Tienen encuentro ex alcaldes y auditor Superior del Estado

Los ex presidentes municipales de Montemorelos, Linares, Allende y Cadereyta escucharon las versiones del titular de la Auditoría Superior del Estado.

Monterrey

Tal y como sucedió con el caso de la denuncia penal contra el municipio de Juárez, este martes el Congreso del Estado realizó un careo entre los ex alcaldes de Montemorelos, Linares, Allende y Cadereyta y el auditor del Estado, Sergio Marenco, para definir si sería denunciados penalmente.

Mediante una mesa de trabajo realizada la mañana de este martes, legisladores locales de la Comisión Segunda de Hacienda, escucharon las versiones del auditor Superior del Estado, quien sugirió al Congreso denunciar penalmente a los ex ediles y la defensa de estos.

Los ex alcaldes Jorge Salazar, Francisco Medina, Gilberto Ramos y Eduardo de la Garza, de  Linares, Allende, Montemorelos y Cadereyta, quienes defendieron a sus administraciones y negaron las irregularidades

La solicitud de la Auditoría Superior del Estado para presentar denuncia penal fue en base a presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias de uso de suelo por parte de algunos municipios.

En el caso de Allende, la Auditoría Superior del Estado solicitó interponer la denuncia ante el Ministerio Público, al considerar que se incumplió la Ley de Desarrollo Urbano por autorizar una licencia para uso de suelo para una gasolinera.

Mientras que en el caso de Montemorelos el órgano fiscalizador hizo la misma solicitud por considerar que no se cumplió con la Ley de Desarrollo Urbano, al autorizar la licencia de uso de suelo  con giro de estación de carburación.

En el municipio de Cadereyta la Auditoría Superior del Estado hace la solicitud por considerar que presuntamente no se tenían las facultades para la autorización de parcelación de un predio.

Respecto al municipio de Linares la Auditoría hizo la solicitud por un presunto conflicto de intereses en la compra de un terreno y trámite de cobro de la cesión del mismo, presuntas irregularidades en un cambio de uso de suelo y presunto incumplimiento en la Ley de Desarrollo Urbano, con la autorización de una licencia de uso de suelo para una gasolinera.

Sin embargo, durante la reunión, la bancada local del PRI acusó a la Auditoria Superior del Estado de juzgar casos similares con diferentes criterios y de politizar el tema.

Edgar Romo, mostró durante la junta los casos de varias gasolineras en el municipio de Monterrey construidas en zonas prohibidas por el reglamento, rodeadas de viviendas y complejos habitacionales, por lo que según dijo no debían habérseles entregado los permisos de licencia.

En el caso de San Pedro Garza García, según dijo, también existen irregularidades, que siguiendo los criterios usados con los cuatro municipios de los que se sugieren denuncia, también el ex alcalde Mauricio Fernández debiera estar en la lista, según dijo.

En tanto el PAN señaló que más adelante se podría establecer criterios uniformes en la ley, pero en los casos ya sugeridos por la ASE debe continuarse el proceso y que sean las autoridades judiciales quienes decidan si debe haber castigo o no.