que replantearlas, pero es el instrumento… ninguna otra autoridad puede evaluarlos que no sea este centro estatal y si están equivocando y se nos están dando malos resultados, hay un riesgo para todos y esto no lo podemos permitir”, dijo.

Señaló que por eso es necesaria una gerencia de seguridad que examine todos los procesos.

Afirmó que los municipios realizan un esfuerzo enorme en reclutar, patrullar y dars resultados, pero la labor del estado no se realiza de modo adecuado.

La precandidata dijo que nunca fue informada de la situación.

Dijo que las pruebas se manejan con “reserva sospechosa”, porque i dar a conocer los resultados se considera un delito, cuando debería ser información de interés público.

“No están entregando pruebas confiables, está entregando pruebas que deberían estar reprobadas y no hay un solo lugar a donde más mandarlos a evaluar (a los policías), y lo mismo todas las policías municipales, la Fuerza Civil, todos los funcionarios que sirven al resguardo, incluso del Gobernador mismo, esto es una prueba de que no se están haciendo bien las cosas, toda la ciudadanía está en riesgo”, insistió.

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Que se investigue: Felipe

Aunque la investigación está en proceso, de ser culpable, el ex policía de Monterrey acusado de secuestro deberá ser juzgado como cualquiera y pagar su pena en caso de que se pruebe su participación en los delitos que le imputan, afirmó el precandidato del PAN a la gubernatura, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.

Dijo que todas las personas que puedan aportar algo a esclarecer el caso deben colaborar con las autoridades para lograrlo, sin embargo también cuestionó la certificación que el estado dio a este y otros elementos presuntamente involucrados.

“Yo creo que es muy pronto, hay que seguir las investigaciones y que se castigue a quien lo merezca, es un tema muy delicado y no queremos volver a eso.

“Creo que es tiempo de revisar las condiciones de certificaciones para evitar que haya una mayor cantidad de policías que se dediquen a la extorsión, el secuestro o cualquier otro acto delincuencial. Necesitamos policías que nos ayuden y no que nos perjudiquen”, puntualizó.

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