Congreso alista ley de embargo a delincuencia

De aprobarse normativa, la Procuraduría podrá sacar beneficios económicos a objetos e inmuebles asegurados por delitos federales y comunes; también darían luz verde a figura de testigo protegido.
 La PGJE cuenta con decomisos de hasta 15 años almacenados, lo que representa un gasto.
La PGJE cuenta con decomisos de hasta 15 años almacenados, lo que representa un gasto. (Archivo)

Monterrey

Las cuentas bancarias, dinero, vehículos e incluso bienes inmuebles y negocios que sean utilizados para cometer un ilícito, podrán ser embargados o decomisados por el Gobierno del Estado, el cual estará facultado para obtener beneficios económicos de los mismos.

Esto según la iniciativa de Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, enviada por el Gobierno del Estado al Congreso Local ayer, y que se espera sea aprobada a más tardar el próximo miércoles en fast track.

Se trata de una de las dos iniciativas que faltaban por enviar al Legislativo para completar al 100 por ciento el proceso de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, y que tiene como fecha límite para su aprobación y entrada en vigor el próximo 30 de noviembre.

Esto es lo que obliga a los diputados locales a analizar la iniciativa el próximo viernes, y ese mismo día llevarla a comisión para su aprobación y pueda ser llevada al pleno entre lunes y miércoles de la próxima semana.

Francisco Cienfuegos Martínez, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, pidió por ello, que las dos iniciativas (también se recibió la Iniciativa de Ley de Sujetos Protegidos) fueran turnadas con carácter de urgente.

"Tenemos como fecha límite para la declaratoria de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el 30 de noviembre, para cumplir con esta declaratoria tienen que estar al cien por ciento las reformas aplicadas, para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal".

"Hacía falta dos iniciativas de ley que tenemos que crear, una es la ley para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal del estado de Nuevo León y otra es la ley para el aseguramiento de los bienes", explicó.

La iniciativa contempla la formación de una Comisión para la Administración de los Bienes incautados o abandonados en el ejercicio judicial, y que será encabezada por el Procurador de Justicia, quien será el encargado del manejo de los bienes, y el Titular del Poder Judicial, el Secretario de Finanzas y Tesorería, el Secretario de Salud y el titular de la Unidad de Bienes Asegurados, quienes vigilarán el manejo que se le dé a los mismos.

Esta ley permitirá que la entidad pueda hacer uso de todos los objetos que decomise en la comisión de algún delito, sin importar que sea del ámbito del crimen organizado o delitos comunes.

Pero no solo eso, esta ley permite, que de considerarlo conveniente, el Estado pueda manejar negocios o empresas aseguradas o abandonadas, a fin de obtener un beneficio económico de las mismas, lo que actualmente no está permitido para el Gobierno.

Francisco Cienfuegos Martínez explicó que esto se da porque actualmente la Procuraduría cuenta con decomisos con antigüedad hasta de 15 años, por lo que su conservación incluso representa un gasto para el Gobierno.

Además es uno de los requisitos exigidos a las entidades federativas por el Gobierno Federal como parte del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

"Nuevo León está preparado, con estas dos iniciativas, se ha hecho un exhaustivo trabajo a lo largo de los dos meses, con los diferentes sectores, tanto con la Procuraduría de Justicia, con el órgano implementador de justicia en el estado, con la Defensoría Pública de Oficio, con Renace y algunos catedráticos del Distrito Federal", detalló el legislador.

La segunda propuesta no es menor, se trata de la Ley de Personas Protegidas, la cual facultará a las autoridades para proteger o reservar la información de las personas involucradas en los procesos penales, cuando se considere que exista algún riesgo para la misma.

Para ello también se creará una Unidad de Protección de Testigos, al cual dependerá directamente del Ministerio Público.

Según datos proporcionados por el Presidente de la Comisión de Justicia, con el análisis y la aprobación de estas reformas Nuevo León se ubicaría entre los primeros cuatro estados que contarán al 100 por ciento con las leyes y medidas necesarias para atestiguar la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Penales en el país, el próximo 30 de noviembre.

En fast track

-La propuesta permitirá la formación de una Comisión para la Administración de los Bienes incautados o abandonados en el ejercicio judicial, y será encabezada por el procurador .

-Nuevo León podrá hacer uso de todos los objetos que decomise en la comisión de algún delito, sin importar que sea del ámbito del crimen organizado o delitos comunes.

-El Estado también podrá manejar negocios o empresas aseguradas o abandonadas a la delincuencia, con el fin de obtener un beneficio económico de las mismas.