San Pedro enlista a proveedores investigados por NL y Zacatecas

Gustavo Gámez, dueño y representante de Protección Urbana y Tecnología Assul, es el mismo apoderado de Boman Monterrey, firma vinculada con red de traficantes italianos.
La administración de Ugo Ruiz tiene a ambas compañías en su portal.
La administración de Ugo Ruiz tiene a ambas compañías en su portal. (Archivo)

Monterrey

Mientras que la Auditoría Superior de Nuevo León y Zacatecas han señalado fallas y presentado denuncias penales a dos compañías hermanas tras ser contratados por San Pedro Garza García y Zacatecas, el municipio que encabeza Ugo Ruiz tiene a Protección Urbana y Tecnología Assul, en su stock de proveedores.

El representante y dueño de ambas es identificado como Gustavo Gámez Castillejos, el mismo apoderado legal de una tercera, Bolman de Monterrey, SA de CV, que MILENIO Monterrey publicó en 2013 como una firma vinculada a una red de traficantes de droga de la mafia italiana y de regios, desarticulada en el llamado "Operativo Monterrey" en Italia el 22 de mayo del 2012.

Con fecha del 21 de febrero del 2015, la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas determinó que una vez que se llevaron a cabo las audiencias de ley a Tecnología Assul y que no pudo solventar el pliego de observaciones número ASE-PO-49-2011-22/2012.

El documento advierte que existen elementos que implican nueva responsabilidad y se estima necesario el requerimiento a la compañía o a su representante Gámez Castillejos, dentro del trámite del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Cuatro días después, según el Periódico Oficial de Zacatecas, la ASE promovió un procedimiento administrativo contra la firma sin establecer las fallas cometidas ni el contrato presuntamente incumplido.

Sin embargo, la prensa local informó en diciembre del 2013, que el municipio de Tlatenango, Zacatecas, interpuso un recurso penal contra la firma regia para que regrese los 6 millones de pesos que le dieron de anticipo para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales, proyecto que fue cancelado.

Casi al mismo tiempo, pero en Nuevo León, el municipio de San Pedro también dio un anticipo de un total de 5.8 millones de pesos a la otra firma Protección Urbana por la adquisición, instalación y puesta en marcha del sistema de identificación vehicular inmediato para detectar vehículos robados... proyecto que nunca entró en operación.

Por ello, la Auditoría Superior del Estado señaló en la cuenta pública 2012 fallas a la otra empresa de Gámez Castillejos, estableciendo un contrato firmado el 13 de diciembre de 2011, durante la administración de Mauricio Fernández.

Establece que la entrega del sistema para su funcionamiento sería a más tardar el 31 de mayo de 2012, sin embargo, nunca se informó sobre la entrada en operación del programa.

Fue durante la administración de Ruiz Cortés, en sesión de Cabildo del 29 de julio de 2013, cuando se aprobaron las cuotas de recuperación, siendo de 100 pesos para los vehículos con domicilio en San Pedro y 150 pesos a los vehículos con domicilio fuera del municipio.

Hasta la fecha el municipio nunca ha informado de la entrada o puesta en operación del programa para detectar vehículos robados y si recuperó los 5.8 millones de pesos.

Protección Urbana es la misma que un mes antes de terminar la administración de Fernández, el municipio le asignó por 10 años en forma directa el servicio y distribución de botones de pánico para sus habitantes, pero que nunca operó físicamente.

Actualmente, en el stock de proveedores del municipio de San Pedro del sitio web oficial, de la administración 2012-2015, incluye a ambas empresas; Tecnología Assul con el número de proveedor 11661y con domicilio en Lázaro Cárdenas 329, colonia Valle Oriente.

Mientras que Protección Urbana aparece con el número de proveedor 11371 y con dirección en la Emilio Carranza 732, del Centro de Monterrey.