Dispara NL denuncias por abuso de autoridad

Durante los primeros nueve meses de este año se ha superado en 366 por ciento la cantidad de querellas derivadas por este tipo de delitos, según revelan estadísticas de la PGJE.
Históricamente las corporaciones de seguridad son las áreas que más quejas acumulan.
Históricamente las corporaciones de seguridad son las áreas que más quejas acumulan. (Archivo)

Monterrey

El abuso por parte de las autoridades en contra de ciudadanos se ha disparado en este año más de 300 por ciento, según estadísticas de enero a septiembre de 2014 de la Procuraduría de Justicia del Estado.

Según las cifras publicadas en el Portal de Transparencia de la PGJE, tan sólo en lo que va del año, en Nuevo León se han registrado 429 casos de abuso de autoridad.

Es decir, casi 48 casos mensuales de este tipo son denunciados ante el Ministerio Público.

Las cifras equivalen a un aumento de 366 por ciento de un año a otro, y más aun, que en los primeros nueve meses de 2014, las denuncias por abuso de autoridad rebasan las que se presentaron durante los tres últimos años.

Según el sitio de internet de la PGJE, durante todo 2013 se presentaron 92 denuncias similares, en 2012 fueron 108, mientras que en 2011 fueron 153 denuncias de abuso de autoridad.

En total, de 2011 a 2013 se presentaron 353 casos.

Según el artículo 209 del Código Penal del Estado, cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que atentan contra los derechos de las personas, como la privación ilegal de la libertad  o contra la libertad de expresión, o bien, cuando una autoridad agrede físicamente a una persona sin una causa legítima o incluso faltando al respeto con insultos o injurias.

Durante 2013 y 2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos situó a la Policía Ministerial y a Fuerza Civil como las corporaciones con más denuncias por abuso de autoridad.

Asimismo, en años anteriores la Policía Ministerial se ha ubicado como la que más incurre en estas irregularidades.

El abuso de autoridad también lo hacen aquellos funcionarios que teniendo bajo su mando algún cuerpo de seguridad se niegue a prestar auxilio.

También se encuadra cuando los responsables de centros penitenciarios reciban como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de libertad sin dar parte a la autoridad correspondiente; o bien, cuando niegue que esté detenida o no cumpla una orden de libertad.

Además que teniendo conocimiento de una privación ilegal de libertad no la denuncie a la autoridad competente.

Las sanciones van desde el año y hasta los 9 años de prisión, la inhabilitación de la función pública y multas económicas que podría llegar a los 47 mil pesos.

En contraste, la Procuraduría de Justicia del Estado registra pocos casos de delitos cometidos contra las autoridades con sólo 150 casos de cinco subtipos, y donde el que registra la mayor incidencia es el de la “Desobediencia y resistencia de particulares” esto ocurre comúnmente cuando se ejecuta algún arresto.

En el caso del delito de halconeo o vigilancia de actividades de Seguridad Pública, las autoridades del Estado han procedido en 2014 contra tres personas.

Esta cifra es menor a los cinco halcones detenidos el año pasado, aunque menor a los 14 casos registrados durante el 2012, año en que Nuevo León tuvo su más alto índice de violencia relacionada al crimen organizado.

Es decir, desde su creación en 2010, por delito de halconeo la autoridad ha detenido a 28 personas.