Monterrey y NL entablan 'guerra' de declaraciones

La autoridad explicó, en voz del procurador de Justicia, que las pruebas de control y confianza de Antonio González arrojaron que el elemento era “aprobado con restricciones”.
El documento señalaba que el sujeto podría tener implicaciones en delitos graves .
El documento señalaba que el sujeto podría tener implicaciones en delitos graves . (Especial)

Monterrey

Las versiones del municipio de Monterrey, y la Procuraduría de Justicia sobre la certificación de Antonio González Abad, alías El Mocho, oficial de la policía Regia detenido por secuestro se contraponen y difieren hasta en el lenguaje técnico.

Mientras el Procurador, Adrián de la Garza Santos afirma que el elemento fue calificado como "apto con restricciones", en enero del 2011; un documento en poder de MILENIO muestran un certificado de "Aprobado", con fecha de junio de 2013.

El "pleito" pasó ya a las esferas de los gobiernos estatal y municipal, y el Procurador General de Justicia del Estado salió a dar la cara, aun cuando el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC) depende de la Secretaria de Seguridad Pública.

El documento, muestra una certificación de Antonio González Abad, expedida por esta institución.

"El Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC) a través de la Dirección de Evaluación y Control de Confianza se encuentra facultado para expedir el presente certificado de control y de confianza y dar a conocer a la autoridad correspondiente el resultado de las pruebas de control y confianza practicadas..."

En el apartado de resultado maneja la palabra "Aprobado" y le da el número de certificado 2T13M21RO0112/GOAA830922I9A/21.

La fecha de emisión está señalada como 03/06/2013, es decir, el 3 de junio de 2013, como lo señalara este domingo el coordinador de la precampaña de la alcaldesa con licencia Margarita Arellanes.

La versión del Procurador, Adrián de la Garza Santos, quien "dio la cara", por el Gobierno del Estado señala que esta autoridad notificó al municipio de Monterrey que el ex escolta de Arellanes Cervantes debía ser supervisado, pues existían sospechas de vínculos al crimen.

El funcionario estatal precisó que los resultados del examen aplicado en 2011 por el CISEC a Antonio González Abad arrojaron que el elemento era "apto con restricción", lo cual señala una posible relación con la delincuencia.

"En el apto con restricción, que está debidamente recibido por el municipio en enero de 2012, hacía la aclaración que había que darle seguimiento puntual a esta persona porque había sospechas o posibilidades de que pudiera tener relación con delincuencia organizada o con grupos de delincuencia. Esta ya es responsabilidad del municipio de hacer el seguimiento", afirmó De la Garza Santos.

Además, apuntó que las pruebas de confianza que se le aplicaron a González Abad fueron como policía y no escolta, por lo que fueron menos rigurosas.

Jesús Hurtado, secretario del Ayuntamiento regio, calificó de "omiso" al procurador Adrián de la Garza, porque sólo informó una parte del expediente del ex policía.

Ante el hecho, el funcionario estatal negó que fuera una prueba, sino un certificado que dan a todos los policías de los municipios.

"No existe ningún examen, ninguna evaluación de 2013. Lo que ellos están sacando es un papel del expediente, una parte del expediente que no es propiamente la evaluación. Es un certificado que se emitió en el 2013, que el mismo documento que ellos exhiben dice: 'fecha de evaluación: 2012'".

De la Garza Santos puntualizó que el hecho de que una persona haya aprobado los exámenes de confianza no es una garantía de que en el futuro no incursione en la delincuencia.