Acuerdo podría dejar libres a los dueños de Maia

Alrededor de nueve millones de pesos es el monto que la pareja defraudó a sus clientes.
Javier Flores Saldívar.
Javier Flores Saldívar. (Especial)

Monterrey

Aunque los dueños de Maia Eventos enfrentarán el proceso penal tras las rejas, si llegan a un acuerdo de reparación del daño con las 72 parejas que interpusieron denuncia, quedarían libres.

El procurador de Justicia, Javier Flores Saldívar, indicó que el juez dio la orden de aprehensión porque la pareja huyó y evitó la justicia durante varios meses.

Son alrededor de nueve millones de pesos con los que la pareja organizadora de eventos, principalmente bodas, defraudó.

"A lo mejor es un poco técnico lo que digo, si no con toda confianza pídanme aclaración: La defensa pide una ampliación del término para ofertar pruebas, el sábado es lo que le llaman la vinculación, ahí el juez lo que hace es decir: si hay elementos para seguir investigando éstos hechos, se concede un plazo para que ambas partes procedan a buscar pruebas en una fase que le llaman investigación judicializada a través del juez y posteriormente se pasa a la etapa de juicio. Si llevan a cabo la reparación del daño con los afectados, ahí obtienen su libertad por ser un delito de instancia de partes", dijo.

Por otra parte, los afectados por el fraude de Maia Eventos deben promover un incidente de reparación del daño dentro del proceso, para motivar a que la autoridad detecte los bienes y propiedades con que cuentan los esposos María Verónica González Garza y Francisco Javier Chávez, y se puedan embargar para que los defraudados recuperen su dinero, señaló el abogado Horacio Moyar Quintanilla.

Es importante desde ahora crear una estrategia porque se trata de un delito a instancia de parte, de querella previa, donde sólo quienes hayan presentado una denuncia podrán, en su momento, reclamar legalmente una indemnización.

Para poder rematar los bienes y propiedades de los socios de la empresa Maia Eventos, es necesario una resolución judicial previa, pero también existe la posibilidad de que se llegue a un arreglo, donde la pareja acepte reparar el daño causado, mediante la restitución del dinero que se les entregó por el servicio que no prestaron.

Moyar Quintanilla señaló que hasta ahora, la Procuraduría de Justicia no ha manejado el hecho de que existen agravantes que podrían incrementar la pena de los acusados hasta en 20 años.