El penal estaba sin control, hacinado y autogobernado

Al momento de la masacre había dos mil 696 presos, cuando la capacidad de internamiento es de mil 522.
Dentro de los puntos de la investigación destaca el insuficiente personal de seguridad y custodia.
Dentro de los puntos de la investigación destaca el insuficiente personal de seguridad y custodia. (Archivo)

Monterrey

La recomendación 40/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a la fuga y matanza del penal del Apodaca deja claro que el Centro de Reinserción Social no contaba con las condiciones mínimas que deben tener estos establecimientos según la Constitución.

Destaca que según los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria llevado a cabo durante 2011, no reunió las condiciones establecidas en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario nacional, obteniendo una calificación del 5.7, colocándose en el lugar número 20 del país.

“Entre las principales deficiencias encontradas destacan, insuficiente personal de seguridad y custodia; escaso control por parte de las autoridades respecto a la seguridad, lo que generó un autogobierno; sobrepoblación y hacinamiento.

“Presencia de objetos y sustancias prohibidas; deficiente clasificación criminológica; nula separación de procesados y sentenciados; ausencia de normatividad para el manejo y control del centro, en específico para la prevención y atención de incidentes violentos”, señala el estudio que salió a la luz apenas uno mes antes de los hechos.

Después de la fuga, personal enviado por la CNDH pudo observar que no existe una separación adecuada entre procesados y sentenciados, lo cual fue confirmado por las autoridades penitenciarias, quienes afirmaron que no existe una separación real, debido a la sobrepoblación.

El día de los hechos había 2 mil 696 internos, cuando el penal está diseñado para mil 522 personas.

De igual modo, la información vertida por el director del Cereso y personal de custodia, cuando fue entrevistado por personal de la Comisión, va en el sentido de que el personal de seguridad es insuficiente en consideración a la población penitenciaria ahí existente, según apunta el informe.

“Al respecto, es preciso señalar que el primer deber del estado, como garante de las personas sometidas a su custodia, es el de ejercer un control apropiado y eficaz de la seguridad interna de los centros penitenciarios y de detención; si esto no es así, difícilmente el estado estará en posición de asegurar mínimamente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”, destaca el documento.

Las condiciones del Penal

Durante la investigación que realizó la CNDH, sus visitadores se toparon con diversas fallas en su funcionamiento.

-Insuficiente personal de seguridad y custodia.

-Nula separación de procesados y sentenciados.

-Escaso control por parte de las autoridades respecto a la seguridad, lo que generó un autogobierno; sobrepoblación y hacinamiento.

-Presencia de objetos y sustancias prohibidas

-Deficiente clasificación criminológica.

-Ausencia de normatividad para el manejo y control del centro, en específico para la prevención y atención de incidentes violentos.